Quedan pocos meses para que el Gobierno presente ante Bruselas un nuevo sistema para la tarifa regulada o PVPC, hasta ahora vinculada al mercado mayorista de electricidad y por tanto, sometida a la volatilidad de los precios energéticos. Fue una condición 'sine qua non' de la Comisión Europea. No se podía aprobar la 'excepción ibérica' o tope del gas si no se hacían cambios. Sin embargo, aún se sabe muy poco de cuál va a ser su diseño final.
Según ha adelantado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en su comparecencia en el Pleno del Congreso, "necesitamos introducir medidas para que no sean solo las grandes eléctricas las que mantengan sus posiciones, porque tanto el Gobierno como la Comisión Europea constatamos que hay poca competencia en el mercado".
Por el momento, los más de 10 millones de hogares acogidos a esta tarifa solo pueden contratar con las denominadas comercializadoras de referencia (COR). Pertenecen a las grandes eléctricas: Baser de TotalEnergies, Curenergía de Iberdrola, Energía XXI de Endesa, Naturgy Gas & Power de Naturgy y Régsiti de Repsol. Además, está el comercializador de Referencia Energético de CIDE HCENERGÍA.
"Queremos contar con unas referencias de precios distintas, de presente y de futuro, y que se facilite precisamente esa reforma", ha añadido Ribera ante los diputados, y que también "se conozca las limitaciones" que tuvo el Gobierno, ha dicho, al sacar a consulta previa la posibilidad de modificar la tarifa regulada.
Diseño del PVPC
El pasado mes de octubre el Ministerio para la Transición Ecológica lanzó una consulta pública previa para modificar esta tarifa PVPC y reducir así su volatilidad optimizando su diseño en paralelo al proceso de transición energética.
El PVPC es la modalidad de contratación de electricidad elegida por 10,7 millones de consumidores, alrededor del 40% de todos los domésticos. En esta tarifa también están incluidos los consumidores vulnerables se beneficien del bono social, con descuentos del 25% y el 40%.
En el Real Decreto-ley 17/2021, de septiembre pasado, se hablaba de la posibilidad de incorporar como referencia el precio de las subastas de contratos de compra de energía a largo plazo, con un peso máximo del 10%, pero nunca más se supo sobre esta opción.
Además, el Gobierno se planteaba la posibilidad de modificar la estructura y metodología de cálculo del PVPC, sin entrar en el detalle de cómo hacerlo.
En principio, se espera que el nuevo diseño de la tarifa regulada esté para principios de 2023, pero lo que se ha planteado hasta ahora no ha contado con el apoyo ni de asociaciones de consumidores ni sector eléctrico.
Un sistema de 2013
El PVPC indexado a 'pool' se creó en 2013, después de que el entonces ministro de Industria, José Manuel Soria, impugnara la subasta trimestral Cesur que marcaba el precio para cada tres meses a los consumidores de la tarifa regulada.
El motivo fue la sanción de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a Iberdrola por una supuesta manipulación del mercado. A día de hoy esta acusación sigue en los tribunales.
Pese a que desde entonces esta tarifa ha sido la más barata del mercado, desde hace poco menos de un año, con la crisis energética y la escalada sin precedentes de la luz por el coste del gas en los mercados internacionales, ha dejado de serlo frente a otras ofertas del mercado libre.
Ir de la mano de Europa
Pero la vicepresidenta tercera no solo ha hecho mención a la reforma del PVPC en el Congreso. Ribera ha defendido ir de la mano de la Unión Europea y "trabajar en una respuesta compartida" a la hora de impulsar medidas en el sector eléctrico. Entre otras, el nuevo impuesto sobre los beneficios a las grandes compañías anunciado por el presidente Pedro Sánchez.
"Respetar el derecho europeo, la ley, la Constitución, significa también tener que ser pacientes sobre cómo se adoptan las normas, los nuevos tributos, o cómo se asegura que la intervención de mercados es compatible o autorizada por quien es competente, la UE", ha dicho.
En relación a los altos precios del gas, el portavoz económico de ERC, Joan Capdevila, ha preguntado al Gobierno si Europa cuenta con gas suficiente para pasar el invierno. Y, en caso contrario, si se adoptarán medidas para financiarlo a nivel comunitario sin acabar subvencionando a unas energéticas que, en su conjunto en España, han cerrado 2021 con beneficio neto de más de 11.000 millones de euros.
También ha reprochado a la vicepresidenta la caída sin freno de la cogeneración en la industria desde que asumió su mandato, respecto a lo cual Ribera ha asegurado que "a lo largo de julio" abordará cambios en su régimen competitivo. La vicepresidenta ha justificado una retribución específica para la cogeneración dado el "enorme desajuste entre el precio al que viene determinada la retribución del gas y el precio al que ido evolucionando el gas natural en los mercados internacionales".
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