El fraude en el IVA de los carburantes está alcanzando ya unos niveles preocupantes. No solo supone más del 25% de las ventas del sector de los combustibles en España, sino que ahora además la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido a Víctor de Aldama, comisionista del llamado caso Koldo, por estar metido en esta trama y haber cometido un fraude de más de 182 millones de euros.

Los tentáculos de esta problemática afecta a más del 10% de las gasolineras del país, el coste solo en 2023 para Hacienda fue dejar de recaudar unos 2.000 millones de euros, y también es una pérdida de competitividad para el sector y, por tanto, para la ciudadanía, y un problema para el medioambiente. 

Pero ¿dónde está el truco? Todo empieza en el momento de compra de combustible al por mayor (gasolina y diésel, sobre todo). Es decir, cuando los operadores petrolíferos adquieren el producto.

Según está aprobado por ley, funciona un régimen suspensivo a la hora de hacer la compra de ese combustible o a una refinería española o a un barco proveniente de una refinería en el extranjero. La ley dice que cuando se adquiere el producto, no hay obligación de pagar el IVA ni el impuesto de hidrocarburos correspondiente en ese momento. Se supone que ambos tributos se abonan cuando el combustible se vende a los clientes. 

La Administración permite comprar unas cisternas de productos derivados del petróleo a las comercializadoras o en un puerto como el de Barcelona o Tarragona. Ahí no se paga ningún impuesto, sino cuando se vende al distribuidor.

De esta manera, no se restringe a las grandes compañías la posibilidad de participar en el mercado porque son las únicas que tienen músculo suficiente para hacerse cargo de pagar impuestos antes de vender la mercancía. 

El problema está en que hay quienes han aprovechado esta situación y no pagan ninguno de los correspondientes impuestos cuando lleva a cabo la venta. Y así es como se está produciendo el fraude. 

Para cuando la entidad certificadora ha visto si se han cumplido las obligaciones, estos han cerrado el chiringuito y al cabo de un tiempo abren otro. Y se han embolsado grandes cantidades de dinero que desaparecen del fisco y del mercado. 

Por su parte, cuentan con el beneplácito de las gasolineras que les compran la mercancía a un precio menor, al no tener que asumir el 21% del IVA, y por tanto, venden la gasolina y el diésel a menor precio que su competencia.

A pesar de la implementación del Real Decreto Ley 8/2023, que suspendió la moratoria impone restricciones sobre las transacciones entre distribuidores y operadores al por mayor hasta marzo pasado, el problema persiste, afectando gravemente a las pequeñas y medianas empresas (pymes) del sector.