Bruselas da la espalda a Sánchez y se opone a ampliar la excepción ibérica a toda la Unión Europea

Sin embargo, entre las medidas de urgencia anunciadas por fin este miércoles por la presidenta de la Comisión para rebajar la factura de la luz no figura ampliar a toda la UE el tope al gas que aplican Madrid y Lisboa. Al contrario, Von der Leyen ha optado por una ruta totalmente distinta, que pasa por limitar los beneficios de renovables, nuclear y carbón. Estas energías low cost -que están logrando ingresos inesperados gracias a la crisis- recibirán a partir de ahora una remuneración máxima de 200 euros por megavatio hora (MWh).

La diferencia entre este límite a las renovables y el precio mayorista de la electricidad (que ahora oscila alrededor de los 450 euros/MWh en Alemania, mercado de referencia) irá a las arcas de los Gobiernos nacionales. Una recaudación que los Estados miembros deben utilizar para salir al rescate de los hogares y las industrias más golpeadas por la crisis energética.

[Bruselas propone topar los beneficios de renovables, carbón y nuclear para bajar la factura energética]

La presidenta propone además crear en toda la UE una tasa extraordinaria de "solidaridad" que gravará a las compañías de petróleo y gas. El tercer pilar del plan de Von der Leyen consiste en fijar un objetivo obligatorio del 5% de recorte de consumo de electricidad en horas pico. Finalmente, Bruselas pretende establecer un precio máximo para el gas de tubería de Rusia, así como auxiliar a los productores de la electricidad que sufren problemas de liquidez por la volatilidad en el mercado.

Un paquete de medidas de emergencia que la presidenta considera imprescindible para resistir al "chantaje energético" de Vladimir Putin. "La manipulación de los mercados del gas tiene un efecto indirecto en el mercado de la electricidad. Nos enfrentamos a precios astronómicos de la electricidad para hogares y empresas y a una enorme volatilidad del mercado", ha argumentado Von der Leyen.

Pedro Sánchez y Ursula von der Leyen, durante su última reunión en Bruselas en junio Comisión Europea

¿Por qué ha desechado Bruselas generalizar en toda la UE la excepción ibérica? ¿Por qué renunciar a un mecanismo que ya está probado y que en principio es más sencillo de ponerse en práctica y tiene un impacto inmediato a la hora de rebajar la factura de la luz?

Dos son los argumentos centrales que esgrime la presidenta para justificar su rechazo a ampliar el modelo hispano-portugués al resto de la UE: por los elevados subsidios que supondría para las centrales de gas; y por incentivar precisamente el uso de esta fuente de energía, que no sólo plantea problemas ambientales, sino también de seguridad de suministro.

En su análisis de impacto de las diferentes alternativas para una intervención de emergencia, el Ejecutivo comunitario admite que ampliar la excepción ibérica a toda la UE reduciría el precio de la electricidad en el mercado mayorista, lo que a su vez se traduciría en un abaratamiento inmediato de la factura minorista. Una rebaja neta que estaría alrededor del 16,5%, según los datos suministrados por Portugal que cita el informe de Bruselas.

Al mismo tiempo, "europeizar" el tope al gas que aplican Madrid y Lisboa tendría un coste presupuestario importante: hasta 209.000 millones de euros con el gas a 300 euros/MWh y hasta 89.000 millones si el precio baja a 120 euros/MWh, según los cálculos de Bruselas. Esta es la subvención directa que habría que pagar a los productores de electricidad para financiar parte del coste del gas que utilizan, y que luego se tiene que cargar en la factura de los consumidores que se beneficien de la rebaja.

Al reducir el precio mayorista, la excepción ibérica aumentaría la demanda de electricidad en la UE (alrededor de 25 teravatios hora), así como el consumo de gas para generar electricidad (en 45.000 millones de metros cúbicos). Este incremento representaría el 10% del consumo total de gas en la UE y duplicaría el consumo de gas que ahora mismo se utiliza para generar electricidad, según los datos de Bruselas.

La ampliación a toda la UE del tope al gas provocaría además un aumento (de hasta el 35%) de las exportaciones de electricidad subsidiada a países como Suiza o Reino Unido. Además, socavaría los esfuerzos de Bruselas para reducir el uso de combustibles fósiles en la lucha contra el cambio climático.

La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, durante la última reunión de ministros de Energía de la UE celebrada en julio UE

"No recomendamos esta opción", concluyen los técnicos de Bruselas en su evaluación de impacto. "Por diseño, la medida utilizaría recursos públicos e incentiva el uso de gas para la generación de electricidad (...) Este incremento en el consumo de gas se concentraría en los Estados miembros que tienen una gran cantidad de centrales de gas, que al mismo tiempo se verían muy impactados por un posible corte del suministro del gas ruso durante el invierno", señala el documento.

Las medidas de emergencia para rebajar la factura de la luz se debatirán en la reunión extraordinaria de ministros de Energía de los 27 que se celebra este viernes en Bruselas. El último argumento del Ejecutivo comunitario contra la excepción ibérica es precisamente que "sería difícil que los Estados miembros se pongan de acuerdo, especialmente en un plazo breve, sobre los parámetros de esta medida".