Los españoles fueron, junto a los portugueses, los ciudadanos europeos con mayores dificultades para mantener sus hogares calientes durante el invierno de 2023, según datos del Informe del Estado de la Energía 2024 publicado este miércoles por la Comisión Europea.

En concreto, un 20,8% de habitantes de España y Portugal no pudo calentar su vivienda a una temperatura adecuada, lo que supone el mayor porcentaje de hogares afectados por la pobreza energética en la UE, seguidos de Bulgaria (20,7%) y Lituania (20,0%).

Por el contrario, Luxemburgo (2,1%), Finlandia (2,6%), Eslovenia (3,6%) y Austria (3,9%) registraron los porcentajes más bajos.

A nivel comunitario, el 10,6% de la población de la UE declaró tener dificultades para mantener su hogar adecuadamente caliente en 2023, un 1,3% más que en el invierno de 2022.

El informe de la Comisión atribuye este incremento al contexto de crisis energética e inflación derivado de la guerra de Ucrania o las tensiones geopolíticas en Oriente Próximo.

Sin embargo, Bruselas confía en que la nueva legislación sobre el mercado energético "protegerá mejor de la desconexión a los hogares vulnerables y a los afectados por la pobreza energética" ya que, en caso de crisis de los precios del gas natural, las medidas de emergencia a nivel de la UE pueden establecer un escudo para los consumidores mediante intervenciones sobre los precios máximos al por menor.

Asimismo, recuerda que los Estados miembros también pueden actuar para garantizar el acceso a los servicios esenciales y proteger a los consumidores vulnerables de los costes excesivos para abordar de forma directa la pobreza energética.

Fondo social

Para contribuir a la reducción de la pobreza energética en la UE, el Ejecutivo comunitario ha creado el Fondo Social para el Clima, que empezó a aplicarse en 2024, y movilizará al menos 86.700 millones de euros de los ingresos del régimen de comercio de derechos de emisión para el periodo 2026-2032, incluido un 25% de cofinanciación de los Estados miembro, para contribuir a una transición socialmente justa hacia la neutralidad climática.

El Fondo financiará medidas e inversiones que los Estados miembro deberán recopilar en sus Planes Sociales Climáticos antes de junio de 2025 con el objetivo de ayudar a compensar el aumento previsto de las facturas de energía debido a la introducción de la tarificación del carbono para la calefacción y el transporte.

La Comisión ha creado un grupo de expertos en el que sus expertos y representantes de las capitales comparten buenas prácticas e intercambian opiniones sobre la preparación del Fondo. Desde junio de 2024, la Comisión presta apoyo a una decena de Estados miembro para la preparación de sus Planes Sociales Climáticos a través del Instrumento de Apoyo Técnico.