La UE baraja topar el gas a 80 euros y no a 30 como piden España y Portugal

Y aunque el Gobierno espera que haya una respuesta positiva en las próximas semanas, la decisión podría alargarse a la espera de la evolución de la guerra en Ucrania. Las casas de análisis van más allá y predicen la posibilidad de que, incluso, no se acepte.

Más aún, el mercado de futuros, el OMIP, tampoco refleja ese descuento. "El gas baja hasta septiembre pero los futuros se disparan", explica a este diario Néstor Gutiérrez, conseller delegat de la compañía Atlas Energia. "Está claro que 30 euros no encajaría pero con lo que está pasando no parece ni que se acepte los 50 euros/MWh".

“¿Por qué creemos que es poco probable que se acepte la propuesta?", señala un análisis de JP Morgan, por su parte. "Al final, la fijación de un precio tope significa que aquellos clientes que pagan un precio vinculado al precio mayorista deben obtener una reducción significativa en sus facturas". 

Pero "el diferencial entre el precio de la potencia resultante del tope y el precio real de los ciclos combinados debe ser abonado por el resto de consumidores (ya sea vía cargo de tarifa de acceso o repercutida por los proveedores o con déficit de tarifa inicialmente). Y ¿quién paga un precio de potencia ligado al precio mayorista en la península ibérica?"

Propuesta a mejorar

El Gobierno ya descuenta que la propuesta ibérica será modificada por Bruselas. "La propia Comisión considera que es robusta, pero está analizando si hay algunas cosas que puedan mejorarse", ha dicho la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en el acto de apertura del WindEurope Annual Event 2022 en Bilbao.

"Estamos trabajando con la Comisión para encontrar las mejores soluciones", ha asegurado la ministra, que ha añadido que "una medida de estas características en un mercado muy sofisticado es compleja". Por ello, ha admitido que hay que "esforzarse técnicamente para que genere los menores efectos adversos posibles".

"La medida de intervención del mercado mayorista que pretende España es una locura, se encarecerá la factura para los consumidores que tienen contratos fijos, las comercializadoras independientes, el mercado de derivados y las coberturas de precios", explican a EL ESPAÑOL-Invertia fuentes del sector eléctrico.

La crisis energética ya ha hecho estragos en la comercialización independiente. Cerca de 30 de estas empresas han quebrado en los últimos meses y si se lleva adelante esta medida, "provocará la huida masiva de consumidores del mercado libre al mercado regulado, a la tarifa PVPC, que solo la pueden ofrecer las comercializadoras de referencia", añaden. 

Además, si una comercializadora se ha cubierto a los precios futuros del mercado OMIP en estos días, alrededor de los 200 euros/MWh, como parte de su estrategia de precios, le perjudicará la medida si finalmente, la intervención del Gobierno hace bajar el precio de la luz hasta los 80-90 euros/MWh. 

Europa, al margen del spot

La principal incógnita de esta 'excepción ibérica' es que solo la han pedido España y Portugal de todos los países europeos. "Y además, hablar de 'isla energética' no es exacto, porque sumando las interconexiones de España con Portugal, Marruecos y Francia, suponen el 8% del total de la generación eléctrica, y además, los precios del mercado spot están bastante igualados al resto de los países europeos".

Entonces, ¿dónde está el problema? "La mayoría de los países europeos tienen indexados sus contratos eléctricos a futuros, y no al mercado diario, y no les preocupa cuál es el precio de cada hora del día, como ocurre con la tarifa PVPC (hogares) e industriales".

De hecho, las mismas fuentes afirman que "en realidad la alarma por la subida del precio de la electricidad es exagerada. Solo el 20% del consumo eléctrico se compra en el mercado diario, el 80% restante tiene contratos fijos y no les afecta la volatilidad del mercado".  

La tarifa PVPC, o tarifa regulada, supone un 10%, los industriales que han preferido comprar diariamente su electricidad en vez de firmar contratos bilaterales o a largo plazo, son otro 10%. 

Los analistas de JP Morgan no entienden por qué el Gobierno ha decidido no cambiar, a pesar de mucho debate al respecto en los últimos trimestres, a los clientes regulados de la tarifa PVPC. Y aún menos por qué el bono social, al que están acogidos los sectores más vulnerables, sigue incluido en esa tarifa.   

JP Morgan también señala que habrá una gran oposición en Europa por los clientes industriales de la UE fuera de España. "Probablemente se quejen por la supuesta ventaja competitiva desleal que tendrían con un tope muy bajo".

Y no solo, también deberían quejarse "los clientes industriales de la Península Ibérica que diligentemente se pasaron a una opción de precio fijo (a veces incluso por 5 o 7 años, para minimizar el impacto de los choques de precio a corto plazo sobre el precio pactado)".

El análisis de RBC va en la misma dirección. "No podemos descartar que la CE rechace la propuesta actual o pida una modificación. Creemos que el impacto para las eléctricas no es muy grande ya que vendieron la producción a plazo y sus ciclos combinados se compensarán, pero el efecto en las renovables pudiera ser ligeramente negativo".

"Vuelve el fantasma de la inseguridad jurídica", concluyen las fuentes del sector eléctrico. "Y los arbitrajes del pasado no van a tener nada que ver con lo que viene ahora. Al final, esto terminará en la judicialización de la transición energética".