El grupo Baraka Capital Group, firma del empresario Trinitario Casanova, ha sufrido un revés judicial al desestimar la magistrada del Juzgado de Primera Instancia de Madrid  la demanda presentada en 2019 por contra Distrito Castellana Norte SA (DCN) y BBVA. También tendrá que aumir las costas. Sin embargo, fuentes de la compañía aseguran a este medio que "el partido está vivo".

Desde el departamento jurídico de Baraka explican a Invertia que la sentencia les ha sorprendido. El pasado 25 de marzo se celebró el juicio para dilucidar la demanda de Casanova. El escrito constaba de 36 tomos, por lo que consideran que "ha sido muy rápido".

Además, inciden desde la compañía, "esperábamos una sentencia muy fundamentada", ya que si Baraka, como dice la magistrada Ana Isabel Collado, carece de legitimación para el ejercicio de las acciones judiciales expuestas en demanda, lo podía haber dicho en el acto de juicio previo. "No vamos a juicio si no estamos seguros", afirman.

Los abogados de Trinitario Casanova alegan que, más allá de la reclamación de Baraka, "es una cuestión de justicia material". Para ellos "no es de recibo" que mil familias perdieran sus tierras por una expropiación cuyo destino sería un bien público y después un proyecto privado pueda hacer lo que quiere en ese terreno.

Por tanto, el grupo Baraka recurrirá la sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Madrid a la Audiencia Provincial. Tiene 20 días para interponer recurso de apelación desde su notificación previa prestación de depósito.

Argumentos de la jueza

La magistrada estima en la sentencia a la que ha tenido acceso Invertia que el Tribunal Supremo, en 2012, ya desestimó el recurso de los afectados, agrupados en una asociación llamada No Abuso y conocidos como reversionistas.

"Ninguno de los miembros de la Asociación No Abuso contaba en el momento de la interposición de la demanda con derecho de reversión alguno que pudiera transmitir a Baraka en tanto que presentada en 1999 por dicha asociación solicitud para que se declarase desafectados los inmuebles que conformaban los recintos ferroviarios de Chamartín y Fuencarral", afirma Ana Isabel Collado.

Desde la compañía defienden que la desafección de los terrenos no había ocurrido en 1999, pero sí en el momento que presentaron la demanda. De ahí la demanda por una cantidad de 713.786.683,94 euros, un precio "menor" al de mercado.