El movimiento antirrenovable triunfa en el cine: 'Alcarràs' y 'As bestas', las dos favoritas en los Premios Goya

Las historias de 'As Bestas' y 'Alcarrás' son paralelas. Las dos películas plantean la oposición al desarrollo de parques renovables en zonas rurales, una en Galicia (eólica) y la otra en Cataluña (fotovoltaica). El interés que han generado es mayúsculo al ser las dos favoritas para ganar los Premios Goya 2023, ya que suman récords de nominaciones. 

Y detrás de los académicos del cine está el apoyo del público. Han sido de las más taquilleras, la primera ya acumula más 4,3 millones de euros que la confirma como la película más vista en la filmografía de su director. Además, ya se está vendiendo en mercados internacionales. Le sigue muy de cerca Alcarrás, con 2,5 millones de euros.

As Bestas, dirigida por Rodrigo Sorogoyen, cuenta con 17 nominaciones y es la clara candidata a llevarse el Goya a Mejor Película, según las páginas vistas entre diciembre y enero pasados (el 54,9%), dice Taboola, plataforma de recomendaciones webs. Le sigue muy por detrásAlcarràs, que también podría alzarse con varias estatuillas.

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La problemática no solo ocurre en estas dos regiones, se extiende a Extremadura, Comunidad Valenciana, las dos Castillas, Cantabria... las protestas de determinados sectores rurales se extienden por la geografía española ante la proliferación de grandes parques fotovoltaicos y eólicos. Entre sus reivindicaciones está el impacto paisajístico o contra la fauna local y la falta de generación de riqueza.

Esta ola de movimientos ya tienen algunos nombres como Alienta (Alianza Energía y Territorio) o Renovables sí pero así no, Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel, y son muy activas en redes.

Lo rural y las renovables

Alcarràs se ha basado en la propia biografía de Carla Simón (Barcelona, 1986) para narrar la última recogida del melocotón del clan Solé, antes de que la tierra que llevan décadas cultivando les sea arrebatada para poner placas solares.

Por su parte, en As Bestas, una pareja de franceses que vive de la explotación de un huerto en una aldea gallega, lleva a las últimas consecuencias a dos hermanos por la construcción de un parque eólico cerca de un pueblo anclado en el pasado.

Con estas historias se pone de manifiesto una realidad que se vive más allá de las ciudades. Sin embargo, promotoras de renovables, patronales del sector e incluso el propio Gobierno han tomado buena nota de esta problemática y se han lanzado numerosas iniciativas para dar una solución.

Ya en julio de 2021, UNEF, la asociación fotovoltaica, puso en marcha un Sello de Excelencia de Sostenibilidad y Conservación de la Biodiversidad. Se otorga a las instalaciones realizadas bajo los mejores criterios de integración social y ambiental y, entre otros requisitos, exige la reversibilidad de las plantas, de manera que, cuando acaben su vida útil y se desmonten, el medioambiente local haya mejorado.

Además, también eléctricas como Iberdrola, aplican sus protocolos de Gestión Ambiental para crear un marco común en esta materia. En su Plan de Biodiversidad 2030 se establecen los mecanismos para lograr el ambicioso objetivo de tener un impacto neto positivo en biodiversidad en el 2030 e impulsar la transformación hacia un modelo energético en armonía con la naturaleza y el ser humano.

En el caso de Naturgy, ha desarrollado planes de transición energética justa en aquellas comarcas donde ha cerrado sus centrales de carbón. Para abordar el impacto en la economía de las familias, ha desarrollado planes para sustituir la tecnología fósil por otras renovables y planes de acompañamiento como el apoyo a la formación.

Y Endesa, que también ha invertido en planes de transición justa, asegura que todo el proceso de construcción y mantenimiento de las plantas de fuentes de energías renovables se centra en el respeto al medioambiente. Además, también tiene en cuenta el uso racional de los recursos, la atención a la salud y la seguridad y los intereses de las comunidades locales.

Rapidez en la tramitación

Frente al rechazo de las renovables en el entorno rural, los promotores pedían agilizar los trámites administrativos, auténtico cuello de botella para poder llegar a cumplir con los objetivos en el calendario. 

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Por eso, a finales del año pasado, y empujados tras la invasión rusa en Ucrania por acelerar la transición verde y dejar cuanto antes de depender de los combustibles fósiles de terceros países, la Unión Europea aprobaba un reglamento para acelerar la tramitación de algunos proyectos de energías renovables.

Poco después, el Gobierno de España, hacía lo propio con un real decreto que permitía que los proyectos de energía renovable (excepto los ubicados en Red Natura 2000) no tengan que pasar por el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y por un proceso de información y participación pública.

Estas decisiones precipitaron a Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF a alertar del peligro que supone acortar la evaluación ambiental de los proyectos renovables en todo el territorio. Con esta medida la evaluación no cuenta con una figura de protección ambiental, eliminando además la participación ciudadana en su tramitación.

"La protección de la naturaleza y la biodiversidad es imprescindible para cumplir con la implantación y extensión de las energías renovables", ha dicho en varias ocasiones Inés Sabanés, coportavoz de Verdes Equo y diputada por Más Madrid.

"Hay que hacer un debate para poner en común las distintas visiones y evitar el conflicto con diagnóstico y realidad, que nos permita avanzar".