España y Portugal enviaron a finales de la pasada semana su propuesta conjunta a la Comisión Europea, tras semanas arduas de negociaciones técnicas.

Este acuerdo, alineado con la decisión del Consejo Europeo del 24 y 25 de marzo, permitirá poner así en marcha un mecanismo temporal, la denominada 'excepción ibérica', y dar cobertura hasta el final del próximo invierno.

Además, todos los consumidores se verán beneficiados por este mecanismo de manera inmediata, especialmente los que están indexados al mercado diario (spot), los de la tarifa regulada, el denominado PVPC.

"Con este tope, el precio de la electricidad en el mercado mayorista no subirá de 130 euros/MWh", ha dicho la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros.

Ribera, ha estimado en "alrededor de un 30%" la rebaja en la factura de la luz que puede representar este tope al precio del gas natural.

Asimismo, ha subrayado que "por primer vez no pagarán los mismos" y la medida tiene como finalidad "reducir los beneficios extraordinarios de las eléctricas para que haya beneficios para todos". Por ello, será complementaria a la minoración del gas.

Ribera ha detallado que las compañías eléctricas deberán aportar durante el periodo que durará la medida información "detallada" de sus contratos 'retail'. "No los que firman con su comercializadora, sino los contratos reales que pagan los consumidores", para controlar que ese volumen de "beneficios deja de ser pagado por los consumidores".

"Lo que no significa que entren en pérdidas, van a seguir obteniendo beneficios", recalcó, lamentando que las eléctricas no hayan tenido "un comportamiento más acorde a la situación del momento" haciendo unas ofertas en el mercado libre "más ajustadas a las necesidades de los hogares o de los industriales".

La propuesta inicial presentada por España y Portugal aspiraba a limitar a 30 euros/MWh el precio máximo del gas natural para la generación de electricidad - mediante ciclos combinados y cogeneración, con el objetivo de abaratar la factura de la luz. Finalmente, esa cantidad se vio elevada hasta estos 50 euros/MWh, aunque prolongando la aplicación de la medida en el tiempo.

La denominada 'excepción ibérica', desde que fue remitida a Bruselas, ha contado con un fuerte rechazo por parte del sector eléctrico. De hecho, los operadores de los mercados eléctricos de España y Portugal advirtieron de los "importantes y relevantes impactos" que esta 'excepción ibérica' puede ocasionar en los mercados a plazos de derivados ya contratados.