El Parlamento Europeo rechaza incluir en la reforma del mercado europeo de la electricidad el tope a los ingresos de las energías de bajo coste (renovables y nuclear) que reclama la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera. El eurodiputado del PSOE y ponente de la reforma eléctrica, Nicolás González Casares, había propuesto introducir esta medida como instrumento permanente para hacer frente a crisis de precios como la del verano pasado, pero ha acabado renunciando a ella ante la falta de apoyos entre el resto de grupos políticos.
El tope a los ingresos de renovables y nuclear en la UE (fijado en 180 euros por megavatio hora), que se había aprobado como medida de emergencia temporal para rebajar el precio de la luz, expiró el pasado 30 junio. Y no se ha prorrogado por el dictamen negativo de la Comisión de Ursula von der Leyen. Bruselas alega que esta medida de intervención del mercado eléctrico crea incertidumbre entre los inversores, fragmenta el mercado único y no genera ingresos suficientes.
Eso ha dejado sin cobertura europea al decreto de minoración de las centrales 'low cost' promovido por la vicepresidenta tercera y responsable de Transición Ecológica, que se aprobó un año antes que el reglamento comunitario y además establece un límite mucho más bajo (67 euros por MWh).
[Bruselas rechaza prorrogar el tope a los beneficios de las renovables y la nuclear]
En este contexto, Ribera y González Casares han llevado a cabo una ofensiva paralela en el Consejo de Energía y en la Eurocámara con el fin de hacer permanente el tope a las inframarginales. La vicepresidenta tercera lo reclamó sin éxito en la última reunión ministerial celebrada a finales de junio: sólo le apoyaron expresamente Portugal, Chipre y Malta. La reforma eléctrica volverá a discutirse en la reunión informal de ministros de Energía que se celebra en Valladolid el 11 y el 12 de julio, en la que la labor de la presidencia española es buscar el consenso al margen de posiciones nacionales.
Por su parte, González Casares presentó a mediados de mayo un borrador de informe en el que defendía hacer permanente el límite a los ingresos de las energías de bajo coste. Esgrimió tres argumentos para justificar esta medida: proporcionaría ingresos para financiar las tarifas reguladas en caso de crisis; daría previsibilidad a consumidores e inversores; evitaría una fragmentación del mercado único con reglas comunes para todos.
Energías renovables.
Sin embargo, el eurodiputado del PSOE se ha visto obligado a dar marcha atrás, en particular por la oposición frontal del Partido Popular Europeo. Socialistas, populares, liberales y verdes han alcanzado un acuerdo en la Eurocámara sobre la reforma del mercado eléctrico que no incluye el tope a las renovables. El texto se votará en el comité de Industria y Energía el próximo 19 de julio y tiene garantizada su aprobación.
"Se ha renunciado al tope por no haber mayoría", explica González-Casares a EL ESPAÑOL-Invertia. "Pero la declaración de una crisis de precios que permite introducir medidas de emergencia es automática y se suavizan los criterios para que pueda ser declarada. Se está consiguiendo el objetivo que me proponía y es una mayor regulación de los fallos del mercado desde un enfoque social", ha asegurado.
"La firmeza negociadora del PPE evita topes a los ingresos de las energías renovables en el mercado eléctrico europeo", sostiene por su parte la ponente popular en la sombra, la portuguesa Maria da Graça Carvalho. "Era una línea roja absoluta para el PPE, porque significaría abrir la puerta a una intervención inaceptable en el mercado y sería perjudicial para la inversión, especialmente en energías renovables", ha afirmado.
"Afortunadamente, nuestra posición ha prevalecido y hemos logrado un compromiso que sirve a los mejores intereses de todas las partes, desde los consumidores a la industria", señala la eurodiputada popular.
El acuerdo de la Eurocámara respalda los rasgos principales de la reforma de mínimos propuesta por la Comisión, que se basa en incentivar los contratos a largo plazo con el fin de limitar la influencia del gas en la factura eléctrica y amortiguar la volatilidad de precios.
Los eurodiputados pretenden además reforzar el capítulo de los derechos de los consumidores. En particular, se prohibirá la desconexión de clientes vulnerables o en riesgo de pobreza energética. Además, los suministradores estarán obligados a ofrecer contratos de duración determinada y precio fijo, además de contratos variables. Finalmente, se consolida el derecho de compartir energía entre consumidores activos, y se extiende este derecho además de a los hogares, a todas las empresas
El texto final de la reforma del mercado eléctrico europeo tiene que ser acordado entre la Eurocámara y los Gobiernos de los 27, que todavía no han fijado su posición común. Corresponderá a Ribera en su calidad de presidenta de turno del Consejo de Energía conducir las negociaciones y facilitar una solución de compromiso.