Bruselas rechaza de nuevo la reforma del mercado eléctrico europeo que pide Sánchez

Bruselas vuelve a rechazar la reforma radical del mercado eléctrico europeo que pide España para rebajar de forma permanente la factura de la luz. La Comisión Europea ha presentado este miércoles sus propuestas finales para hacer frente a los actuales precios excesivos de la electricidad, en las que apuesta por mantener sin ningún cambio el actual sistema marginalista de fijación de precios. Un sistema que hace que sea el precio del gas, actualmente disparado por la guerra en Ucrania, el que determine el precio de la luz.

Eso sí, el Ejecutivo comunitario admite que los precios de la energía se mantendrán altos durante el resto de 2022 y hasta 2024-2025, aunque en menor medida. La previsión es que el gas se sitúe en torno a los 100 eur/MWh hasta el final del próximo invierno y permanecerá significativamente por encima de su promedio en el futuro previsible. El precio de la luz evolucionará en la misma línea. Si Rusia corta el suministro del gas, los precios escalarían todavía más. 

Pese a todo, el Ejecutivo comunitario descarta así la solicitud de países como España y Francia de desvincular el precio de la luz del gas. Tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, han denunciado reiteradamente en los últimos meses que el diseño del mercado eléctrico no está adaptado a la realidad actual, ya que impide a los consumidores beneficiarse de los precios más bajos de las energías renovables. 

Sin embargo, los argumentos de Ribera no han convencido a la Comisión de Ursula von der Leyen, que sigue defendiendo las bondades del mercado eléctrico europeo. El actual sistema de fijación de precios es el más adecuado, ya que garantiza la seguridad de suministro para los consumidores al menor coste posible. Una reforma como la que pide España conduciría a una fragmentación del mercado y a un aumento de las emisiones de CO2 y del consumo de gas, sostiene Bruselas.

A largo plazo, la principal propuesta del Ejecutivo comunitario consiste en reconocer la electricidad como "un derecho básico para los consumidores vulnerables", con garantías de suministro continuado a precios asequibles. También plantea desarrollar instrumentos de cobertura, inspirándose en el sector financiero, para proteger a los consumidores frente a precios disparados y excesiva volatilidad. Para Bruselas, la única solución para abaratar la factura pasa por un incremento masivo de las renovables.

La excepción ibérica

A corto plazo, la solución que plantea el equipo de Von der Leyen es la "excepción ibérica". Es decir, que aquellos países o regiones con escasa capacidad de interconexión con el resto de Europa -como es el caso de España y Portugal- puedan subvencionar el coste del gas usado en la generación de electricidad para rebajar así el precio de la luz. Madrid y Lisboa aprobaron este mecanismo el pasado viernes y Bruselas dará su visto bueno final "muy pronto". El problema es que se trata de una respuesta temporal: sólo podrá aplicarse durante un año.

Otras medidas a corto plazo que plantea la Comisión consisten en gravar los beneficios extraordinarios de las eléctricas por los altos precios del gas o regular los precios minoristas para las pymes.

Por lo que se refiere al gas, Von der Leyen apuesta por acelerar los trabajos para poner en marcha una plataforma europea de compras conjuntas, cuyo objetivo es reforzar el poder de negociación de los Estados miembros y lograr así mejores precios en el mercado mundial. Es decir, establecer una especie de "cártel de compradores".

El Ejecutivo comunitario plantea medidas adicionales para el caso en que Rusia decida cortar el gas a Europa el próximo invierno. En este caso, no habría mercado y los precios se dispararían todavía más. si no hay coordinación, los Estados miembros acabarían compitiendo por el gas disponible en el mercado, lo que llevaría a un resultado desigual según la potencia presupuestaria de cada país.

Sólo en esta situación excepcional, Bruselas propone que la UE fije de forma conjunta un tope al precio del gas que está dispuesta a pagar. Además, avisa de que deberá haber una reducción de la demanda y un racionamiento coordinado en la UE.