El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha acordado la apertura de juicio oral contra el presidente de Urbas, Juan Antonio Acedo Fernández, su antecesor, Juan Antonio Ibáñez Fernández, y otras 12 personas. Lo hace por las presuntas irregularidades cometidas en la ampliación de capital de la empresa en julio de 2015. Les impone una fianza solidaria de casi 16 millones de euros.
En un auto en el que se recogen los escritos de acusación, el titular del Juzgado Central de Instrucción 4 acuerda el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto de Urbas Grupo Financiero SA, de otras 6 personas jurídicas (Robisco Investment, Espartel Fund Investment, Euro Cometa, Corporate Leisure, Quantium Venture y Grant Thornton) y dos físicas al no existir indicios racionales de criminalidad contra ellos.
La resolución declara a la Sala de lo Penal como el órgano competente para el enjuiciamiento de este procedimiento, que se inició en 2017 a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción.
Fianza
Los acusados deben depositar la fianza en el plazo de 10 días de manera solidaria para asegurar las responsabilidades pecuniarias que puedan declararse pertinentes, y transcurrido dicho plazo se procedería al embargo de sus bienes para cubrir dicha cantidad.
Contra este auto no cabe recurso, excepto en lo relativo a la situación personal de los acusados, contra la que puede formularse recurso de reforma en el plazo de tres días y apelación en el de cinco.
Las actuaciones se incoaron con fecha de 26 de junio de 2017 en virtud de la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción, por entender que concurrían elementos indiciarios suficientes de la comisión de un delito de estafa, uno relativo al mercado y los consumidores y unos delitos societarios en la ampliación de capital de 2015.
La Fiscalía estimó que los directivos falsearon el valor de dicha ampliación de capital mediante una supuesta sobrevaloración de algunas de sus fincas.
La compañía explicó en su día que la ampliación de capital fue aprobada en la junta general de accionistas "conforme a los requisitos legales necesarios para su plena validez", sin que nadie la impugnara por los cauces reglamentarios.
Además, indicó que el valor de la operación consistente en la aportación de activos inmobiliarios fue validado por el informe emitido por el experto independiente designado por el Registro Mercantil y su contabilización fue sancionada por el auditor de la compañía, unos hechos que, según dijo, eran conocidos por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Según los registros de la CNMV, el accionista mayoritario del grupo es su expresidente Juan Antonio Ibáñez Fernández, cuya participación, que ostenta a través de Robisco Investment, asciende al 27,795%. El porcentaje con el que cuenta el actual presidente, Juan Antonio Acedo Fernández, a través de Quamtium Venture, es similar, del 27,719%, y lo convierte en el segundo accionista.
Alza Real Estate, con un 19,79%, es el tercer mayor accionista de la compañía. Por detrás se sitúan José Antonio Bartolomé Nicolás (5,266%), consejero externo de la empresa, y la sociedad Artagar (5,232%).