La prohibición definitiva de la venta de coches diésel, de gasolina y también híbridos en toda la UE está un paso más cerca. Tras una jornada maratoniana de negociaciones que se ha prolongado hasta altas horas de la madrugada, los ministros de Medio Ambiente de los 27 han alcanzado un acuerdo político sobre el arsenal de medidas (Fit for 55, en jerga bruselense) propuesto por Bruselas para acelerar la lucha contra el cambio climático.
La nueva legislación pretende garantizar que la UE cumpla su objetivo de reducir un 55% sus emisiones de efecto invernadero de aquí a 2030 y alcance la neutralidad climática en 2050. Y una de sus piezas más importantes es la norma que pondrá fin a los coches de combustión para 2035. A partir de esa fecha, sólo podrán venderse en Europa vehículos de cero emisiones de CO2, es decir, eléctricos o de hidrógeno.
La norma fija además un objetivo intermedio de reducción de emisiones para 2030 del 55% para coches y del 50% para furgonetas. Además, incluye una cláusula de revisión en 2026. En esa fecha, Bruselas tendrá que presentar un informe de evaluación teniendo en cuenta los últimos avances tecnológicos, incluyendo las tecnologías híbridas, así como el impacto socioeconómico de la transición a vehículos de cero emisiones.
[El Parlamento Europeo confirma el final del coche de gasolina y diésel para 2035]
El acuerdo político de los países de la UE todavía no es definitivo, ya que la versión final de la norma debe pactarse con el Parlamento Europeo en las próximas semanas. Sin embargo, no se espera que estas negociaciones provoquen un cambio de fecha para la prohibición de los coches de combustión, ya que la Eurocámara acaba de apoyar también que sea en el año 2035.
El compromiso entre los Gobiernos europeos se ha alcanzado tras fracasar numerosos intentos de descafeinar la propuesta original de Bruselas.
Por ejemplo, Italia, Portugal, Eslovaquia, Bulgaria y Rumanía presentaron un documento conjunto en el que reclamaban retrasar cinco años la prohibición de los coches de gasolina y diésel, hasta 2040. Alegaban las "diferencias significativas" de poder adquisitivo entre los Estados miembros. También Alemania, la principal potencia automovilística de la UE, se resistió hasta el final.
Vivienda y transportes
La otra gran novedad del paquete Fit for 55 consiste en incluir la vivienda y el transporte por carretera en el mercado de emisiones de CO2 de la UE a partir de 2027. En la práctica, eso significa que los dos sectores tendrán que pagar una nueva tasa por el CO2 que emitan. Una tasa que se aplicará a los suministradores de combustibles y no directamente a los hogares y los propietarios de coches, aunque lo más probable es que los primeros la repercutan en los segundos.
Para compensar en parte este aumento de precios, la UE creará un nuevo Fondo Social para el Clima, que se financiará en parte con los ingresos obtenidos del sistema de comercio de emisiones.
Bruselas había propuesto para este Fondo Social una dotación de 72.200 millones de euros para el periodo 2027-2032, pero los ministros de Medio Ambiente han acordado recortarlo a 59.000 millones por la presión de Alemania y los frugales (Holanda, Austria, Suecia, Dinamarca y Finlandia). Estos países querían una disminución aún mayor, pero al final han aceptado el compromiso planteado por la presidencia francesa.
A España le corresponde el 10,5% del total, es decir, 6.200 millones de euros, en lugar de los 7.600 millones inicialmente previstos. Además, se suprime la obligación para los Estados miembros de aportar una cofinanciación adicional del 50%.
El nuevo Fondo Social permitirá conceder ayudas directas a los hogares más vulnerables para compensar la subida de su factura energética, pero también servirá para costear inversiones en ahorro energético, en nuevos sistemas de calefacción y refrigeración de cero emisiones, en la compra de coches eléctricos o en el acceso gratuito al transporte público.
Por lo demás, los ministros de Medio Ambiente han aprobado introducir límites de emisión más estrictos para la industria, lo que hará subir todavía más el precio de CO2 y funcionará como aliciente para introducir tecnologías limpias. En concreto, las emisiones de las grandes plantas industriales y eléctricas deberán reducirse un 61% de aquí a 2030, en comparación con los niveles de 2005. Además, se incluirán las emisiones de los barcos en el mercado de CO2, algo que preocupa a los puertos españoles.