Justo hace cinco años, en junio de 2018, la actual vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, tomaba posesión como ministra para la Transición Ecológica. Desde entonces, la pandemia, la invasión rusa en territorio europeo, la crisis energética y las políticas climáticas han marcado su periodo legislativo.
Antes de la Covid, el Gobierno se propuso pactar con las eléctricas un calendario de cierre de las centrales nucleares, que se selló en 2019, y eliminar el impuesto al sol, una medida que había taponado el autoconsumo en España.
También coincidió en fechas con el compromiso de los entonces 28 países de la Unión Europea de alcanzar en 2020 el 20% de energía procedente de tecnologías renovables en el consumo final bruto, cifra que se superó en un 1,22 puntos.
Pero la política energética europea quería ambicionar más y dejó su impronta en las decisiones nacionales. Hasta la llegada de la Covid, el objetivo era impulsar la transición energética con tecnologías renovables y con medidas de eficiencia energética.
Durante los meses de confinamiento y de paralización de la economía, los precios mundiales de los combustibles fósiles, gas y petróleo, tuvieron una caída vertiginosa y empujaron a niveles de derribo al mercado eléctrico. Pero con la recuperación económica se produjo un efecto goming en los precios de la energía, que se intensificó con la invasión de Putin en Ucrania.
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La crisis energética provocó terror en los ciudadanos del Centro y Este de Europa por posibles apagones. El Kremlin empezó a estrangular la llegada de gas a través de sus gasoductos a países como Alemania, que dependía de ese suministro hasta en un 40%, o Rumanía o Hungría hasta en un 100%.
Esto cambió las prioridades de Bruselas, y aunque se aceleró la transición energética hacia las renovables, no era solo por un motivo climático sino también de seguridad energética. Se aprobó el paquete Green Deal, luego el Fit for 55 y por último, el REPowerEU.
Luces y sombras
Pero ¿cómo ven estos años los expertos en el sector? "Para mí lo más positivo habría sido el nuevo impulso a las renovables y al autoconsumo y lo más negativo el daño causado al sector de la comercialización independiente, fundamental para la competencia", señala Javier Colón, socio fundador de la consultora Neuro Energía.
Coincide con Colón, Francisco Valverde, experto en el sector energético, porque señala que "el cambio de legislación para no sólo regular el autoconsumo sino a la vez potenciarlo y hacer política visibilizando el cambio climático" han tenido un efecto positivo en el sector. Sin embargo, señala que tenía que haberse podido o querido favorecer una mayor competencia en el sector".
Para Daniel Lacalle, Economista Jefe en Tressis y profesor de Economía, "lo más negativo es la excepción ibérica que ha enviado 2.500 millones a Francia y Portugal y que deja la tarifa eléctrica en España un 22% más cara que en la media de la UE, la sexta más alta y 40% más alta que la de Portugal que también aplica el mecanismo ibérico", además "del impuestazo injusto a las energéticas".
Como positivo ha destacado "la tramitación de proyectos de hidrógeno verde".
Y Óscar Barrero, Socio responsable de consultoría en el área de energía y utilities en PwC España, señala a EL ESPAÑOL-Invertia que el Gobierno ha estado en buena dirección con "la ambición para ser líderes en transición energética en Europa y liderar el debate europeo".
"También destaco la capacidad de trabajo que han tenido y que no han evitado ningún tema. Algunas cosas les han salido, otras no, pero han trabajado muchísimo. Sin embargo, les ha faltado sentido práctico y a veces algo menos ideológico hacia temas fundamentales como la nuclear, el gas o la cogeneraciones".
Medidas durante la pandemia
La pandemia paralizó la economía del país durante varios meses, y muchos hogares y empresas tenían dificultades para pagar las facturas de luz y gas más allá del tiempo de confinamiento.
Así que se aprobó un paquete de medidas con moratorias para que las compañías suministradoras no cortaran el agua, la luz y el gas a los hogares vulnerables y para los que dejaban de cobrar de manera temporal a causa de la Covid.
Para el sector energético, la Covid tuvo un efecto directo: la caída de la demanda. En el caso de la electricidad, el coste del recibo de la luz de todo el año consiguió subirse al pódium del más bajo de la última década, la demanda de gas cayó un 10% y la del petróleo se desplomó tanto que llegó a marcar precios negativos.
También en aquel 2020, el 30 de junio, se desenchufó la mitad de las centrales térmicas y por primera vez, el hidrógeno verde empezaba a ser relevante. De hecho, en octubre el Gobierno aprobó su Hoja de Ruta.
