El principal partido de la oposición resumió este martes sus propuestas en una rueda de prensa y reclamó al Ejecutivo una rebaja del IVA que soporta el gas al 5%. Se trata de la misma medida que el Gobierno de Pedro Sánchez aplicó a la electricidad en su plan para paliar los efectos de la inflación sobre el bolsillo de los españoles.

Es también una propuesta que el sector energético puso sobre la mesa hace meses a través de la Asociación Española del Gas, Sedigás, que ha venido demandando una protección para los consumidores vulnerables de gas similar a la que se aprobó con la luz.

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Según han venido argumentando desde el sector, el gas que pagan ocho millones de consumidores para utilizar agua caliente o calefacción es uno de los pocos suministros básicos de los hogares que se mantienen en el tipo máximo de IVA (21%).

Carburantes

En esta línea se posiciona ahora el PP que también ha reclamado solicitar a la Comisión Europea que permita suspender temporalmente todos los impuestos a los carburantes ahora que el Ejecutivo ha reconocido que estudia prolongar las bonificaciones a la gasolina y el gasóleo en 2023, según ha avanzado la ministra de Transportes, Raquel Sánchez.

Fuentes de empresas energéticas defienden también esta idea del partido que preside Alberto Núñez Feijóo y recuerdan que otros países han optado por rebajar el precio de los combustibles bajando los impuestos. Así, consideran en privado que el motivo por el que el Gobierno español no ha recurrido a esta medida es recaudatorio, ya que supondría una merma importante de los ingresos de Hacienda.

'Fracking'

Otro de los debates que el Partido Popular ha decidido abrir es el de la necesidad de explorar nuevas vías para la explotación de hidrocarburos y minerales en un momento en el que Europa necesita un plan para su autonomía energética.

De hecho, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Pedro Rollán, abrió la puerta este martes al fracking -una técnica que se utiliza para extraer gas y petróleo-.

Fuentes empresariales consideran que la guerra de Ucrania ha agravado una situación que venía del pasado, ya que Europa va a seguir necesitando en los próximos años crudo y gas, pero todas las regulaciones que se han ido aprobando en los últimos años han tendido a desincentivar o prohibir esas inversiones.

Todo ello, acompañado de lo que califican como "demonización" de este tipo de técnicas. Esta política está siendo ahora aprovechada por Rusia que a lo largo de estos años ha logrado garantizar la dependencia europea de sus hidrocarburos.

El pasado mayo, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, puso este dilema sobre la mesa en la junta de accionistas de la compañía, cuando afirmó que es un contrasentido importar gas de fracking de Estados Unidos y prohibir esta tecnología en Europa.

"¿Dónde está la consistencia?", se preguntó, antes de afirmar que si se facilitara la utilización de esta técnica en Europa se podría disponer de gas sin tener que comprarlo a terceros.

Energía nuclear

El otro de los debates en los que el PP ha decidido posicionarse sin tapujos es el de la energía nuclear al reclamar que se alargue la vida útil de las centrales nucleares ahora que la taxonomía de la Unión Europea permite clasificar esta fuente de energía como 'verde' dentro de la transición ecológica.

Es una idea que está bien vista por las grandes empresas de la CEOE y que el propio presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ha puesto sobre la mesa en público en los últimos meses al criticar la falta de planificación de la estrategia energética española de los últimos años. Hay que tener en cuenta que el alto coste de la energía está dañando a la industria española.

Los empresarios consideran anómalo que en un momento en el que Francia está tirando de la energía nuclear o que Bélgica ha decidido prorrogar la operación de reactores nucleares para asegurar el suministro energético, España esté cerrando sus plantas nucleares.

Dentro del sector energético, Endesa ha venido sosteniendo que es posible alargar la vida de las nucleares si se hace bajo un modelo que permita mantenerlas en funcionamiento con rentabilidad (lo que introduce en la ecuación una mejor fiscalidad). 

Mientras, Iberdrola siempre ha sido más reacia a esta prolongación de la vida útil con el argumento de que es necesario fomentar otras energías alternativas.

No obstante, en el actual contexto, desde Foro Nuclear (que aglutina a ambas energéticas y a todas las centrales nucleares entre sus socios) se viene defendiendo el papel de la energía nuclear como parte de la solución ante los altos precios de la energía y se plantea la necesidad de mantener el parque.

También Enresa -la empresa pública responsable de desmantelar las instalaciones nucleares- se ha afirmado que es viable prolongar el calendario del cierre de las centrales siempre teniendo en cuenta la viabilidad financiera de las decisiones.

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Sin embargo, la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se mantiene en su defensa de cumplir con el calendario del cierre de las nucleares vigente en España.

Sin negociación política

Además de estas propuestas, el PP incidió este martes en su idea de aprobar incentivos fiscales para que las empresas puedan utilizar fondos de Next Generation EU para mejorar su eficiencia energética de una forma más ágil.

Se trata de una fórmula muy próxima a las que ha venido defendiendo la CEOE desde hace meses.

Sin embargo, estas ideas del PP tendrán un recorrido limitado a corto plazo, dado que el Gobierno tiene previsto convalidar en el Congreso las medidas del decreto de ahorro energético sin negociar cambios en las medidas con el PP.

En el caso de la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares que siguen operativas en España, el Hemiciclo votó en julio una propuesta conjunta de Vox y Foro Asturias para ello y recibió el apoyo del PP, Ciudadanos y Teruel Existe. El PSOE votó en contra.