El 'impuestazo energético', en el aire: la lucha política genera inseguridad jurídica y paraliza las inversiones de las empresas

Si el Gobierno aprueba en el próximo consejo de ministros -o a primeros de enero como muy tarde- el Real Decreto que ha anunciado para prorrogar ese impuesto, "podría entenderse que estaría activo al menos los 30 días siguientes antes de llegar al Congreso de los Diputados", señalan fuentes jurídicas a EL ESPAÑOL-Invertia.

Y por tanto, "podría entenderse también que las energéticas estarían obligadas a pagarlo en febrero, porque en enero de 2025 estaría vigente".

Ricardo Rubio Europa Press

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Sin embargo, no es una opinión que compartan todos los expertos legales consultados por este diario. "No tendría sentido pagar un impuesto que no se ha aprobado en las Cortes, y por tanto, habría que esperar si el Gobierno consigue un apoyo mayoritario".

En cualquier caso, este impasse está generando "inseguridad en las empresas sobre sus estrategias de inversión en España. De hecho, probablemente las paralicen pasado el mes de febrero, hasta que tengan la certeza de lo que tienen que pagar", aseguran fuentes del sector.

Táctica política

La fragmentación parlamentaria está provocando un juego de platillos chinos en el Ejecutivo. Por un lado, los grupos de izquierdas, Podemos, Sumar, BNG, ERC y EH Bildu están a favor de prorrogar el 'impuestazo'.

Sin embargo, tienen en contra a PNV, que como mucho estaría a favor de apoyar que este gravamen se convirtiera en tributo, para poder gestionarlo a su manera en País Vasco al ser una comunidad foral, y decidir si pone exenciones o desgravaciones a las empresas que tienen allí su sede social (como es Iberdrola y Repsol).

Mariscal EFE

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En el caso de Junts, ninguna de las opciones le interesa, porque no podría gestionarlo como en País Vasco, y por tanto, peligran las cuantiosas inversiones que Repsol ha anunciado hacer en el complejo petroquímico de Tarragona. Y por supuesto, el 'impuestazo' tiene también en contra a PP y Vox.

"No lo veo como una estratagema del Gobierno de cara a las energéticas, sino que está buscando contentar a todos los partidos políticos".

"Por un lado, cumple con la izquierda aprobando en consejo de ministros el Real Decreto, y por otro lado, sabe que no se aprobará en el Congreso, porque no tiene mayoría, y por tanto, también contenta a los nacionalistas", explican fuentes del sector energético a este diario.

En cualquier caso, "a quien sí va a tener en contra es a las energéticas, por la inseguridad jurídica que les crea", concluyen.

Pagar y recurrir

Con este escenario, las energéticas pueden tomar dos decisiones: entender que mientras no se apruebe en el Congreso no entra en vigor, y por tanto, no pagar el impuesto, o evitar una sanción, y pagar para después recurrir en los tribunales.

Si se prorroga, su naturaleza jurídica es la de prestación patrimonial de carácter público no tributario, es decir, un pago obligatorio al Estado que no se considera un impuesto en el sentido habitual del término. No es deducible del Impuesto sobre Sociedades, ni se puede trasladar a los clientes, constituyendo una infracción grave el incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones. 

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Pero, el objetivo anunciado por el Gobierno es que este gravamen, en un principio temporal, se haga permanente y se incluya en una ley que debe transponer la Directiva (UE) 2022/2523 del Consejo de 15 de diciembre de 2022 relativa a la garantía de un nivel mínimo global de imposición para los grupos de empresas multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud en la Unión.

Una Ley que tendría el mismo discurrir de este Real Decreto, comenzaría de nuevo un círculo vicioso de proyectos legislativos que se acumulan y se paralizan ante el complicado mosaico político del Poder Legislativo.