Subestación eléctrica
La distribución eléctrica en España, 'farolillo rojo' respecto a los países de la Unión Europea: Italia, la mejor pagada
- Mientras que en el país alpino la tasa de remuneración de la distribución es del 8,7%, en España se sitúa en el 5,54%.
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España se encuentra el último de la lista en porcentaje de tasa de remuneración a la distribución eléctrica, que se incluirá en los peajes de la factura de la luz respecto a sus homólogos europeos, en concreto, Italia, Reino Unidio, Alemania, Austria y Grecia.
Según la tasa de remuneración de la distribución, las empresas de distribución eléctrica de nuestro país tienen un tipo nominal antes de impuestos del 5,58% a la inversión, mientras que Italia sube hasta el 8,7%, Reino Unido y Alemania al 7,5% y Austria y Grecia al 7,3%, según cálculos realizados por Endesa.
"Es la remuneración global de la inversión, el resultado final donde se calculan varias variables, como por ejemplo el diferencial medio de los reguladores europeos sobre el bono soberano a 100 años", explican fuentes de AELEC, la patronal del sector eléctrico, a EL ESPAÑOL-Invertia.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) del 31 de octubre pasado publicó la orden en la que se fijaban orientaciones de política energética a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y propuso al regulador que elevara los parámetros usados en otros países europeos, que supondría situar la tasa en España en una horquilla de entre el 7,3% y el 8,7%.
Está previsto que la retribución de las redes eléctricas se modifique en una circular que entrará en vigor en octubre del año próximo. También se prevé que se modifique la metodología de cálculo de la rentabilidad libre de riesgo, así como la metodología de cálculo del coste de la deuda.
Inversiones milmillonarias
El Gobierno español ha proyectado en el PNIEC (Plan Nacional de Energía y Clima) una inversión de 53.000 millones de euros en redes de distribución eléctrica hasta el 2030 para hacer frente a la creciente demanda, a las nuevas formas de consumo, como los vehículos eléctricos, y al papel más activo que tiene que jugar la demanda.
Esta evolución plantea un desafío para el sector, que debe modernizarse y adaptarse para dar respuesta a las demandas tecnológicas emergentes. Además, es necesario fortalecer la colaboración entre los sectores público y privado para impulsar la inversión y fomentar la innovación en este ámbito.
El trámite de audiencia se iniciará el 1 de diciembre de 2024 y la circular será adoptada el 31 de octubre ya de 2025.
Además, el regulador tiene ya en trámite la modificación de la Circular 3/2020, de 15 de enero, que establece la metodología para el cálculo de los peajes de transporte y distribución de electricidad.
Nueva tasa 2026-2031
En mayo pasado, la CNMC inició una consulta pública sobre la metodología de la tasa de retribución financiera y la retribución de la distribución de energía eléctrica.
Y se espera que en las próximas dos semanas publique el texto definitivo que definirá la capacidad de atraer las inversiones y el capital a este sector entre el periodo regulatorio futuro (2026-2031).
No es una cuestión baladí. "La competencia mundial por los recursos financieros y las inversiones en la transición energética" se debate con lo que la CNMC decida. Y en España, es doblemente importante, porque hay que "incentivar el transporte y la distribución de electricidad para atender la nueva demanda e integrar la nueva capacidad renovable".
Además, debe ser una "adecuada remuneración financiera para afrontar los retos de la transición energética sin penalizar las tarifas de los clientes finales", aseguró Endesa en la presentación de su plan estratégico del martes pasado, 19 de noviembre.
En el caso de la red de distribución, las empresas tienen que presentar unos planes de inversión, de carácter anual y trienal, que deben contar con el informe favorable de la Comunidad Autónoma donde se instala el activo.
Es el MITECO quien, tras el análisis de esos planes por parte de la CNMC, los aprueba. Por supuesto, todas las instalaciones nuevas, o en las que se lleven a cabo modificaciones sustanciales, requieren pasar por distintos procesos de autorización administrativa ante las Administraciones públicas competentes.
