Productores y distribuidores de carburantes han mostrado su apoyo a la "solución italiana" propuesta por algunos grupos parlamentarios para combatir las prácticas fraudulentas en el pago del IVA de los carburantes que afectan al sector y Hacienda.
Las patronales Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES), Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles (Aevecar), Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) y Operadores Independientes del Sector Energético (UPI) han lanzado un comunicado conjunto.
Respaldan una modificación de la Ley del IVA para combatir el fraude en la compra dentro de un depósito fiscal, con exención del impuesto, por un operador fraudulento que luego lo vende con repercusión de un IVA que no ingresará en la Hacienda Pública.
No obstante, consideran "imprescindible" que se establezcan medidas eficaces para garantizar el pago del IVA, como la presentación de un aval o la demostración de que se trata de un operador confiable, antes de que salga de los depósitos fiscales donde se almacena el carburante.
A este respecto, han celebrado la "solución italiana" propuesta por algunos grupos parlamentarios, que garantiza a la Administración el pago del IVA correspondiente, mediante la presentación del aval o la demostración de que se trata de un operador confiable, antes de que se puedan extraer los carburantes del depósito.
De esta manera, estiman que los eslabones de la cadena del sector se verían dotados de una mayor seguridad jurídica y tendrían la certeza de que sus proveedores cumplen con sus obligaciones fiscales.
Desde 2019 Italia ha aplicado una medida similar, que ha resultado efectiva y fácil de implementar, según informan las patronales, que han denunciado las cotas "gravísimas" de fraude que están incrementando "exponencialmente" en España.
Por ello, estas patronales ven como "imprescindible" la garantía del pago del IVA correspondiente a la venta posterior del carburante, para limitar así las prácticas de los operadores fraudulentos que no ingresan el IVA correspondiente a Hacienda. Representan a toda la cadena de valor de la producción y distribución de carburantes con más de 200.000 trabajadores y más de 4.700 empresas.
Las patronales definen como "un grave riesgo" el fraude en la distribución de carburante, y por ello confían que los grupos parlamentarios puedan sacar adelante la aprobación e implementación de la llamada "solución italiana".
Escalada de fraudes
A finales del año pasado, el Gobierno aprovechó el decreto ómnibus de medidas económicas para incluir en él varias reformas de la Ley de Hidrocarburos para adoptar medidas con el fin de evitar la escalada de fraudes cometidos por algunos operadores minoristas en la venta de carburantes.
En el se incluía una moratoria de tres meses -hasta el próximo 28 de marzo- para la aplicación de un nuevo mecanismo de control, a través del cual limitar los intermediarios que participen en la comercialización de combustible.