Los Veintisiete han dado luz verde final a la regulación para exigir a los operadores de los sectores del petróleo, el gas y el carbón que detecten y reparen fugas de metano con el fin de contribuir a la reducción de emisiones en la UE.

Las nuevas normas obligarán a los operadores a presentar un programa de detección y reparación de fugas de metano a las autoridades nacionales pertinentes 9 meses después de la fecha de entrada en vigor del reglamento y a realizar un primer estudio de sus instalaciones existentes en un plazo de 12 meses.

Los operadores deberán reparar o reemplazar todos los componentes que presenten fugas de metano inmediatamente después de que se haya detectado una fuga o a más tardar cinco días después.

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Los colegisladores también han acordado la prohibición de la ventilación y quema de metano desde las estaciones de drenaje para 2025 y desde los pozos de ventilación para 2027.

La nueva ley también obligará a los países de la UE a establecer un inventario de pozos inactivos o abandonados y a establecer planes de mitigación.

Sector minero

De igual modo, los Estados miembro deberán medir e informar continuamente las emisiones de metano procedentes de las minas subterráneas en funcionamiento y de las minas a cielo abierto. Y además establecer un inventario público de las minas cerradas o abandonadas en los últimos 70 años y medir sus emisiones, excepto las de aquellas que lleven más de 10 años inundadas.

En el sector minero, la quema de metano se prohibirá a partir del 1 de enero de 2025, mientras que la ventilación se prohibirá desde 2027 en las minas de carbón que emitan más de 5 toneladas de metano por kilotonelada de carbón extraído y desde 2031 en las minas que emitan más de 3 toneladas de metano por kilotonelada de carbón.

Por su lado, la ventilación y la quema en minas cerradas y abandonadas estarán prohibidas a partir del 1 de enero de 2030.

Requisitos 

Dado que las importaciones representan más del 80% del petróleo y el gas consumidos en la UE, en 2027, los importadores tendrán que demostrar requisitos equivalentes de seguimiento, presentación de informes y verificación a nivel de producción.

Asimismo, se encargará a la Comisión que presente un acto delegado tres años después de su entrada en vigor. El objetivo es establecer clases de intensidad de metano para el petróleo crudo, el gas natural y el carbón comercializados en el mercado de la UE a nivel del productor o de la empresa.

La finalidad es incentivar a los productores con mejores resultados y reducir las emisiones globales de metano, al tiempo que se garantiza la seguridad del suministro y la competitividad internacional de la UE.