Así es el plan de la presidenta para rebajar la luz: tasa del 33% a las petroleras y recorte de luz del 5% en horas punta

Debido a la profunda división entre los Estados miembros, la presidenta de la Comisión ha renunciado a las iniciativas más radicales, que siguen siendo tabú para países como Holanda o Alemania. No habrá un tope al gas como el que aplican España y Portugal en la "excepción ibérica", ni tampoco precios máximos para el gas importado de Rusia o del resto del mundo (aunque Bruselas seguirá trabajando en ello). El Ejecutivo comunitario renuncia a tocar el sistema marginalista de fijación de precios de la electricidad, al menos de momento. La reforma se aplaza hasta principios de 2023. Una falta de ambición que ya ha sido criticada por países como Francia.

El resultado es que las medidas de urgencia de Von der Leyen no tendrán un impacto directo e inmediato sobre los precios de la luz. La intervención que plantea la presidenta se basa en recortar el consumo de electricidad en horas punta y limitar los beneficios extraordinarios de empresas eléctricas y petroleras. El objetivo es que el dinero recaudado con estas medidas (140.000 millones sólo con el tope a las renovables) fluya a los hogares y empresas más golpeadas por la crisis, pero no hay ninguna garantía de que vaya a ser así: dependerá de los Gobiernos nacionales.

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La presidencia checa de la UE ya ha convocado una nueva reunión de emergencia de ministros de Energía para el próximo 30 de septiembre, en la que pretende cerrar ya un acuerdo. Las medidas empezarán a aplicarse de inmediato y, en principio, tendrán una duración de un año prorrogable a dos. 

5% de recorte de la luz en horas punta

El reglamento de emergencia exige a los Estados poner en práctica medidas para reducir un 10% el consumo bruto mensual de electricidad, en línea con lo que ya se hace con el gas. Pero lo más importante es que impone un recorte obligatorio del 5% durante las horas punta de consumo, las más caras porque es el gas el que fija el precio. Esta medida selectiva permitirá reducir el estrés en el sistema y aplanar la curva horaria de consumo, disminuir el uso de gas y rebajar los precios, sostiene Bruselas.

La norma deja libertad total a los Estados miembros a la hora de escoger las medidas necesarias para alcanzar este objetivo del 5%, atendiendo a sus especificidades nacionales. El Ejecutivo comunitario recomienda campañas de información, medidas regulatorias para limitar el consumo no esencial, así como incentivos y compensaciones financieras para las industrias que reduzcan la demanda, mediante un sistema de subastas abiertas.

La mayoría de Estados miembros -entre ellos España- apoyan un recorte de la luz, pero se oponen a establecer ningún objetivo obligatorio, como quedó claro en la reunión de ministros de Energía celebrada el 9 de septiembre. "Bruselas debe introducir un margen de flexibilidad a nivel nacional sobre cómo hacerlo operativo", reclama la vicepresidenta tercera y responsable de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

33% de tasa a los beneficios extra de las petroleras

Bruselas propone establecer en toda la UE una tasa temporal del 33% sobre los beneficios extraordinarios de las compañías activas en los sectores del petróleo, gas, carbón y refinado. La base sobre la que debe calcularse esta "contribución de solidaridad" son los beneficios antes de impuestos del año fiscal 2022 que superen en más de un 20% la media de los tres años previos (2019-2021), según ha adelantado Bloomberg. El tipo que plantea Von der Leyen es algo superior al que ya aplican países como Italia o Reino Unido (25%).

La Comisión justifica esta tasa porque las petroleras han disparado sus beneficios "debido a las circunstancias impredecibles y repentinas de la guerra [...] sin haber cambiado de forma sustancial su estructura de costes ni aumentar sus inversiones". Los Estados miembros deben destinar el dinero recaudado a medidas de apoyo financiero para los hogares y empresas más golpeadas por la crisis, o para reducir el consumo de luz.

Esta "contribución de solidaridad" -que todos los Estados miembros deben introducir antes del 31 de diciembre de 2022- debe sumarse al impuesto de sociedades que ya pagan estas compañías. El Ejecutivo comunitario deja claro que el 33% es un mínimo y que los Estados miembros son libres de aplicar un tipo más alto si así lo desean, siempre que cumplan los criterios del reglamento. Algo que no está claro que suceda con el impuesto a las energéticas que quiere introducir el Gobierno de Pedro Sánchez, que grava (con un tipo del 1,2%) la cifra de negocios anual y no los beneficios extra como reclama Bruselas.

180 euros/MWh de tope a las energías low cost

El reglamento exige a todos los Estados miembros topar en 180 euros por megavatio hora (MWh) los beneficios de las energías low cost: las renovables y la nuclear. Debido a que el gas es el que determina el precio de la luz, "las tecnologías con costes marginales significativamente más bajos han registrado elevados ingresos de forma sistemática desde la invasión de Ucrania por Rusia en febrero de 2022, muy por encima de sus expectativas cuando decidieron invertir", alega la Comisión.

El Ejecutivo comunitario sostiene que este tope es lo suficientemente elevado como para recuperar todos los costes y preservar los incentivos para seguir invirtiendo en renovables. Los ingresos extra entre el tope de 200 euros/MWh y el precio de mercado que marca el gas se los quedarán los Estados miembros. Este dinero debe destinarse a financiar medidas como ayudas directas, descuentos en las facturas, compensaciones a las eléctricas por suministrar por debajo de coste o inversiones para reducir el consumo. 

España considera que el tope de 200 euros/MWh que plantea Bruselas es excesivamente alto (estas tecnologías pueden llegar a pagarse a 25 euros/MWh) y no servirá para rebajar la factura de la luz, sino para consolidar los beneficios de las eléctricas. El Gobierno de Sánchez pretende mantener su propio sistema de minoración de los beneficios extraordinarios de las energías low cost (conocido como clawback del gas), que puso en marcha ya en septiembre de 2021. Algo que el reglamento a priori le permite.