En concreto, el Ayuntamiento ha dado luz verde a las modificaciones incorporadas al documento de modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 para las fincas situadas en la calle de Serrano, número 69, y paseo de la Castellana, números 44 y 44 A, del distrito de Salamanca. Ambas son propiedad del Consorcio de Compensación de Seguros, ente adscrito al Ministerio de Economía.

Además de la ubicación privilegiada, las edificaciones cuentan con una superficie total de 4.568,37 m2 repartidas de la siguiente forma: Serrano 69 (con superficie de 704,37 m2) y Paseo de la Castellana 44 (con superficie de 737,40 m2), calificadas como uso dotacional de servicios colectivos, clase administración pública. También concurre esta calificación en el espacio ajardinado de 3.126,60 m2 incluido en el ámbito. 

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El proyecto de creación del edificio de Serrano 69 se remonta a finales de 1979. Fernando Higueras (Premio Nacional de Arquitectura en 1960) fue el ganador del concurso para su construcción.

Es un edificio muy peculiar formado por moldes prefabricados de hormigón en los que se pretendía que la vegetación adquiriera un gran protagonismo. Sin embargo, esto último no se cumple del todo. Lo que debería ser una cubierta repleta de verde se reduce a unas cuantas plantas que cuelgan.

Problemas

Desde su construcción, siempre ha estado rodeado de problemas por el uso que se le otorgó. Así, el Consorcio de Compensación de Seguros presentó una solicitud el 20 de octubre de 2011 de tramitación de una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 por error material que afectaba a estas dos fincas.

En dicha solicitud se expuso que el plan de 1997 calificó dos parcelas como Administración Pública sin tener en cuenta que desde el origen ambas fincas estaban destinadas por la planificación urbanística a uso terciario de oficinas, actuación que quizá pudo deberse al carácter público de los usuarios y/o arrendatarios del edificio en el momento de la redacción del plan.

Edificio de la calle Serrano 69, en Madrid. Fundación Fernando Higueras Díaz.

Después, en 2014, hubo otro intento de recuperar la calificación de terciario de oficinas a través de una modificación del plan del consistorio liderado entonces por Ana Botella. Pero el proceso se atascó judicialmente. Tres años después, el ayuntamiento -esta vez con Manuela Carmena- interpuso recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo de 28 de febrero de 2017 del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. 

Al parecer había problemas en que la Comunidad de Madrid ampara la posibilidad de solicitar y obtener una licencia de actividad que modifique la actividad de administración pública a servicios terciarios, sin la opción de que el Ayuntamiento exigiera el cumplimiento de unos deberes que expresamente el acuerdo ha omitido. 

“Esto supondría el paso de una actividad dotacional a una actividad calificada como lucrativa sin previo cumplimiento de los deberes urbanísticos que entiende al Ayuntamiento que de la misma se derivan y que difícilmente podrán ser exigidos si los inmuebles son enajenados a terceros bajo la apariencia de un planeamiento que, en los términos que ha sido aprobado en la actualidad, no hacen exigible su cumplimiento”, según se desprende de la sentencia del 28 de marzo de 2018, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

A pesar de ello, y en 2014, las oficinas estaban ocupadas por una sociedad participada por el Banco de Santander, concretamente Santander Asset Management. Su llegada también estuvo envuelta en problemas por el tipo de uso. 

Con las oficinas de nuevo vacías y la nueva modificación del plan, la cuestión ahora será ver quién ocupa de nuevo estos edificios. Según publicó ‘Cinco Días’ en verano, el despacho Ecija firmó el traslado de su sede corporativa, actualmente sita en el distrito de las Cuatro Torres, a este edificio. 

Independientemente de ello, lo único seguro es que tras años de litigios y desavenencias entre Ayuntamiento y Comunidad, al final en noviembre de este año el consistorio madrileño aprobó las modificaciones para reformar el plan para estos dos edificios y someterlo nuevamente al trámite de información pública.