La carrera por salvar Celsa se ha encontrado con un aliado inesperado. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habría llamado en persona al CEO de Deutsche Bank, Christian Sewing, para tratar de presionar a la entidad financiera y conseguir que reduzca sus exigencias al grupo siderúrgico ante su inminente quiebra.
El objetivo de la conversación, según revela Bloomberg, era conseguir que el banco alemán haga concesiones a la empresa y facilitar un acuerdo entre las partes. Así, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) podría llevar a cabo una inyección de 550 millones de euros que ya está aprobada.
Deutsche Bank es el principal acreedor de la compañía de la familia Rubiralta. Ostenta el 17% de los 2.800 millones de euros que Celsa ostenta en su pasivo con los bancos. Entre los acreedores hay otras entidades financieras y algunos fondos de inversión como Goldman Sachs, SVP y Cross Ocean.
Según explica Bloomberg en la noticia publicada, la llamada "ha tomado por sorpresa" a la dirección de Deutsche Bank. De momento no se sabe si la intervención de Pedro Sánchez ha servido para mover la postura del banco alemán, en una información que tanto el Gobierno como Deutsche Bank se han negado a confirmar.
El pulso por la salvación de la empresa se ha elevado en los últimos días. Los acreedores consideran que la familia Rubiralta no busca salvar la empresa; algo que niegan desde el entorno de Celsa. De hecho, en los últimos comunicados remitidos a la prensa, acusan a los bancos de intentar ahogarla.
Celsa insiste en que estos fondos no financiaron al Grupo Celsa. En todo caso, compraron su deuda en el mercado secundario con enormes descuentos de hasta el 90% y "pretendían con la oferta planteada (por la actual directiva) obtener rentabilidades medias anuales usurarias, próximas al 80%".
En concreto, el equipo directivo ofrecía a los fondos 400 millones de euros suplementarios al plan de la SEPI ligados al desarrollo del plan estratégico ante "la inmovilidad de los fondos buitre en su posición negociadora".
Una propuesta que por ahora no ha sido aceptada por la banca acreedora. De hecho, también ellos vieron cómo Celsa rechazaba una propuesta formal por su parte.
En concreto, y según la propia Celsa, se exigía la creación de un nuevo instrumento convertible por importe de 900 millones de euros con un tipo de interés anual del 10% y emitido fuera de España--. Algo que, según el equipo directivo, es incompatible con la ayuda pública de la SEPI.