En el caso de petroleras y gasistas, será bajo la figura del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), que se está tramitando en el Congreso. Pero también podría incorporarse una fiscalidad "especial" para las eléctricas. De hecho, el Ministerio de Hacienda reconoce que aún se está negociando el formato.

En diciembre pasado, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció un anteproyecto de Ley para incentivar la transición energética. En otras palabras, crear un fondo para repartir los costes de las renovables (que hasta ahora se pagan en la factura de la luz) entre los suministradores de electricidad, combustibles fósiles y consumidores directos. 

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Una decisión que levanta ampollas entre las petroleras porque, por volumen de ventas, son las que más van a aportar al fondo.

Tampoco ha sentado bien a las gasistas. Según Sedigás, su patronal, este fondo 'verde' amenaza la viabilidad de la industria española. Y la industria gasintensiva española, bajo la plataforma Alianza por la Competitividad, pone una cifra a esa amenaza: 2.500 millones. 

La Alianza, formada por ANFAC y Sernauto (automoción), AOP (refino), Aspape (papel), Feique (química y farmacia), Fiab (alimentación y bebidas), Oficemen (cemento), Primigea (materias primas minerales) y Unesid (siderurgia), advierte de las consecuencias de este nuevo impuesto.

La industria española no entiende que el Congreso reactive en el peor de los momentos su tramitación, cuando las medidas como el mecanismo de tope de gas no han conseguido a día de hoy minorar el impacto en la industria de unos costes energéticos que siguen desbocados.

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Este impacto lo asumirían sobre todo las industrias consumidoras de gas y los consumidores industriales medios e intensivos de electricidad.

Pero no será la única vía para recaudar más. El Gobierno ya ha dejado caer que habrá otro impuesto "especial" a petroleras y gasistas pero sin concretar cómo lo va a hacer.

Podría tomar como ejemplo Reino Unido, que va a financiar ayudas a las familias británicas para hacer frente a los altos costes energéticos con la introducción de un impuesto temporal del 25% a los beneficios de las empresas de petróleo y gas.

Según fuentes del sector energético, todas las comercializadoras de luz, gas y carburantes trasladarán ese nuevo impuesto a las facturas finales de sus clientes, los consumidores. 

Traslado de precios

Según un informe de la consultora AFRY, encargado por la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (AELEC), la factura eléctrica podría reducirse hasta en un 14% para el consumidor doméstico con el FNSSE. Pero según la industria gasista, su principal materia prima, el gas, podría subir hasta un 17% para estos mismos consumidores.

El petróleo también subiría. Según señaló hace unos meses el consejero de la CNMC, Mariano Bacigalupo, podría haber dos escenarios.

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"Habría menor impacto en la factura final si las aportaciones al fondo se reparten entre todos los productores, independientemente del uso final, o si las aportaciones se reparten exclusivamente entre aquellos productores computables a efectos de aportar al fondo".

En ambas situaciones, para los consumidores finales solo hay una opción: habrá que pagar más para llenar el depósito del vehículo. "En el primer escenario, subiría más de 4 céntimos de euros por litro de gasolina, y en el segundo serían 6 céntimos de euros por litro". 

Por otro lado, el anuncio de un nuevo impuesto a las grandes eléctricas no es nuevo. El Gobierno lleva varios meses advirtiendo de que se debe acabar con los beneficios caídos del cielo de las compañías, una afirmación que las eléctricas niegan sistemáticamente. 

Pero para Ribera estas empresas cuentan con "beneficios extraordinarios muy por encima de los costes". De ahí que considere necesaria esta medida "excepcional". "No tendrán más remedio que aceptarlo", avisó la responsable de Transición Ecológica este miércoles.

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Pero, ¿cuándo se puede introducir este impuesto? María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública, está en la sintonía de que hay que aumentar la fiscalidad a las compañías eléctricas. Lo que no tiene tan claro es el formato. Y, por tanto, tampoco los plazos. 

"Es voluntad del Gobierno de España en su conjunto que aquellos que están obteniendo beneficios del incremento de los precios energéticos, fundamentalmente las empresas eléctricas y petroleras, tengan una mayor aportación al conjunto de arcas públicas", dijo este miércoles. 

Pero avisó de que "hay que buscar el vehículo adecuado para su puesta en marcha", recordando que "los decretos leyes no pueden poner en marcha medidas de nuevas figuras fiscales".

Es decir, que, bajo su punto de vista, el nuevo impuesto no se podría activar de manera inmediata. De hecho, el área socialista del Ejecutivo considera que el vehículo adecuado para introducir esta medida serían los Presupuestos Generales del Estado de 2023. 

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Estas palabras estaban dedicadas a Unidas Podemos y a Yolanda Díaz. La formación y la vicepresidenta segunda reclaman tramitar dicho impuesto de manera inmediata, pero esto parece difícil por los tiempos de aprobación de nuevas figuras tributarias (o incluso su aumento), que deben formularse mediante proyectos de ley.

Sin embargo, Díaz insistió este miércoles. "Necesitamos actuar ya, no en los Presupuestos Generales del Estado", indicó, justo antes de intervenir en un acto en Sevilla en el que coincidió con la propia María Jesús Montero.

Fuentes de Unidas Podemos respaldan las palabras de Díaz, y aseguran que hay fórmulas para aplicar un impuesto adicional a las compañías eléctricas de forma inmediata sin vulnerar la legislación. 

La resolución a esta nueva disputa en el seno del Gobierno de coalición llegará antes de que termine junio. La medida, de aprobarse, tiene que estar incluida en la prórroga del escudo económico anticrisis del Gobierno, que incluye la bonificación de los combustibles y la reducción de la fiscalidad de la factura de la luz.