El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) ha dado la razón a Enagás en su litigio contra Perú y ha condenado al país sudamericano a pagar 194 millones de dólares (unos 186 millones de euros) -principal más interés- a la compañía española por el proceso abierto por el proyecto Gasoducto Sur Peruano (GSP).
Según informó Enagás a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el organismo dependiente del Banco Mundial condena al país sudamericano por violación del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones suscrito entre la República del Perú y el Reino de España (APPRI Perú-España).
El Tribunal considera también que la inclusión de Enagás Internacional en la categoría 2 de la Ley 30737, que impide a la sociedad la repatriación de los dividendos de su participada Transportadora de Gas del Perú (TGP), constituye una violación del APPRI España-Perú.
En concreto, la condena supone el pago de un importe de 176 millones de dólares, más un interés anual del 1,44% calculado de forma simple desde el 24 de enero de 2018 hasta la fecha de hoy y capitalizable semestralmente desde esta fecha hasta el pago de la indemnización, lo que supone ese total 194 millones de dólares a día de hoy, así como el 75% de las costas procesales.
El grupo dirigido por Arturo Gonzalo señaló que este laudo implicaría una minusvalía contable en la cuenta de resultados por la diferencia entre la cantidad reconocida en el laudo -194 millones de dólares- y la cuenta a cobrar -505 millones de dólares (unos 484 millones de euros) relativa a la inversión en GSP registrada en el balance.
Enagás añadió que el impacto se incluirá en las cuentas anuales del 2024 una vez se haya realizado un análisis detallado del laudo.
Asimismo, destacó que sus asesores legales están analizando el laudo en detalle y a este respecto se reserva el derecho a solicitar una rectificación o aclaración de la cuantificación del importe reconocido.
Además, Enagás ha manifestado ya a las autoridades peruanas su disposición para alcanzar un acuerdo amistoso que permita la ejecución de este laudo de una manera que convenga al interés de ambas partes.
Por otra parte, la compañía reafirmó su política de dividendo y el plan de inversiones previsto, que incluye las infraestructuras de hidrógeno renovable contempladas en la lista definitiva de PCI de la Unión Europea, claves para en el proyecto europeo de descarbonización, de seguridad de suministro a largo plazo y de autonomía estratégica.
Hace 7 años
La disputa entre Enagás y Perú se remonta a finales de 2017, cuando se paralizó el proyecto del GSP, adjudicado tres años antes a un consorcio en el que participaba el grupo español.
En la concesión también participaban la brasileña Odebrecht y la peruana Graña y Montero, relacionadas con casos de corrupción en el país sudamericano.
En 2018, ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo compensatorio, Enagás decidió acudir en busca de una solución ante el Ciadi, dependiente del Banco Mundial.
Odebrecht contaba con una participación del 50% y Enagás y Graña y Montero del 25%, cada una, en el proyecto GSP, que suponía unos 1.000 kilómetros de tuberías para transportar gas y una inversión de más de 7.000 millones de dólares (unos 6.710 millones de euros).
Enagás reclamaba más de 500 millones de dólares, cifra que se correspondía tanto con la recuperación de la inversión financiera como con los derechos de crédito asociados a la recuperación de las garantías ejecutadas a consecuencia de la terminación del contrato de concesión en GSP.
En reiteradas ocasiones, Enagás, que siempre ha defendido que esperaba un laudo favorable en el arbitraje que inició contra Perú por la paralización de GSP, ha insistido en su disponibilidad para entablar, a partir de entonces, un proceso de diálogo y negociación con el gobierno del país andino.
La empresa, en sus proyecciones financieras, contaba con recuperar al menos 236 millones de euros antes del final de la década, quedando el resto para más adelante.
El de GSP no era el único frente que tenía abierto Enagás en Perú, ya que la empresa lleva años sin poder repatriar los dividendos de su participada TGP, y también acudió hace unos años al Ciadi por este hecho.