La presión energética de Putin divide a la UE y reabre los reproches entre Alemania y España

El chantaje energético al que está sometiendo Vladímir Putin a la Unión Europea para que deje de apoyar a Ucrania en la guerra empieza a surtir efecto. El reglamento que ha presentado este miércoles la Comisión Europea para reducir un 15% el consumo de gas a partir de agosto ha destapado la caja de los truenos.

La iniciativa de Ursula von der Leyen ha sembrado la discordia entre los Estados miembros y reabre las heridas que arrastran España y Alemania desde la crisis financiera. Por primera vez, el Gobierno de Pedro Sánchez se planta ante Bruselas y exige un recorte cero de gas para España.

Mientras tanto, el presidente ruso sigue jugando al ratón y al gato con los dirigentes de la UE. Putin ha dado a entender que las restricciones de suministro de gas a través de Nord Stream 1 -la principal ruta de importación a Europa- van a continuar en las próximas semanas y meses. Gazprom culpa a una turbina enviada a reparar a Canadá y Bruselas responde que la pieza ya está de vuelta y además existen otras similares en el mercado, por lo que no hay "excusa" para cerrar el grifo.

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En todo caso, la presidenta de la Comisión no se hace ilusiones. "Rusia está tratando de presionarnos calculadamente reduciendo el suministro de gas. Por lo tanto, es un escenario probable que haya un corte total del gas ruso. Y eso afectaría a toda la Unión Europea", ha dicho Von der Leyen en rueda de prensa.

Este es el argumento central que esgrime Bruselas para justificar el nuevo reglamento de emergencia. La norma exige a todos los Estados miembros -incluso a los menos dependientes de Rusia como España- recortar un 15% el consumo de gas entre el 1 de agosto de 2022 y el 31 de marzo de 2023. "¿Por qué 15%? Esto es el equivalente a 45.000 millones de metros cúbicos de gas. Con esta reducción, podemos pasar con seguridad este invierno en caso de un corte total del gas ruso", aduce la presidenta.

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, durante la rueda de prensa de este miércoles Comisión Europea

Este objetivo tendrá en principio carácter voluntario. Pero el Ejecutivo comunitario quiere arrogarse nuevos poderes especiales con el fin de poder convertir el recorte del 15% en obligatorio en un escenario de emergencia. La 'alerta roja' podrá ser declarada por la propia Comisión, o a petición de 3 o más Estados miembros, cuando se produzca una situación de escasez de gas o de explosión de la demanda. En esta caso, Bruselas podrá imponer ajustes de gas adicionales a los países incumplidores.

El principio de solidaridad

¿Por qué se aplica el mismo recorte a Alemania, con una alta dependencia del gas ruso, que a España, que tiene suficiente suministro gracias al gaseoducto con Argelia, a siete plantas de regasificación y a la diversificación de proveedores? Bruselas responde a esta pregunta apelando a la "solidaridad".

"Es crucial que todos los Estados miembros reduzcan su consumo de gas en un espíritu de solidaridad. Por ello, todos los países deben alcanzar los mismos objetivos de reducción voluntarios y obligatorios. Aunque algunos pueden estar más expuestos a los efectos de la interrupción del suministro de Rusia, todos los Estados miembros se verán negativamente afectados y pueden contribuir a limitar el daño económico", señala el reglamento.

"Por tanto, este reglamento refleja el principio de solidaridad energética, que ha sido recientemente confirmado por el Tribunal de Justicia como un principio fundamental del derecho de la UE.

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Se trata de la misma solidaridad que España reclamó a la UE y obtuvo con el rescate bancario de 2012 o los fondos Next Generation de la pandemia de 2020, aunque Alemania y los 'frugales' exigieron a cambio estrictas condiciones. Ahora es Berlín el que necesita el rescate energético de la UE y Bruselas asegura que también se le impondrán condiciones. "Los Estados miembros que soliciten suministros de gas solidarios deberán demostrar las medidas que han adoptado para reducir la demanda a nivel nacional", reza el plan de la Comisión.

