Las administraciones públicas españolas suspenden al aplicar la legislación para su digitalización, según EY
Las administraciones públicas españolas deben abordar un plan estratégico integral de transformación digital que les permita adaptarse a la nueva realidad que necesitan ciudadanos y empresas, ya que todas las entidades del sector público analizadas en un estudio de EY (17 comunidades autónomas, 52 diputaciones y cabildos, y 21 de los ayuntamientos principales) suspenden en la aplicación de las obligaciones recogidas en la legislación.
El informe 'La Administración Digital en España' de EY, que analiza el grado de madurez digital de las administraciones públicas desde la perspectiva del usuario, incide en que ninguna administración cumple con todos los requerimientos básicos recogidos en la regulación vigente (Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común, y 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público).
La firma resalta que estas normas suponen "un cambio de paradigma" en la prestación de los servicios públicos y el funcionamiento de las administraciones públicas españolas y sientan las bases para su funcionamiento digital. La implantación de ambas es progresiva, teniendo que estar en vigor en su totalidad en octubre de 2020, tras la moratoria aprobada a finales de 2018.
En concreto, el análisis realizado por EY, mediante el uso de analytics, señala que las comunidades autónomas cumplen de media el 77% de los requerimientos básicos contenidos en dichas leyes. El País Vasco es la más avanzada en funcionamiento digital, al cumplir el 94,7% de estas exigencias, seguida de Galicia (94,2%), Cataluña (93,5%), Asturias (90,2%) y Madrid (89,5%). Por el contrario, Extremadura es la región con peor desempeño al cumplir solo con el 47,9%.
En lo que respecta a las diputaciones y cabildos, el análisis de EY pone de manifiesto que cumplen de media el 64% de los requerimientos básicos. Las diputaciones de Guipúzcoa, Sevilla, Almería, Vizcaya y el Cabildo de Gran Canaria son las que más se acercan a la digitalización básica que exigirá la Ley en 2020, mientras que en el lado contrario figuran el Cabildo de La Gomera y las Diputaciones de Guadalajara, Cuenca, Toledo y Soria.
Por su parte, entre los principales ayuntamientos españoles la media de cumplimiento básico se sitúa en un 64,5%. El consistorio de Valencia es el que mejor adecua sus procedimientos digitales a los requerimientos básicos, ya que cumple el 87%, seguido de los Ayuntamientos de Hospitalet (82,8%), Madrid y Málaga (ambos con un 81,4%), y Barcelona (79,1%). Por el contrario, los Ayuntamientos de Mérida, Elche, Sevilla, Córdoba y La Coruña son los menos avanzados en funcionamiento digital.
