Bruselas propone fijar el tope al precio del gas en un nivel muy alto de 275 euros por megavatio hora

Tras muchas semanas de retraso, Bruselas ha presentado por fin este martes su propuesta legislativa para imponer un tope al precio del gas importado con el fin de amortiguar el impacto de la crisis energética, tal y como le exigían países como Italia, Francia o España. En concreto, la Comisión de Ursula von der Leyen plantea fijar el límite en 275 por megavatio hora (MWh). Es decir, un nivel muy alto que sólo se ha alcanzado durante los peores días de la segunda mitad de agosto de 2022.

El precio del gas se disparó hasta un máximo histórico de casi 320 euros/MWh el pasado 26 de agosto en el principal mercado europeo (el TTF holandés), pero apenas dos días más tarde había bajado a 230 euros. A día de hoy, el precio se sitúa alrededor de 116 euros/MWh y los mercados de futuro lo sitúan en 125 euros/MWh de media en 2023. Es decir, el tope de Bruselas está diseñado para no activarse nunca.

El Ejecutivo comunitario justifica que el tope que propone sea tan elevado con el argumento de que su objetivo no es rebajar artificialmente los precios (algo que considera imposible en un mercado mundial). De lo que se trata es de tener un instrumento de último recurso para hacer frente a episodios de extremada volatilidad y picos excesivos, alega.

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El tope al gas importado se activará automáticamente cuando se superen los umbrales definidos. Pero a la vez, el sistema incluye múltiples salvaguardas y frenos de emergencia para suspenderlo en caso de problemas de suministro, tal y como reclaman Alemania y Holanda.

Este denominado 'mecanismo de corrección del mercado' se aplicará en el TTF holandés, al que están indexados la mayoría de contratos en la UE. Las transacciones a un precio más elevado no podrán ejecutarse. 

Queda excluido el comercio al contado (OTC), en el que se negocian y firman contratos bilaterales individuales al margen de cualquier mercado. No sólo por la dificultad de controlarlo, sino también porque constituye una "válvula de escape" para la seguridad de suministro.

Doble llave

Para que se active este mecanismo deberán cumplirse dos condiciones de forma simultánea: que se supere el límite de 275 euros por MWh (durante dos semanas) y que los precios en Europa sean 58 euros de media más altos que los del mercado internacional para el gas natural licuado (durante 10 días). Se trata así de evitar que los buques metaneros se desvíen hacia Asia.

La Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) será la responsable de verificar que las condiciones se cumplen y notificar la activación.

La desactivación será igualmente automática cuando alguna de las dos condiciones deje de cumplirse. Pero además, el mecanismo prevé un freno de emergencia que permitirá a Bruselas suspenderlo de forma inmediata si hay problemas de suministro, un aumento excesivo de la demanda de gas, turbulencias en los mercados de derivados o conflictos con los contratos a largo plazo.

Tal y como pedían Berlín y La Haya, el Ejecutivo comunitario ha incorporado además una serie de salvaguardas previas a la activación del tope al gas. Cuando ACER constate que se están rozando los umbrales, deberá consultar con todos los actores afectados, entre ellos el Banco Central Europeo, la Autoridad Europea de Mercados y Valores o el grupo de coordinación del gas.

El plan se debatirá en la reunión extraordinaria de ministros de Energía convocada para el 24 de noviembre en Bruselas, aunque probablemente se necesitará un segundo encuentro a principios de diciembre. Si los ministros de Energía son incapaces de cerrar un acuerdo antes, el tope al gas podría entrar en el menú de la cumbre de líderes europeos del 15 y 16 de diciembre.

La comisaria de Energía, Kadri Simson, se ha mostrado convencida de que su propuesta de compromiso servirá para lograr una solución de síntesis entre los dos bandos enfrentados: España, Italia y Francia por un lado, y Alemania y Holanda por el otro. Si se aprueba, el tope al precio del gas entraría en vigor el 1 de enero de 2023 y, al ser una medida de emergencia, tendrá una duración limitada de 12 meses.