La Comisión de Ursula von der Leyen ha lanzado este miércoles dos investigaciones contra sendos consorcios de fabricantes chinos de paneles solares por considerar que se han beneficiado de subvenciones públicas por parte de Pekín que distorsionan el mercado único europeo.
"Los paneles solares se han vuelto estratégicamente importantes para Europa: para nuestra producción de energía limpia, el empleo en Europa y la seguridad del suministro. Las dos nuevas investigaciones en profundidad sobre las subvenciones extranjeras en el sector de los paneles solares tienen por objeto preservar la seguridad económica y la competitividad de Europa", ha dicho el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton.
Los dos consorcios investigados se han presentado a una licitación para construir un parque fotovoltaico en Rumanía, con una potencia instalada de 110 MW. El proyecto está financiado parcialmente con fondos europeos. El primero incluye a la filial alemana de Longi Green Energy Technology, uno de los mayores fabricantes del mundo de células fotovoltaicas y paneles solares. El otro está compuesto por dos filiales europeas de la compañía estatal china Shanghai Electric.
El nuevo reglamento sobre subvenciones extranjeras de la UE, que entró en vigor en julio de 2023, obliga a las empresas a notificar a Bruselas su participación en licitaciones cuando el valor estimado del contrato supere los 250 millones de euros; y cuando se hayan beneficiado de al menos 4 millones de euros en subvenciones extracomunitarias en los tres años anteriores.
"Tras su examen preliminar de todas las observaciones, la Comisión ha considerado justificado abrir una investigación exhaustiva para los dos licitadores, ya que hay indicios suficientes de que se han concedido a ambos subvenciones extranjeras que distorsionan el mercado interior", ha señalado el Ejecutivo comunitario en un comunicado.
Durante la investigación en profundidad, Bruselas tiene previsto evaluar si estas subvenciones públicas han permitido a las empresas chinas presentar una oferta indebidamente ventajosa en respuesta a una licitación. "Esta oferta podría hacer que otras empresas que participen en el procedimiento de contratación pública pierdan potencialmente oportunidades de venta", señala la Comisión.
Al final del procedimiento, el Ejecutivo comunitario podría aceptar medidas correctivas propuestas por los consorcios si considera que subsanan de forma plena y efectiva la distorsión. O bien prohibir la adjudicación del contrato o emitir una decisión de no formular objeciones.
Ambos consorcios presentaron una notificación completa el 4 de marzo de 2024. La Comisión dispone ahora de 110 días laborables a partir de esa fecha para adoptar una decisión. La apertura de una investigación pormenorizada no prejuzga el resultado de la misma.