Sin embargo, el argumento de la solidaridad no ha servido para convencer al Gobierno de Sánchez. En una comparecencia de una dureza nunca antes vista hacia Bruselas por parte de un dirigente político español, Teresa Ribera ha anunciado que votará en contra del reglamento, a menos que se corrija y se incluya un recorte cero para España. La vicepresidenta tercera y responsable de Transición Ecológica no ha ahorrado críticas contra el equipo de Von der Leyen, al que acusa de haber ignorado los intereses de España.

La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, durante una reunión en Bruselas

Ribera ha esgrimido, además, los mismos argumentos que utilizaron Alemania y los 'frugales' contra España, sobre todo durante la crisis financiera. "A diferencia de otros países, los españoles no hemos vivido por encima de nuestras posibilidades desde el punto de vista energético", ha dicho. Un dardo dirigido de forma poco disimulada contra Berlín y su dependencia del gas ruso.

España hizo los deberes

"España ha hecho los deberes en este ámbito. Lo ha hecho de manera constante y pagando más que muchos de los socios europeos", ha insistido la vicepresidenta tercera, replicando otro de los argumentos utilizados en el pasado por Alemania y los 'frugales' para oponerse a la solidaridad hacia los países del sur. "Pase lo que pase, las familias españolas no van a sufrir cortes de gas ni cortes de luz en sus casas. Pase lo que pase, España va a defender la posición de la industria española", asegura la vicepresidenta tercera.

El Gobierno de Sánchez se queja de que España lleva dos décadas pidiendo a Bruselas que se cumplan las obligaciones en materia de interconexiones. "Y a pesar de esa demanda ha habido una inacción profunda por parte de la UE. Por ello, la Península Ibérica sigue siendo casi una isla energética, lo que limita también la capacidad de ayudar a los vecinos", ha lamentado Ribera.

Ribera hace valer que la capacidad de almacenamiento de España está cubierta en más del 80%, mientras que el resto de Europa apenas alcanza el 50%. "Gracias a las inversiones que hemos acometido durante los últimos 25 años, disponemos de un tercio de la capacidad de regasificación y almacenamiento de gas natural licuado en Europa", indica. La solidaridad de España se limita a ceder sus infraestructuras al resto de socios, pero no a recortar el consumo de gas.

El órdago de Sánchez anticipa un ambiente de alta tensión en la reunión extraordinaria de ministros de Energía de la UE convocada para el 24 de julio. Bruselas pretende que el reglamento de recorte del gas se apruebe ya en ese encuentro para que entre en vigor de forma inmediata. España no dispone de poder de veto para frenar su adopción porque basta con una mayoría cualificada. En principio cuenta con el apoyo de Portugal, mientras que otros sureños como Francia o Italia aún no se han pronunciado.

Las medidas recomendadas

¿Qué medidas debería tomar España para recortar un 15% el consumo de gas? El reglamento deja total libertad a cada país para escoger las iniciativas que considere más adecuadas, pero da una serie de recomendaciones. Los hogares están protegidos de cualquier medida de racionamiento, pero Bruselas aconseja poner en marcha campañas de concienciación para el ahorro energético, así como la reducción de la calefacción y del aire acondicionado en edificios públicos.

Bruselas pide a todos los países campañas de ahorro energético Comisión Europea

En cuanto a la industria, los recortes obligatorios deben ser el último recurso. En la medida de lo posible, debe darse prioridad a la transición a las energías renovables. No obstante, dar paso al carbón, al petróleo o a la energía nuclear puede ser necesario como medida temporal, siempre que se evite la dependencia del carbono a largo plazo, reconoce Bruselas.

A juicio de la Comisión, es preferible optar por medidas de mercado. Por ejemplo, los Estados miembros pueden poner en marcha sistemas de subasta o licitación para incentivar la reducción de la energía por parte de la industria.

En todo caso, Bruselas pide proteger de los recortes a los sectores de importancia social (sanidad, alimentación, seguridad, refinerías, defensa); a las cadenas de suministro transfronterizas; y a las instalacones que puedan quedar dañadas de forma permanente si hay una interrupción de suministro.