El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha propuesto juzgar al excomisario de Policía José Manuel Villarejo y al exdirector de Seguridad de Iberdrola Antonio Asenjo por la pieza 17 del llamado caso Villarejo.

Asimismo, el magistrado propone declarar a la compañía energética y a la Administración General del Estado como responsables civiles en esta pieza de la macrocausa, en la que se han investigado una decena de encargos, supuestamente irregulares, al expolicía, encomendados entre 2004 y 2011. En aquellas fechas, Villarejo aún formaba parte del Cuerpo Nacional de Policía, como agente en activo.

García-Castellón considera acreditados los delitos de cohecho pasivo propio, cohecho activo, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad de documento mercantil. Ahora, la Fiscalía Anticorrupción y el resto de acusaciones deberán enviar al Juzgado Central de Instrucción número 6 sus escritos de acusación de cara al futuro juicio.

En un auto fechado este jueves, García-Castellón relata, que entre los años 2004 y 2011, quien era entonces director de seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo —"con pleno conocimiento" de que Villarejo seguía activo en la Policía— le encargó a éste diferentes investigaciones sobre hechos que afectaban directamente a la compañía energética.

Por estos servicios, la empresa del excomisario, Cenyt, obtuvo un total de 1.455.064 euros. Según relata el magistrado, Asenjo efectuó uno de estos encargos "en nombre y por cuenta" de la compañía. Ocurrió entre 2004 y 2005 y se trató del llamado Proyecto Blackboard, destinado a investigar a Manuel Pizarro Moreno, presidente por entonces de la compañía Endesa, una de las principales competidoras del Grupo Iberdrola en el mercado. De hecho, el nombre del proyecto (Blackboard) significa pizarra en inglés, en alusión al apellido del empresario.

Para llevarlo a cabo, Villarejo habría contado con el apoyo de su socio en Cenyt, Rafael Redondo, al que el juez también propone juzgar. "Los dos investigados llegaron a hacerse con los tráficos de llamadas entrantes y salientes de Manuel Pizarro Moreno, Luis Cremades Ugarte y Francisco Cremades Leguina, amigo íntimo de uno de los hijos de Manuel Pizarro Moreno", relata el auto.

Asimismo, el Proyecto Quarter tuvo como objetivo la obtención de información sobre las personas con las que Pizarro pudo haber contactado "en el marco de la oferta pública de adquisición (OPA) que en el año 2005 la compañía Gas Natural realizó sobre Endesa".

Asimismo, en el año 2004, Asenjo habría encargado a Villarejo y Redondo que investigaran a las personas y empresas que podrían estar obstaculizando la construcción de una central de ciclo combinado de Iberdrola en la localidad gaditana de Arcos de la Frontera, "así como mejorar la posición del grupo contratante en los conflictos que se vivían a cuenta de esta edificación". Éste fue el llamado Proyecto Arrow y, como parte del mismo, los dos socios habrían conseguido los tráficos de llamadas de casi una decena de personas que interferían en los intereses de Iberdrola.

Por otro lado, en el año 2006, Antonio Asenjo, "en nombre y por cuenta del Grupo Iberdrola", encargó a Villarejo y Redondo el llamado Proyecto Wind. En este caso, estaba destinado a investigar a Pedro Víctor Barriuso Otaola, quien había sido responsable de energías renovables del Grupo —wind significa viento—, ante las sospechas de que estuviera desarrollando un proyecto empresarial paralelo que pudiera competir con la energética bilbaína.

"También en el año 2006, el investigado Antonio Asenjo Martín, por cuenta del Grupo Iberdrola, encomendó a los investigados José Manuel Villarejo y Rafael Redondo la obtención de información de todo tipo sobre diferentes personas que se barajaban para entrar a formar parte del Consejo de Administración de la compañía, entre las que se encontraba Inés Macho Stadler", relata el auto del juez, que tacha de "particularmente complejos" los hechos investigados en esta pieza.

En 2007, de nuevo "en nombre de Iberdrola", quien era entonces su jefe de seguridad, encomendó al Grupo Cenyt investigar si dos trabajadores de la central nuclear de Cofrentes (Valencia) habían facilitado a otra compañía información reservada sobre su funcionamiento. Debido al nombre de esta localidad valenciana, dicho proyecto se denominó Front.

De acuerdo con el auto del juez, dos años más tarde, en 2009, Asenjo encomendó el llamado Proyecto Gipsy, "en que se investigó, entre otras cuestiones, si el directivo del Grupo Iberdrola José María Álvarez Vázquez pudiera haber cometido algún tipo de irregularidad al contratar con proveedores". Por las mismas fechas, Cenyt se había encargado de obtener información sobre Florentino Pérez, presidente de la constructora ACS, y, en 2010, sobre Gustavo Buesa Ibáñez, quien había sido designado consejero de Iberdrola Renovables, sociedad filial del Grupo.

"En el año 2011 el investigado Antonio Asenjo Martín, actuando por cuenta de Iberdrola Renovables, encomendó a los investigados José Manuel Villarejo Pérez y Rafael Redondo Rodríguez el denominado Proyecto Wind, que se centró en la investigación de la compañía suiza Eólica Dobrogea AG y de su representante Corneliu Dica, con la que Iberdrola Renovables se había asociado para ejecutar la construcción de un parque eólico en Rumanía", explica el auto.

Mientras era policía

Tal y como recuerda la resolución, Villarejo no solicitó que el Ministerio del Interior le autorizase compatibilizar sus trabajos privados con su condición de agente en activo en el Cuerpo Nacional de Policía, lo cual infringe el régimen de incompatibilidades.

"El investigado vino desempeñando, mientras se encontraba en activo en el Cuerpo Nacional de Policía, desde el año 1989 y hasta su jubilación con el empleo de comisario, [en 2016], en destinos especialmente sensibles por sus funciones y competencias, como la Comisaría General de Información o la Dirección Adjunta Operativa (DAO), actividades privadas relacionadas con servicios de consultoría, asesoría, investigación privada y seguridad, actividades desarrolladas por medio de una compleja estructura de sociedades mercantiles de las que resultaba ser su titular real", resume el magistrado.

Villarejo, además, de cara a sus clientes, presentó como "valor añadido" su influencia y relación directa con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "Y desde el momento en que aceptó una retribución económica por realizar uno de estos trabajos, infringió los deberes inherentes a su condición policial", reprocha García-Castellón.

En otras piezas de la causa, que acumula ya más de 50, se investigan otros encargos similares efectuados por otras empresas al ya excomisario, tanto antes como después de que saliese del Cuerpo Nacional de Policía.