La Comisión de Ursula von der Leyen pide al Gobierno de Pedro Sánchez que no prorrogue en 2023 las ayudas energéticas para todos -como los 20 céntimos por litro de carburante o la reducción general del IVA del gas y la electricidad-, sino que concentre los subsidios únicamente en los hogares y empresas más golpeados por la crisis.
Una extensión automática para el año que viene de las medidas vigentes agravaría el agujero presupuestario y engordaría todavía más la ya abultada deuda de España, avisa la opinión del Ejecutivo comunitario sobre los Presupuestos de 2023 publicada este martes.
El dictamen avala las cuentas públicas de Sánchez, que se votan este jueves en el Congreso, porque considera que respetan los criterios cualitativos fijados por la UE. En particular, se limita el crecimiento del gasto corriente por debajo del crecimiento potencial. Además, se preserva la inversión pública, tanto con los fondos Next Generation como con dinero nacional.
[Bruselas da un aviso a España por no rebajar más el déficit pese al fuerte aumento de ingresos]
Bruselas no ha fijado ningún objetivo de reducción del déficit porque el Pacto de Estabilidad seguirá suspendido en 2023. España contempla una previsión de déficit del 3,9% para el año que viene. Sin embargo, la Comisión cree que el agujero presupuestario apenas bajará del 4,6% este año al 4,3% el año que viene.
En todo caso, el truco está en que el plan presupuestario que Sánchez ha enviado al Ejecutivo comunitario guarda silencio sobre lo que piensa hacer con las ayudas energéticas en 2023. En 2022, el coste presupuestario de estas medidas ascendió al 1,6% del PIB.
Los comisarios Nicolas Schmit, Valdis Dombrovskis y Paolo Gentiloni, durante la rueda de prensa de este miércoles
Para el año que viene, el montante consagrado a combatir la crisis energética es de cero euros. Pero Bruselas calcula que una prórroga sin cambios de las subvenciones vigentes tendría un coste del 1,4% del PIB. Es decir, que el déficit público volvería a aumentar en 2023 en lugar de bajar ligeramente.
"Una prolongación de las medidas existentes y/o la aprobación de nuevas medidas de apoyo en respuesta a los altos precios de la energía contribuiría a un mayor aumento del gasto corriente y a un incremento del déficit y la deuda públicos previstos en 2023", señala el dictamen.
Bruselas reclama que las ayudas energéticas no sean generales sino selectivas y que no afecten a los precios sino a los ingresos. Unas recomendaciones que el Gobierno de Sánchez ha desoído hasta ahora de forma sistemática. "La mayoría de medidas (aprobadas por España) no se centran en los hogares o empresas y no preservan la señal del precio para reducir la demanda de energía y aumentar la eficiencia energética", apunta el dictamen.
En concreto, las ayudas selectivas aprobadas por España apenas representan el 0,5% del PIB, mientras que las subvenciones generales sin distinguir el nivel de renta de los beneficiaros suponen el 1,1% del PIB. Las medidas dirigidas al nivel de ingresos ascienden al 0,2% del PIB, mientras que la inmensa mayoría (1,4% del PIB) afectan a los precios.
Por lo demás, la Comisión vuelve a avisar de que vincular de nuevo las pensiones a la inflación "pesará considerablemente en los Presupuestos de 2023, con un coste estimado del 1,4%, y tambien puede causar un gasto superior al previsto en 2024 si la presión inflacionista permanece".
El Ejecutivo comunitario señala que algunas medidas de gasto aprobadas durante la crisis de la Covid-19 en vigor a finales de 2022 se convertirán en permanentes, repercutiendo en el déficit público.
Además, en 2023 y en 2024, las comunidades autónomas recibirán de forma excepcional más fondos del sistema de financiación, procedentes de la liquidación de los dos años anteriores de fuerte crecimiento de los ingresos. Bruselas teme que los gobiernos regionales aprovechen esta coyuntura para aumentar el gasto de forma permanente.
"En general, el déficit estructural se mantendrá por encima del 3% del PIB durante el horizonte de las previsiones (al menos hasta 2024), y seguirá siendo una fuente de vulnerabilidad para la economía española. Teniendo en cuenta los altos niveles de deuda, sería deseable establecer una estrategia creíble para reducir sustancialmente el déficit estructural a medio plazo", reclama la Comisión.