Y de manera paralela en 2020 se aprobó la Declaración de Emergencia Climática y Ambiental de España. Entonces el Gobierno se comprometía a adoptar 30 líneas de acción prioritarias y cinco de ellas en los primeros cien días para luchar contra el cambio climático. Una de ellas fue la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
Medidas para la crisis energética
Con la escalada sin precedentes de los precios energéticos por la invasión rusa en Ucrania, el Gobierno aprobó en mayo de 2022 una batería de medidas extraordinarias que afectaban a distintos ámbitos de la economía, que acentuaban el RD Ley 12/2021 de junio, que bajaba el IVA de la luz del 21% al 10% y suspendía el del impuesto a la generación eléctrica (IVPEE).
En septiembre de 2021, el RD Ley 17/2021, limitaba el precio de la TUR (tarifa regulada del gas), y bajaba el impuesto de electricidad del 5% al 0,5%.
En mayo de 2022, las medidas extraordinarias aprobaron bonificaciones y bajadas de impuestos y ayudas directas, además de avales de créditos ICO, una bonificación al combustible mínima de 20 céntimos por cada litro de carburante tanto para particulares como profesionales.
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También se amplió el bono social eléctrico, al elevar el nivel de renta y se prorrogaron las rebajas de los impuestos en la luz, que ya se habían rebajado en septiembre de 2021 del 21% al 10% y el impuesto especial a la electricidad del 5% al 0,5%. Y se mantuvo la suspensión del IVPEE.
Un mes después, en junio de 2022, se puso en marcha la excepción ibérica, que tenía como objetivo limitar el precio del gas en el mercado mayorista.
Las medidas fiscales contra las energéticas han marcado un antes y un después en su relación con ellas. Desde los beneficios caídos del cielo hasta el 'impuestazo' a sus ingresos y no a sus beneficios, ha habido otras medidas como fijar el límite a los 67 euros/MWh a las tecnologías inframarginales (renovables y nuclear).
Y por último, la industria intensiva en el consumo de energía ha tenido sus más y sus menos con el Gobierno. La crisis energética ha parado sus fábricas y pese a que se han aprobado ayudas especiales, rebajado los peajes de las facturas y financiado los costes de los derechos de CO2, la producción no ha remontado.
Eloy Sanz, profesor de Ingeniería Energética en la Universidad Rey Juan Carlos, explica a este diario que estos años han supuesto "el despertar renovable después de años complicados, además de la defensa de los intereses de España en Bruselas con el tope al gas y la asignación de fondos europeos de recuperación".
Pero espera que en el futuro haya "más facilidades para el autoconsumo, el impulso de comunidades energéticas y favorecer la implicación de la población en los proyectos, como se hace ya en algunas Comunidades Autónomas".
Más Seguridad Energética
En el verano de 2022, y ante el miedo a una escasez de gas en Europa, Bruselas obligó a los países miembros de la UE a rebajar hasta en un 15% su consumo de gas (España consiguió la excepción de solo el 7% por su situación geográfica).
Y en agosto, el Gobierno aprobó un real-decreto de medidas de ahorro y eficiencia energética donde se obligaba a edificios públicos y privados de limitar a 27ºC el uso del aire acondicionado en verano y a 19ºC la calefacción en invierno.
Además, se tenía que apagar la iluminación decorativa de fachadas a partir de las 22.00 horas, y los locales debían instalar cierres automáticos en las puertas de acceso para impedir que se queden abiertas permanentemente.
En septiembre pasado, se ampliaron más medidas con el Plan Más Seguridad Energética (Plan +SE) con 73 medidas de rápido impacto. Entre ellas se amplió la cobertura de bono social eléctrico y térmico a más familias, también se incluyó a comunidades de vecinos el tope al gas, y se aprobaron ayudas para el autoconsumo.
En general, "el Gobierno ha tomado decisiones razonablemente buenas, pero le ha tocado un periodo complicadísimo, con precios energéticos muy elevados", concluye por su parte Javier Revuelta, Senior Principal en Afry Management Consulting.
"El ejemplo de ello es que países como Francia han querido copiar medidas que se han llevado a cabo en España. Además, el entorno de mercado ha favorecido la instalación de renovables y el Gobierno ha sabido acompañar".
Pero, "no ha dado con la tecla en cómo gestionar el desarrollo del almacenamiento, mientras crecían las renovables, así que ha sido una descarbonización a medias", finaliza.