Los ministros de Energía de la Unión Europea han fracasado este lunes en su primer intento de cerrar un acuerdo de mínimos sobre la reforma del mercado eléctrico europeo a partir del plan que presentó la Comisión de Ursula von der Leyen el pasado mes de marzo. Tras una maratoniana jornada de más de 9 horas de "largas y difíciles" negociaciones, la presidencia sueca se ha rendido ante la evidencia de que no contaba con apoyos suficientes para sacar adelante su texto de compromiso.

Durante la jornada, la vicepresidenta tercera y responsable de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha presentado una propuesta para convertir en permanente el tope a los beneficios de las energías de bajo coste (renovables y nuclear) que la UE aprobó el pasado septiembre para responder a la crisis del gas y que en principio expira el 30 de junio 2023. Sólo Portugal, Chipre y Malta han apoyado expresamente la iniciativa española durante el debate público celebrado en Luxemburgo.

En contraste, la comisaria de Energía, Kadri Simson, ha pedido que se rechace. "Tengo muchas reservas sobre la inclusión del tope a los ingresos de las inframarginales como un elemento permanente del diseño del mercado", ha explicado.

[Bruselas propone una reforma de mínimos del mercado eléctrico que España considera insuficiente]

"De acuerdo con nuestros análisis sobre el funcionamiento de este tope, vemos varios riesgos y costes innecesarios. En primer lugar, la actual aplicación de las medidas de emergencia muestra que generan ingresos limitados. Además, las diferentes formas de ponerlas en práctica a nivel nacional han conducido a una fragmentación del mercado eléctrico", alega Simson. Bruselas sostiene finalmente que el tope puede lastrar la inversión en renovables y no está claro que vaya a servir para futuras crisis.

Además de la petición de España, otros dos grandes escollos han acabado haciendo naufragar las negociaciones de la reforma del mercado eléctrico. En primer lugar, la presidencia sueca ha propuesto que los contratos a largo plazo por diferencia (CfD) -el eje central de la reforma- se usen no sólo para subvencionar los nuevos proyectos de renovables (como figuraba en la propuesta original de Von der Leyen), sino también para ampliar la capacidad o extender la vida útil de plantas (por ejemplo nucleares) existentes. 

El ministro de Energía de Luxemburgo ha denunciado que esta nueva cláusula beneficia especialmente a Francia, ya que supondrá una sobrecompensación de hasta 120.000 millones de euros para el gigante energético francés EDF. También el vice primer ministro alemán, Robert Habeck, ha rechazado ampliar los contratos por diferencia a las plantas nucleares existentes.

Otro punto de desacuerdo es el destino de los ingresos generados por estos contratos por diferencia. En su propuesta original, Bruselas quería obligar a los Gobiernos a redirigir este dinero a rebajar las facturas de los consumidores. Sin embargo, la presidencia sueca había propuesto relajar esta obligación, de forma que las capitales puedan usar el dinero para el sector energético en general. Una idea a la que se han opuesto varios Estados miembros por considerar que podría fragmentar el mercado y distorsionar la competencia.

El segundo obstáculo para el acuerdo ha sido la propuesta de Suecia de permitir que Polonia siga subvencionando sus plantas de carbón hasta 2028 a través de los denominados mecanismos de capacidad. Es decir, las ayudas públicas que los Estados miembros conceden a operadores de electricidad y otros proveedores para que estén disponibles en caso de necesidad, con el objetivo de garantizar la seguridad de suministro. 

Luxemburgo, España o Alemania se han quejado de que esta excepción va en contra de los objetivos medioambientales de la Unión Europea. Al final, los ministros de Energía han decidido devolver el reglamento a nivel de embajadores para que intenten un acuerdo a nivel técnico. En caso contrario, el expediente volvería a nivel político durante la presidencia española de la UE.