Teresa Ribera.
Los inversores afectados planean llevar el caso Antin al TJUE tras mostrar su temor sobre "la intervención de Ribera"
Argumentan también que el dictamen de la Comisión Europea presenta defectos de fondo y forma.
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Su intención es impugnar el dictamen ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), alegando una presunta "interferencia política", así como "defectos de fondo" y "forma", según explica un portavoz de los fondos con laudos pendientes a EL ESPAÑOL-Invertia.
El Ejecutivo comunitario declaró este lunes que una compensación por el caso Antin sería entendida como una infracción del derecho europeo y una "ayuda de Estado ilegal", lo que sienta un precedente para otros casos similares. Se trata de la primera decisión de la Comisión sobre los arbitrajes de renovables en los que España se enfrentó a inversores internacionales que consideraron ilegales los recortes a las primas a las renovables de 2013 aprobados por el anterior Gobierno.
La decisión en este asunto, tramitado como piloto, "respalda la posición de España, que no ha abonado cantidad alguna relativa a los laudos a la espera de que concluyan los análisis", recogió el Ministerio de Transición Ecológica y del Reto Demográfico (Miteco) en un comunicado.
Los afectados por las primas han mostrado su preocupación "sobre la intervención" de la comisaria europea Teresa Ribera en el caso Antín, algo que llevarán a su apelación ante el TJUE.
Así, recuerdan que durante su audiencia de confirmación en el Parlamento Europeo, el 12 de noviembre de 2024, Ribera "se comprometió explícitamente a apartarse de todos los casos relacionados con España para evitar conflictos de interés".
"A pesar de las reiteradas solicitudes legales que reclamaron que confirmara por escrito su abstención, el gabinete de Ribera nunca respondió", denuncian. "No fue hasta el 21 de febrero de 2025 cuando Yizhou Ren, asistente del Director General de la Dirección General de Competencia (DG COMP), afirmó verbalmente que Ribera se había abstenido y que el vicepresidente Valdis Dombrovskis asumiría el caso, sin constar documento que así ratifique este supuesto compromiso".
Según afirman, "reuniones posteriores plantean dudas muy serias sobre la integridad de todo el proceso". "El 10 de marzo de 2025, representantes legales del bufete K&L Gates, que representa a los afectados, se reunieron con Zaneta Vegnere, jefa adjunta de gabinete en la DG ECFIN, y Gabriella Tschirkova, miembro del gabinete de la
misma dirección. Ambas habían sido asignadas para supervisar la resolución del caso Antin, pero ninguna de ellas estaba familiarizada con el caso ni con la serie de disputas generadas tras la retirada retroactiva de las primas renovables en España", argumentan.
"Pese a ello", y en "apenas dos semanas", la Comisión "habría adoptado una decisión sobre si el pago del laudo constituye o no una “ayuda de Estado”, cuando el caso llevaba entre 4 y 6 años abierto", cuestionan. Los inversores temen que Ribera influyó en el proceso antes de abstenerse, "dando lugar a posibles irregularidades y a una interferencia política indebida que rompe con la seguridad jurídica y la neutralidad institucional".
"Llama la atención que, tan solo dos semanas después de dicha reunión, la Comisión haya emitido decisiones clave, aparentemente diseñadas para proteger a España del cumplimiento del laudo arbitral de 101 millones de euros. Esta inusitada rapidez, sumada al desconocimiento expresado por las funcionarias al caso y combinado también con el silencio que ha mantenido el gabinete de Ribera a la hora de confirmar su abstención en todas las instancias del proceso, ha incrementado las sospechas de interferencia política y despertado el temor a que se hayan dado serias irregularidades de los debidos procesos", agregan.
Por ello, según aseguran a este diario, su intención es impugnar la decisión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea". "Esta apelación sometería el asunto al escrutinio de una autoridad judicial independiente y con plena competencia para evaluar la legalidad de las decisiones de la Comisión y, si así fuese procedente, anular aquellas actuaciones y pronunciamientos que infrinjan el Derecho de la UE", dicen.
Las mismas fuentes apuntan que, más allá de denunciar una interferencia política, consideran que la calificación del pago como "ayuda de Estado" es jurídicamente errónea. Argumentan que la compensación ordenada por el tribunal arbitral tiene como objetivo reparar un daño causado por el incumplimiento de compromisos previos, y no conferir una ventaja competitiva indebida a los inversores afectados.
Asimismo, aseguran "tener un as en la manga", pues el expediente del citado caso presenta defectos de forma, "que podrían hacer decaer el caso" y "tener que reiniciarlo.
Por otro lado, los afectados aseguran que la ejecución del laudo arbitral avanza en otras jurisdicciones, independientemente de los procedimientos internos de la Unión Europea. Tribunales de varios países—incluidos Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Bélgica—han confirmado la validez y ejecutabilidad del laudo de Antin, rechazando sistemáticamente las objeciones de España. Por tanto, las medidas de ejecución como embargos de activos y órdenes judiciales siguen activas y no se ven afectadas por la postura de la Comisión.
Por último, los inversores han reafirmado su "firme compromiso con lograr el pleno cumplimiento del laudo y con la defensa de la integridad del arbitraje internacional. En palabras de un representante legal del grupo de compañías afectadas, “este caso trata, en esencia, de defender el Estado de derecho y la ejecutabilidad de laudos arbitrales válidos. Si las instituciones de la UE no están a la altura, los tribunales de ejecución en todo el mundo seguirán garantizando que se haga justicia".
