Una planta solar fotovoltaica.
España tiene diez laudos pendientes que amenazan con elevar la deuda por el recorte a las renovables a 2.300 millones
- El Gobierno insiste en que es la Comisión Europea la que debe decidir sobre los laudos y denuncia el papel de los "fondos buitre".
- Más información: Fondos con laudos renovables identifican 5.000M en activos embargables pero prefieren negociar con España
España culmina 2024 con más de 1.820 millones de euros de deuda acumulada vinculada a los recortes de las primas renovables. Pero todavía hay 10 laudos pendientes que acarrean reclamaciones de 1.643 millones de euros.
En concreto, se trata de obligaciones por cerca de 1.500 millones, a los que hay que sumar cerca de 345 millones en concepto de sobrecostes judiciales y financieros, por las condenas en costas, los intereses de demora y la contratación de consultores y abogados.
Si tenemos en cuenta el resultado de las sentencias ya conocidas, el país se enfrentaría a nuevas condenas que supondrían elevar la deuda en 460 millones, hasta casi 2.300 millones de euros, según explican a EL ESPAÑOL-Invertia representantes de los inversores afectados.
Omicrono
Estas estimaciones valoran que España pierde el 70% de los casos y que en esos laudos el tribunal reconoce un 40% del monto reclamado.
El Gobierno sostiene que la Abogacía del Estado ha logrado reducir las cantidades reclamadas en un 85%. "Sobre reclamaciones de a 10.635 millones, las indemnizaciones reconocidas ascienden a 1.476 millones", apuntan fuentes del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico a este diario.
Sin embargo, según los afectados hay que descontar "distorsiones" de este porcentaje, como las reclamaciones que no llegan laudo y el caso ganado por España contra PV Investors, en el que el monto demandado era excesivamente elevado.
Así, atendiendo a los cálculos de los fondos extranjeros, del total reclamado de 1.643 millones de euros, el 70% equivale a 1.150 millones que se podrían resolver en contra de España. De esos 1.150 millones, el 40% reconocido equivale a 460 millones de euros que podrían ser concedidos a los reclamantes.
Según explican, de las 10 disputas pendientes, hay cuatro con sentencias cerca de conocerse y que, a priori, "apuntan a una derrota del Reino España". Es el caso de las japonesas Itochu, con un litigio que echó a andar en 2018, y Mitsui, cuyo inicio se retoma a 2020.
Entre las reclamaciones pendientes destacan también los casos de la alemana KS Invest, del fondo Eiser y de Landesbank.
España encabeza la lista de países con el mayor número de laudos arbitrales pendientes de pago, con un total de 25, superando a Venezuela (20) y Rusia (10), según un informe del especialista en arbitrajes internacionales Nikos Lavranos. Sin embargo, estos últimos enfrentan deudas por montos significativamente mayores.
Los tribunales de Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Suiza han desestimado los argumentos de España. En los tres primeros países, los laudos han sido registrados, lo que abre la puerta a embargos.
¿Cuál es el origen de esta disputa?
La disputa por el recorte a las primas renovables se remonta a 2013. Entonces, el Gobierno de Mariano Rajoy completó una reforma legislativa que redujo la rentabilidad prevista para la gran mayoría de las instalaciones de energías renovables en régimen regulado.
Este recorte retributivo, diseñado como parte de un conjunto de medidas para abordar el déficit de tarifa del sistema eléctrico, se sumó a otras políticas perjudiciales para el sector renovable durante esa legislatura, como la moratoria decretada en 2012 que eliminó el apoyo a nuevas instalaciones verdes, o el controvertido "impuesto al sol" aprobado en 2015 para limitar el autoconsumo.
El Tribunal Supremo y el Constitucional rechazaron los recursos de inversores nacionales contra la rebaja de rentabilidad, pero 51 arbitrajes internacionales, principalmente en la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), fueron presentados por inversores extranjeros, muchos bajo el Tratado de la Carta de la Energía (TCE).
En abril de 2024, la UE decidió abandonar el TCE por su incompatibilidad con los objetivos climáticos y los riesgos de demandas millonarias. España ha pedido anular los laudos favorables a inversores intraeuropeos, apoyándose en el TJUE, y tribunales como el Ciadi y la Cámara de Comercio de Estocolmo han avalado la primacía del derecho de la UE sobre el arbitraje intraeuropeo.
"La Comisión Europea, atendiendo al Derecho comunitario, debe decidir si el pago de los laudos es una prohibida Ayuda de Estado", sostienen fuentes ministeriales. Hasta ese pronunciamiento, "España no puede hacer pago alguno", apuntan.
Para el Gobierno, España y la Comisión Europea "están totalmente alineadas"; la Comisión se ha personado como amicus curiae de España
Asimismo, "la gran mayoría de los laudos están en manos de fondos buitre especuladores que han adquirido los derechos a los demandantes originales", sentencian las mismas fuentes.
Así, recuerdan que en 2019, el Gobierno promulgó el Real Decreto-ley 17/2019 para garantizar una rentabilidad del 7,4% a las plantas afectadas hasta 2031, evitando que descendiera al 4,5% desde 2020. Esta medida buscaba fomentar la confianza de los inversores, exigiendo a los extranjeros con demandas en arbitraje internacional que renunciaran a ellas para acogerse a esta garantía.
Al promulgar el RDL 17/19 se esperaba que la rentabilidad siguiera reduciéndose –el BCE tenía al precio del dinero al 0% desde 2016–, y se estimó que blindarla durante 12 años era una buena medida compensatoria.
"Cuando en 2032 venza esta rentabilidad garantizada, todas las instalaciones afectadas, la inmensa mayoría construidas antes de 2008, estarán sobradamente amortizadas y podrán optar por percibir la retribución regulada residual que les pueda corresponder –el plazo máximo es de 25 años– o por cobrar el precio del mercado hasta el final de su vida útil", declaran desde el Miteco.
