"El sector fotovoltaico español está muy preocupado por lo que pueda pasar con EiDF", señalan fuentes del sector a EL ESPAÑOL-Invertia. "Su situación da muy mala imagen en un momento muy importante para el desarrollo y la credibilidad de nuestras empresas solares".

Las tres grandes auditoras en España, PwC, KPMG y Deloitte han participado a lo largo de estos meses en solucionar los problemas de gestión de la compañía de Fernando Romero Martínez, un pontevedrés que la fundó en 2008. 

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"Probablemente sea un tema fiscal y un cambio en la normativa", continúan las fuentes. "A muchas empresas de nuestro sector nos ha pasado que antiguamente se podían incluir activos aún sin finalizar en las cuentas". Sin embargo, desde hace año y medio "Hacienda ha cambiado su criterio".

"Ahora hasta que la planta no esté operativa al 100%, ese activo no es tuyo y por tanto, no lo puedes contabilizar", apuntan.

Vuelta al mercado

Este lunes 28 de agosto, la CNMV ha dado luz verde para que EiDF vuelva a cotizar. Será entonces cuando los inversores que tengan títulos de la compañía y quieran venderlos podrán hacerlo.

Según la última información presentada a BME Growth sobre los accionistas a 30 de junio de 2023, por el momento, el control está bajo PROSOL ENERGÍA, con un 72,16% de las acciones. Esta sociedad tiene como administrador a Fernando Romero Martínez que es, a su vez, presidente ejecutivo del grupo EiDF, por lo que tiene un control indirecto.

El segundo socio por participación es MASS INVESTMENTS ARK 2021, con un 7,61% de las acciones, cuyo propietario es Alejandro Alorda Derksen, consejero delegado y también propietario de la compañía internacional de muebles de decoración Kettal, y está considerado uno de los hombres más ricos de España en 2023.

También Alorda participa en un 9,3% en la fotovoltaica Enerside Energy, que cuenta con una sólida trayectoria en el desarrollo de 5,5 GW de proyectos de generación solar fotovoltaica.

Por último, está MEMENTO GESTIÓN con 6,63%, propiedad de Julio Sergio Palmero Dutoit, que en octubre de 2021 llegó a un acuerdo de integración de su grupo comercializador de energía, ODF Energía, a la empresa de Fernando Romero.

El resto de accionistas, un 13,6%, es el free float. "Los minoristas no pueden vender este lunes y probablemente en mucho tiempo, porque van a perder mucho dinero. Pero los otros socios, especialmente el inversor externo, no creo que tarde mucho en hacerlo", indican las fuentes.

Futuro incierto

"Al margen de una multa que le pueda caer por no presentar toda la documentación que te requiere la CNMV, que no es muy alta, tiene consecuencias también de cara a pedir crédito, de cara a rating, posible responsabilidad de los administradores y peores cartas para encarar un concurso de acreedores", explican fuentes jurídicas a este diario.

"Ahora EiDF tendrá que remontar de una imagen que está muy dañada, tiene que ganar credibilidad, ir a contratos de mucho volumen, que le den publicidad y salvar una etapa que no se le presenta fácil", continúan las fuentes del sector fotovoltaico.

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"El futuro más probable para EiDF es que su valor sea tan bajo, que alguna grande le haga una oferta, nunca por el precio que le gustaría a Fernando Romero, y termine comprándola", añaden.

A lo largo de estos años, EiDF se caracterizaba por hacer ofertas arriesgadas en precio frente a la competencia. "En un concurso, hice la prueba de bajar un 10% los precios, aún sabiendo que iba a pérdidas, y esta empresa lo bajó un 20%. Y eso que los costes se ajustan al máximo porque el sector está muy atomizado y todos quieren participar", apunta una fuente del sector.

Ahora "EiDF está sin aire, boqueando, ha inflando un globo y tiene muy difícil salir de esta. Espero que su manera de actuar no influya en la imagen de un sector puntero en España y con mucho prestigio en el exterior", concluyen las mismas fuentes.

Postura de EiDF

EiDF Solar, por su parte, ha afirmado que no procederá a la publicación de la totalidad del resumen ejecutivo del informe forensic realizado por Deloitte, tal y como le ha requerido la CNMV. Considera que se trata de una "imposición" que va en contra de la libertad de la compañía en la confección de sus comunicaciones y es una información cuyas conclusiones están en estudio para la toma de posibles acciones judiciales contra su autor.

EiDF considera que, a pesar de "las amplias facultades" que la ley otorga a la CNMV como supervisor del funcionamiento de los mercados, tampoco se debe "admitir a discusión que el desenvolvimiento de esas competencias no puede desconocer su necesario encaje dentro de un Estado de Derecho". Y además, "impide su consideración como absolutas y vencedoras, en todo caso, en una eventual pugna con otros derechos en liza".

A este respecto, la empresa reconoce su obligación de dar a conocer al mercado "las contingencias, informaciones o hechos de relevancia, afectantes a la compañía, que puedan incidir en las decisiones de inversión".

Y en la confección de esas comunicaciones, "es libre", por lo que estima que "la exigencia de un 'borrador' implica una suerte de censura previa -dicho con los debidos respetos- e intervención administrativa de esta singular faceta de la libertad y autonomía empresarial".

Por otro lado, EiDF defiende que en el resumen que divulgó del informe no se ocultaron datos relevantes al mercado, "dándose cuenta absolutamente de todas las conclusiones básicas a las que se llega en él".

"Cosa diversa es que, de repente, la CNMV cambie de parecer y, en lugar de un resumen del forensic, se interese -una vez auditadas y publicadas las cuentas del ejercicio 2022- una reproducción literal de pasajes que el supervisor ha seleccionado previamente -a su criterio-", asegura la firma.

Asimismo, advierte de que las conclusiones jurídicas a las que se llega en el informe forensic de Deloitte, "han sido ya sometidas a dictamen de un despacho de reconocido prestigio".

De esta manera, subraya que el empleo de ese informe jurídico tendrá carácter exclusivamente interno, "como presupuesto para, en su caso, el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva, en su manifestación de derecho a la acción ante los tribunales de justicia".