El Gobierno deja en manos de CCAA y ayuntamientos la reducción del consumo del gas a la que obliga la UE

No quiere entrar en el debate de si se deben encender las luces de Navidad, apagar las farolas de determinadas zonas de un municipio o pedir a la población que se duche con agua fría. Serán los gobiernos autonómicos y municipales quienes tendrán esa responsabilidad y, además, estarán evaluados por un comité creado para tal fin. Los planes de CCAA y ayuntamientos deberán presentarse antes del 1 de diciembre.

En caso de que se declare el Estado de Alarma en la Unión Europea por falta de suministro energético, España estará obligada a reducir su consumo de gas hasta un 6,4%. 

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Sin embargo, también incorpora varias ayudas o rebajas fiscales que ya se habían aprobado o que necesitan un desarrollo normativo para impulsar las renovables y la eficiencia energética.

La horquilla de reducción del consumo de gas es muy amplia. Desde el 5,1% hasta el 13,5%. Todo dependerá de la buena voluntad de comunidades autónomas, municipios, empresas y hogares. Desde el Gobierno se plantean lanzar campañas de concienciación y divulgación, que serán las únicas que podrían hacer ese trabajo.

Medidas para la Administración pública

El Plan para la Administración pública no es nuevo. Se basa en el Plan de medidas de ahorro y eficiencia energética en la Administración General del Estado y las entidades del sector público estatal que se aprobó el 25 de mayo pasado.

Aún así el Gobierno da algunos consejos, como que se coloquen válvulas termostáticas en los radiadores de las salas de los edificios públicos o que se adapte la temperatura de los espacios calefactados a la función para la que están destinados.

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También propone la sustitución de sistemas de climatización por otros que utilicen renovables térmicas, "siempre que sea posible" y sin ningún tipo de obligación. Se mantiene la recomendación de "la temperatura del aire de recintos calefactados se debe fijar en 19°C" y en verano "en 27°C".

También deja la puerta abierta a que los municipios puedan apagar farolas en aquellas zonas donde no sea necesaria la iluminación. Además de "sustituir lámparas incandescentes y halógenas por las de tecnología LED", aconseja a "las entidades públicas revisar sus actuales instalaciones de alumbrado público e iluminación ornamental para identificar posibles medidas de ahorro inmediato hasta la adecuada sustitución de los equipos".

Más autoconsumo y PERTE

También se establece un plazo de 3 meses para que el conjunto de las Administraciones elabore un plan de despliegue de autoconsumo que incluya un inventario de cubiertas y espacios públicos con potencial para instalación de autoconsumo. El potencial de autoconsumo a instalar por cada administración pública deberá ser publicado y estar instalado en 2023.

En el caso de empresas y hogares también hay posibilidades de desarrollar el autoconsumo. El Gobierno prevé más ayudas, por un importe de 500 millones de euros, y más facilidades, además de agilizar la tramitación de los proyectos renovables.

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Y para industrias, además de las medidas ya aprobadas, como la incorporación de la cogeneración a la 'excepción ibérica' o las subastas de interrumpibilidad, se aumenta en 1.000 millones más el PERTE de Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento.

Además, el Ministerio de Industria lanzará un nuevo PERTE, en esta ocasión de Descarbonización de la Industria, que, según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia, contará con una dotación de más de 1.000 millones. 

Sin cortes de suministro

El Ejecutivo ha descartado cortes de gas y electricidad para este otoño e invierno por la falta de suministro debido a la importante diversificación y red de regasificadoras en España. Es uno de los pocos países de la UE que están menos expuestos al gas ruso. 

"Nuestros niveles de seguridad de suministro en electricidad, gas o productos petrolíferos son elevados y superan a los de la mayoría de Estados miembros. La elevada diversificación de aprovisionamiento convierte en marginal el suministro de gas ruso", dice el documento.

El plan pretende acelerar el proceso de reducción de dependencia energética exterior mediante la adopción de medidas de ahorro y eficiencia energética y la sustitución de combustibles fósiles por renovables.

Por último, propone medidas de solidaridad con el resto de países europeos, como incrementar en un 18% la capacidad exportadora de gas natural a Francia o que lleguen hasta 2,4 bcm/año a Italia (equivalente al 3% del consumo italiano). También ofrece incrementar la capacidad de almacenamiento de la UE en un 4%.