Redes de alta tensión.
El sector eléctrico hace cuentas: el impuesto a la generación del 7% obliga a España a importar 10 TWh de Francia al año
Pese a tener unos precios eléctricos de media un 30% inferiores al resto de la Unión Europea, la fiscalidad penaliza la exportación.
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El sector eléctrico lleva más de diez años clamando en el desierto en contra del impuesto a la generación del 7%, conocido como IVPEE (Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica).
Y si este sobrecoste llega a las facturas de la luz de los consumidores, también tiene otro efecto: a veces sale más barato comprar la electricidad a Francia. De hecho, en 2024 representó alrededor de un 4% de toda la luz consumida en España, pese a que la que se produce en nuestro país es hasta un 30% más barata.
"El 7% es un impuesto que paga toda la producción eléctrica y sirve para reducir el coste de los peajes y cargos de la red", señalan fuentes de una compañía eléctrica a EL ESPAÑOL-Invertia.
"Sin embargo, ese 7% conlleva que, cuando el precio de la electricidad es igual en Francia y en España (o más barato en nuestro país), el sentido de la red es importadora".
Según datos de Red Eléctrica (Redeia), en 2024 España exportó a Francia 7,093 TWh, pero importó 10,106 TWh, por lo que es el saldo físico neto con el país galo es importador con 3,013 TWh. En el saldo programado, la importación supone 12,891 TWh.
"Es decir, es más fácil producir energía eléctrica en Francia que en España. Eso supone que al año hay entre 10 y 12 teravatios (TWh) de demanda de producción, de generación que se produce en Francia y que se la compramos en España", continúan las mismas fuentes.
"Si elimináramos ese impuesto, la dirección de esa electricidad sería la contraria, porque la generación española es mucho más eficiente, tiene menos coste que producirlo en Francia, se daría la vuelta y pasaríamos a tener un saldo exportador positivo de entre 20 y 24 TWh".
Una luz más cara
El IVPPE fue creado en 2012 durante la etapa de Gobierno de Mariano Rajoy para ayudar a pagar el déficit de tarifa, junto con otras figuras impositivas. Pese a que fue recurrido y llevado a los tribunales por varias compañías eléctricas, finalmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) avaló el impuesto.
El impuesto es una tasa lineal del 7% a cualquier instalación sin diferenciar el origen de la energía, el tamaño o el resultado de la explotación.
La crisis energética de finales de 2021, provocada por la inminente invasión rusa en Ucrania, empujó al Gobierno de Pedro Sánchez a suspender el impuesto inicialmente durante tres meses y después prorrogado, junto con otras medidas fiscales, como la rebaja del IVA al 10% (que luego volvió a bajar al 5%) y el Impuesto a la Electricidad (del 5,1% al 0,5%).
Días antes de finalizar el año 2023, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptaban medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía.
En esta normativa, se volvía al IVPEE, que dejaba de estar suspendido y pasaba a tener un tipo del 3,5% hasta marzo, del 5,25% hasta junio y regresaba al 7% en el tercer trimestre.
Ganar autonomía energética
"Si queremos industria competitiva, que vengan nuevos proyectos y más autonomía energética debemos ofrecer precios competitivos, y este impuesto carece de sentido", señalan las mismas fuentes.
Cuando caen los precios en las horas solares, y, por tanto, baja la rentabilidad de los proyectos fotovoltaicos, hay que sumarle el 7% de generación, una tasa que solo tiene España y que obliga a perder competitividad e interés respecto a países vecinos.
"Es como cuando comparas Europa frente a Estados Unidos, por ejemplo. La factura europea eléctrica tiene un 40% de impuestos y la americana un 10%".
"Si la energía eléctrica se produce íntegramente en el territorio, es como un contraarancel. Es decir, es como si Canadá se hubiese puesto a sus productos un 25% para la exportación, en vez de que Estados Unidos se los hubiese intentado poner".
Hay que llevar a una reflexión, porque "lo que no podemos es encarecer los productos autónomos y los que nos dan seguridad de suministro y los que se fabrican con inversión en España o en Europa en general, respecto a los productos importados o respecto a los productos de otros países".
Y en el caso de España, las mismas fuentes concluyen que "si las empresas españolas consiguiesen la misma ayuda que los alemanes, el coste de la electricidad para estas industrias en España sería más de un 30% inferiores. Así que, si quitamos el 7%, sería como quitar un autoarancel que abarataría más del 40% el coste respecto a la industria alemana".
