Socimis y fondos prometen flexibilidad en el alquiler a la espera del Gobierno

Los grandes tenedores de vivienda destinada al alquiler en España esperan el anuncio del Gobierno (previsto para este viernes o el próximo martes) en torno a la posible suspensión de las rentas para los inquilinos en situación de vulnerabilidad afectados por la pandemia del coronavirus.

Los fondos y socimis consultados por Invertia que poseen casi todo ese 5% de viviendas en alquiler que no son de particulares han afirmado, lógicamente, que acatarán cualquier decisión del Gobierno en este sentido y cumplirán la ley. Del mismo modo, han mostrado su disposición a tener la flexibilidad necesaria para ayudar a todas las familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad.

Desde las socimis explican que ven la vivienda como un bien de primera necesidad para sus inquilinos y en estos momentos de ERTE, despidos y situaciones personales muy complicadas, todo el sector va a arrimar el hombro con el fin de salir adelante.

Testa, socimi propiedad del gigante norteamericano Blackstone con una cartera de unas 11.000 viviendas, explica a Invertia que “con independencia de las medidas que pudiera adoptar el Gobierno y que en el momento actual se desconocen”, va a ser “flexible con posibles moratorias o plazos de pago para aquellos inquilinos que acrediten sus dificultades”. “Los casos se analizarán siempre uno a uno”, concreta.

De hecho, algunos de estos grandes tenedores como Lazora o CaixaBank ya han anunciado las primeras medidas sin esperar al Gobierno. En el caso de Lazora, ha confirmado el aplazamiento del pago de las rentas durante el periodo de estado de alarma y el fraccionamiento posterior, durante un año, de las rentas no abonadas. Por su parte, CaixaBank condonará los alquileres de las viviendas de su propiedad (más de 21.000) mientras dure esta situación extraordinaria.

El ejemplo de Sareb

La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) cuenta con tres ámbitos de actuación en el régimen de los alquileres: vivienda a precio de mercado, vivienda social y casos concretos de vulnerabilidad.

En el primero de ellos, dispone en la actualidad de 8.159 inmuebles alquilados repartidos por todo el territorio nacional. Algunos de estos contratos son gestionados desde el principio por Sareb y otros proceden de las antiguas cajas, de los cuales se han subrogado y se mantienen vigentes. La renta media de estos alquileres está en 450 euros al mes.

Por otro lado, dispone de viviendas sociales destinadas a alquileres asequibles. Aquí son los ayuntamientos y las comunidades autónomas quienes solicitan a Sareb inmuebles para alquilar donde hay necesidad. El organismo público las cede en usufructo mediante convenios temporales y los gobiernos regionales y locales las gestionan. Esta iniciativa partió en 2003 con 3.000 viviendas y recientemente ha lanzado otras 7.600 hasta llegar a una cartera de 10.000 a medio plazo.

En último lugar, Sareb gestiona directamente 300 expedientes de familias que están en situación de vulnerabilidad. Todos ellos son estudiados uno por uno con los servicios sociales de los ayuntamientos y comunidades y aplican moratorias en el pago cuando es necesario.

Guerra interna en el Gobierno

El primer responsable político en anunciar una posible moratoria o suspensión en el ámbito de los arrendamientos fue Pablo Iglesias la semana pasada, pocos días después de que el Consejo de Ministros aprobara esta medida en el caso de las hipotecas. El vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno de España dejó claro que “somos conscientes de que mucha gente puede verse en la situación de no poder pagar el alquiler”.

A medida que se han sucedido las ruedas de prensa de ministros estos últimos días, han ido confirmando que el Ejecutivo estudia cómo implementar esta medida. Pero no es sencillo. El 95% de la vivienda alquilada en España pertenece a particulares y detrás de esos pequeños propietarios hay personas que necesitan esos ingresos extra para completar su pensión o pagar la hipoteca de otra casa. Por tanto, hay que hilar muy fino para ayudar a los inquilinos sin perjudicar a los arrendadores individuales.

Bien lo sabe la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, quien ha tenido que lidiar estos últimos días con el ímpetu de su socio de coalición, quien dio por hecha esta medida cuando desde el Ejecutivo no se ha tomado una decisión definitiva a este respecto.

La propia Nadia Calviño ha asegurado en una entrevista a RNE este miércoles que “de lo que tenemos que asegurarnos es de que las medidas son efectivas y que no tienen un efecto negativo por otro lado, un daño colateral, si puedo utilizar este símil, porque en el ámbito del alquiler, como todo el mundo sabe, no es como en el hipotecario, que son los bancos los que están al otro lado de los ciudadanos, en este caso también hay pequeños propietarios, hay personas que dependen del pago de los alquileres para poder vivir, para poder pagar sus gastos”.