Paneles fotovoltaicos sobre el tejado.
Bruselas ordena a España que no pague al fondo Antin los 101 millones de euros del laudo arbitral por las renovables
El laudo supone una amenaza para la autonomía del derecho de la UE y el principio de confianza mutua entre los Estados miembros.
Más información: Bruselas cuestiona el laudo que obliga a España a pagar 101 millones a Antin por las renovables
La Comisión Europea ha ordenado este lunes a España que no pague al fondo de inversión Antin, basado en Luxemburgo y Países Bajos, los 101 millones de euros (más intereses y costas) que le exige un laudo arbitral por el recorte de las primas a las renovables. Bruselas sostiene que este laudo vulnera el derecho comunitario y constituye también una ayuda pública ilegal.
La decisión del Ejecutivo comunitario recuerda además la obligación de los jueces nacionales de ayudar a España a no pagar este laudo arbitral, adoptando todas las medidas necesarias para impedir el reconocimiento, la ejecución o la aplicación del laudo arbitral en países extracomunitarios.
El litigio se refiere al régimen de apoyo a la producción de electricidad procedente de renovables que España instauró en 2007, que no se notificó al Ejecutivo comunitario para su autorización. En 2013, España modificó las condiciones en las que las instalaciones de energías renovables podían obtener ayuda y aplicó los cambios de forma retroactiva a las plantas que habían comenzado a recibir subvenciones en virtud del régimen de 2007. Estos cambios sí recibieron luz verde de Bruselas.
Cedida
Antin Infrastructure Services Luxembourg S.à.r.l. y Antin Energia Termosolar B.V. (en lo sucesivo, «Antin») habían llevado a cabo inversiones en instalaciones de energías renovables en España, que se beneficiaban del régimen de apoyo de 2007. Tras los cambios de 2013, Antin inició un procedimiento de arbitraje con objeto de obtener una compensación por el cese del apoyo que sí habría recibido con arreglo al sistema de 2007.
Un laudo arbitral de 2018 del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), órgano dependiente del Banco Mundial, dictaminó que España había infringido el Tratado sobre la Carta de la Energía al recortar retroactivamente el apoyo a las renovables. El tribunal de arbitraje ordenó a España compensar a Antin por las pérdidas sufridas y fijó la indemnización en 101 millones de euros, más los intereses devengados por ese importe y una contribución a las costas del procedimiento arbitral.
Tras una investigación exhaustiva, la Comisión ha concluido que el laudo arbitral que debe pagar España a Antin o a cualquier otra entidad que haya adquirido o pueda adquirir el laudo o cualquier derecho derivado del mismo constituye una ayuda incompatible con las normas de la UE sobre ayudas de Estado.
Bruselas sostiene además que un arbitraje intracomunitario como este (una disputa interpuesta contra un Estado miembro por un inversor de otro Estado miembro ante un tribunal de arbitraje entre inversores y Estados) viola normas fundamentales del derecho de la UE. En particular, la jurisdicción última del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y el principio general de autonomía del ordenamiento jurídico de la UE.
En este sentido, la Comisión resalta que la disputa que dio lugar al laudo arbitral fue una disputa intracomunitaria: los dos inversores que iniciaron el litigio contra España están registrados en Luxemburgo y los Países Bajos, respectivamente.
El procedimiento se inició sobre la base de las disposiciones de la Carta de la Energía sobre resolución de disputas entre inversores y Estados. Sin embargo, el TJUE ha dictaminado en su sentencia Komstroy (C-741/19) que dichas disposiciones no son aplicables dentro de la UE y, por tanto, los procedimientos carecen de base jurídica.
Además, aplicar la cláusula de arbitraje a una disputa intracomunitaria y constatar que el Estado miembro en cuestión ha incumplido las normas establecidas en la Carta de la Energía "socava el sistema de recursos legales previsto en el Derecho de la UE para resolver este tipo de disputas". "Por lo tanto, supone una amenaza para la autonomía del derecho de la UE y el principio de confianza mutua entre los Estados miembros", insiste Bruselas
"España debe seguir resistiéndose a los intentos de ejecutar el laudo, además de no abonarlo voluntariamente", concluye la Comisión
