Parque eólico de Montouto, de la Serra do Xistral, en la comarca de Terra Cha.
El ‘proteccionismo’ de la Xunta de Galicia deja en el aire 4.000 millones de inversión en eólica
- A las demandas judiciales y la renovación de parques, se añade una propuesta que obligaría a vender el 50% de la luz a empresas gallegas.
- Más información: El nuevo plan eólico de Galicia tardará "más de dos años" en estar listo, según la Xunta
La Xunta de Galicia está poniendo al límite al sector eólico. A las demandas judiciales sobre proyectos y a la obligación de renovar parques antiguos, se suma ahora una nueva propuesta autonómica que impondría la venta del 50% de la electricidad generada por estas instalaciones exclusivamente a empresas gallegas.
Esta nueva medida deja en el aire unos 4.000 millones de euros en inversiones eólicas. La incertidumbre no sólo afecta a los 2 gigavatios (GW) de proyectos en desarrollo —paralizados por la inseguridad jurídica en la región—, sino que también podría impactar en otros 2 GW eólicos con más de 20 años de antigüedad —que estarían obligados a ser repotenciados— .
Así lo advierte Juan Virgilio Márquez, director general de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), en declaraciones a EL ESPAÑOL-Invertia. La última propuesta de la Xunta de Galicia "vulnera todo lo habido y por haber", sentencia.
La primera consecuencia de esta medida sería "la ruptura de los contratos a largo plazo (PPA) que permiten financiar los parques en desarrollo, que están ya paralizados por la situación de inseguridad jurídica", alerta Virgilio. "Esta ruptura judicializa, una vez más, al sector", apunta.
En segundo lugar, la obligatoriedad de vender la electricidad a un segmento determinado genera una "parcelación del mercado" y, por lo tanto, "permite a las pymes gallegas obtener unos precios por debajo de la rentabilidad gracias a un poder de negociación mucho mayor".
¿La consecuencia directa? "Un perjuicio en los compradores del otro 50% de la electricidad producida". Y es que los promotores tendrán que subirles el precio para compensar la situación", advierte el director general de AEE.
Adicionalmente, se dispara el riesgo de activar una oleada de nuevos arbitrajes internacionales. "Los promotores extranjeros pueden recurrir al Ciadi por el perjuicio que les supone haber tenido que romper sus contratos", recuerda. "Y ya conocemos el daño reputacional al país que implica esta situación", advierte en referencia a los laudos por las primas renovables que enfrenta el Gobierno de España.
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"El sector no dice en ningún caso que no quiera firmar contratos de electricidad con pymes gallegas, simplemente que no quiere que se le obligue a ello", puntualiza Virgilio.
Según la Xunta, la venta obligatoria dará acceso a los PPA a empresas pequeñas y medianas que actualmente en el mercado no tienen capacidad para firmar estos contratos. A su vez, según argumenta, ese 50% de la energía producida por los parques quedaría fuera de las fluctuaciones de precio del gas en Galicia.
Sin embargo, Juan Virgilio asegura que existen otros elementos legales y efectivos, "que no atentan contra la ley estatal y europea".
Entre estas soluciones, destaca la creación de agregadores de demanda y la implementación de mecanismos de garantía para los contratos entre promotores y pymes.
El agregador de demanda es una entidad que reúne la demanda de varios consumidores de energía o productos para negociar mejores condiciones de compra.
Mientras, las garantías contractuales (donde se halla el 90% de los conflictos a la hora de firmar un acuerdo a plazo) son especialmente recomendadas para pymes con unos balances de caja muy inferiores a los de grandes empresas, pues proporcionan un margen de seguridad financiera en caso de incumplimiento o problemas de flujo de efectivo.
"Nueva era industrial"
La intención del Gobierno gallego es la de impulsar "una nueva era industrial", en palabras de la consejera de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana. Para lograrlo, la Xunta cuenta con cinco elementos clave: un nuevo plan sectorial, la repotenciación obligatoria, la modificación del canon eólico, la venta del 50% de su energía a empresas gallegas y la sociedad público-privada RDG (Recursos de Galicia).
La propuesta de Proyecto de Ley de medidas fiscales y administrativas de la Xunta comenzó recientemente su tramitación parlamentaria. El sector eólico considera que el texto plantea un cambio de paradigma en relación con las repotenciaciones de parques eólicos, que choca frontalmente con los principios fundamentales del ordenamiento jurídico existente.
"Es clave buscar una solución para dinamizar las repotenciaciones sin que sea por mandato y evitar generar así riesgos adicionales, judicialización de proyectos o pérdidas injustificadas a los promotores", apuntan desde la patronal eólica.
En lo que a la modificación del canon eólico respecta, la Xunta quiere que su aplicación no tenga sólo en cuenta el número de aerogeneradores, sino también la altura de cada uno.
"Este impuesto se creó para compensar el impacto paisajístico de los parques eólicos", explica Virgilio, quien advierte que la nueva alternativa revela un "carácter meramente recaudatorio". Sin embargo, según la consejera de Economía e Industria, son la altura y el tamaño de los aerogeneradores lo que realmente "produce la afección ambiental".
En septiembre, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció que la sociedad Recursos de Galicia había iniciado los trámites para poner en marcha, "a principios del año que viene", una comercializadora propia "para abaratar y descarbonizar el consumo de energía en la comunidad autónoma".
Que esta comercializadora termine siendo la única compradora del 50% de la electricidad que los promotores estarían obligados a vender al sector gallego agrava los temores del sector.
"No sabemos qué rol desempeñará RDG", apunta a este medio el director de la asociación eólica. "Ese sería el peor de los escenarios, pues el aumento de precios para los otros compradores sería mucho mayor", alerta.
