El sector de las petroleras está claramente alarmado de los niveles a los que está llegando el fraude del IVA de los carburantes, unido al de los biocombustibles. Tanto es así que no han dudado de llamarlo "crimen organizado", en palabras del consejero delegado de Cepsa, Maarten Wetselaar.

Una preocupación que corrobora la presidenta de BP España, Olvido Moraleda. En su intervención en el IV Foro de Energía de El Economista ha dicho que el fraude de los carburantes supone más del 25% de las ventas del sector de combustibles en España.

Se estima que afecta a un 10% de las estaciones de servicio de las 12.000 que hay en el país. Es decir, unas 1.200, que pueden ofrecer así los combustibles más baratos.

También para Repsol, este fraude está provocando un gran impacto, porque hay gasolineras que no pueden ofrecer los combustibles más baratos y otras que no pagan sus suministradores el IVA ni cumplen con los porcentajes de biocombustibles -más caros que los combustible convencionales- que obliga la ley.

Para el consejero delegado de la mayor petrolera del país, Josu Jon Imaz, el fraude en los carburantes no es solo un tema económico, sino de "seguridad nacional". Se calcula que el fraude tiene un coste anual para las arcas públicas de en torno a 1.000 millones de euros y ha señalado que con lo que supone anualmente el fraude "masivo y organizado" en el IVA en los carburantes se harían diez hospitales al año.

Moraleda también ha recordado que el sector del refino está muy impactado por los impuestos y ha explicado que, cuando se compran carburantes, más de un 80% de lo que se paga son impuestos y el 20% restante corresponde al coste de la materia prima y la transformación.

Por eso, a las compañías que cumplen con sus obligaciones les afecta que haya operadores que no paguen IVA, no incorporen biocombustibles o eludan los pagos a la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores).