Cae la inversión en renovables por miedo a perder el acceso a la red eléctrica: los proyectos se paralizan en los trámites

España está dejando de ser atractiva para los inversores en proyectos renovables. Así lo confirman fuentes del sector renovable y de fondos de inversión a EL ESPAÑOL-Invertia.

La incertidumbre sobre la puesta en marcha de la cartera de un promotor de energías limpias se ha disparado por el cuello de botella que suponen los trámites administrativos, en el que están atrapados más de 120 GW que podrían perder sus puntos de acceso y conexión a la red eléctrica.

Puede parecer una paradoja después de que Bloomberg Climatescope situara a España en el cuarto puesto de mundo donde se dirigen las inversiones en renovables (solo por detrás de Dinamarca (1), Países Bajos (2) y Lituania (3)). Con un power score de 2,82, España ocupa este puesto entre los mercados desarrollados y el mismo en el ranking mundial.

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A partir de 2017 se ha disparado la inversión para el desarrollo de parques renovables. Desde los 680 millones de euros aquel año, en 2018 se multiplicó por más de diez, hasta los 8.435 millones, y en 2020 ya superó los 10.000 millones.

Pero Bloomberg también reconoce que, aunque "el entorno empresarial para las energías renovables es relativamente positivo en España, ya que el mercado atraviesa su segundo auge, los inversores desconfían, con razón, del riesgo regulatorio".

Sin puntos de conexión

"El 31 de este mes de diciembre se van a caer unos 1.500 MW porque el Gobierno central no convoca los concursos de puntos de conexión a la red eléctrica, y no podemos continuar con nuestros proyectos", explicaba Beatriz Mato, directora de Sostenibilidad y Desarrollo Corporativo de Greenalia, en el VI Congreso Nacional de Energías Renovables de APPA Renovables.

Y los que cuentan con puntos de conexión a la red eléctrica podrían perderlos el 25 de enero de 2023, fecha en la que se cumple el plazo para que numerosos proyectos obtengan la Declaración de Impacto Ambiental. Los proyectos de renovables tienen cinco años para ejecutarse desde el momento en que obtienen el derecho de acceso a la red eléctrica, con varios hitos intermedios que deben cumplirse. 

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La responsable de Greenalia aseguraba que "se paralizan las inversiones por el cuello de botella que hay en la Administración, no solo central, especialmente autonómica". Y recuerda que "los fondos Next Generation para los grandes proyectos de hidrógeno verde van a demandar grandes proyectos de energía".

"¿Dónde está la coherencia de dejar morir proyectos que luego vamos a necesitar para producir hidrógeno verde? Por no mencionar los acuerdos de PPAs que se están firmando, como es el caso de Greenalia con Alcoa, y que no sabemos qué va a pasar". Y, "¿qué va a pasar con las industrias que no consiguen un precio de la energía que les haga más competitivas? Los contratos de compraventa de electricidad a largo plazo con las renovables son la mejor solución a la descarbonización de este sector", añadió.

La prórroga, en el aire

El ritmo de instalación de parques fotovoltaicos y eólicos no es el adecuado para cumplir con el PNIEC (Plan Nacional de Energía y Clima), más aún si el Gobierno fija objetivos más ambiciosos cuando se reforme el plan en marzo de 2023.

"Pero para cumplir el PNIEC también es necesario que cumplan las comunidades autónomas con sus obligaciones administrativas", concluye Mato.

Una posición con la que coincide la Asociación Empresarial Eólica (AEE). Ha pedido al Gobierno no dejar caer, perdiendo el permiso de acceso, ningún proyecto "maduro" que no haya tenido respuesta por imposibilidad de tiempo por parte de la Administración antes del plazo. Por eso, ve necesario una extensión de seis meses adicionales para que la Administración termine de analizar dichos proyectos.

No parece que vaya a haber cambios, porque hace unas semanas la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ya advirtió de que el Gobierno "no tiene la menor intención" de prorrogar de nuevo el plazo para que los proyectos renovables consigan los permisos administrativos.

La AEE advierte de que en caso de no flexibilizarse los hitos temporales establecidos por el Gobierno, que en diciembre de 2021 ya aprobó una extensión de plazo por nueve meses adicionales, podrían caducar y ejecutarse garantías de hasta 100 GW debido al potencial incumplimiento de los plazos.

En el caso concreto del sector eólico, la patronal indicó que se encuentra, a pesar de los avances y esfuerzos durante estos últimos meses, con más de 19 GW de potencia eólica en tramitación con riesgo de caducar en enero de 2023, lo que agravaría la situación actual de la industria.