Los hogares españoles pagaron el año pasado 1.168 euros en promedio por los consumos de electricidad y gas natural, una factura anual que se irá incrementando hasta los 1.485 euros en 2022, hasta los 2.134 euros en 2023 y hasta los 2.327 euros en 2024, siempre según la gestora de inversiones americana.

Para ese momento, el cargo será el doble que en 2021 y 1,5 veces mayor que el montante que, previsiblemente, será abonado para el ejercicio en curso.

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Las familias empiezan a temer por un debilitamiento de su economía a causa del incremento energético, que no cesa. Con todo, los españoles no son los hogares europeos que más están sufriendo o sufrirán el sobrecoste energético de la guerra rusa o la sequía.

En 2022, la factura de España estará por debajo de la de países europeos comparables: en Italia, Reino Unido, Alemania y Francia pagarán entre 1.540 y 2.307 euros al año por la electricidad y el gas.

La misma tendencia -e, incluso, peor para nuestros vecinos comunitarios- se observa para 2023 y 2024, cuando Italia abonará hasta 1,8 veces más que España por la misma factura, por ejemplo. Reino Unido pagará 2,1 veces más; Alemania, dos veces más y, Francia, 2,2 veces más.

No obstante, hay que matizar que estos cálculos han sido llevados a cabo por los analistas de Fidelity “si los gobiernos no intervienen”. “El lastre para los consumidores y el efecto sobre la inflación -por la vía de los incrementos salariales o los costes más altos repercutidos por las empresas- son tan grandes que cabe esperar alguna forma de intervención por parte de los Estados”, prevé Alexander Laing, analista y gestor de fondos de la firma.

Soluciones

La gestora disecciona las diferentes soluciones a las que podrían acogerse los gobiernos europeos para rebajar la citada factura energética. Una opción es mantener o rebajar los precios máximos de la energía y subvencionar directamente a las eléctricas.

Otra opción, que está siendo planteada por algunos proveedores de energía, es que las eléctricas asuman déficits de tarifa, de tal modo que registren en sus cuentas el precio teórico que cobrarían a los clientes en función de los precios del mercado mayorista, pero después cobren una tarifa más baja.

Esta segunda vía implicaría el reparto de los mayores costes que deben asumir los clientes a lo largo de varios años y, entretanto, que las eléctricas soporten el déficit en sus balances. “Sin embargo”, advierte Laing, “esta idea inmovilizaría una enorme cantidad de fondo de maniobra y, por lo tanto, requeriría alguna forma de aseguramiento público para que fuera viable”.

Una posible tercera vía implicaría intervenir directamente en el mecanismo por el que se fijan los precios de la electricidad. Esta es la opción que promovió España dentro de la ‘excepción ibérica’. España y Portugal han creado un mecanismo que limita el precio del gas natural que los proveedores de electricidad pueden utilizar, lo que se traduce en precios al contado más bajos de los que resultarían si se utilizaran los precios actuales del gas.

Pero esto es solo un primer paso. Fidelity es consciente de ello y su analista considera que, de todas formas, para pagar menos por la energía “tendrá que destruirse demanda para que el mercado se equilibre”. “Aunque un precio más elevado es la forma habitual de conseguirlo, es muy probable que resulte política y socialmente necesario interrumpir ese proceso. Para ello, se necesitará un mecanismo alternativo. Si se empieza a hablar de racionamiento energético, ya sabe por qué”, anticipa Laing.