10 de las 17 Comunidades Autónomas en España apuestan por el software libre

MADRID, 20 (Portaltic/EP)

Más de la mitad de los gobiernos autonómicos españoles ya optan por la utilización del software libre o herramientas basadas en él por los beneficios que suponen para las administraciones públicas, aunque desde la compañía de seguridad de aplicaciones Veracode avisan de la importancia de securizar este software libre para aprovechar todo su potencial.

Según un comunicado de la compañía, el uso de este tipo de 'software' de código abierto sobre todo se centra en el ámbito educativo y en los servicios municipales, y está presente en diez de las 17 Comunidades Autónomas.

Así, es el caso de la Junta de Extremadura, que fue pionera en implementar en 2001 su propia distribución de Linux (gnuLinEx) como sistema operativo de los ordenadores de la Junta y los centros educativos extremeños. También es el caso de la Junta de Andalucía, que ha impulsado el software libre con un sistema operativo y un conjunto de aplicaciones denominado Guadalinex, para las administraciones y los centros educativos.

Por su parte, Cataluña, la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid se han enfocado más en el ámbito educativo, y han creado las distribuciones Linkat, Lliurex y Max, respectivamente, para facilitar el acceso a las TIC a la comunidad educativa, tanto a profesores como a alumnos.

En el caso del País Vasco, esta Comunidad Autónoma se convirtió en la primera administración de España y Europa en regular a este nivel la contratación de software público, con la aprobación del Decreto de Reutilización del Software en 2012. Antes, en 2010, había creado la oficina técnica de apoyo al Software Libre (SALE) para liderar las actuaciones en materia de software libre del gobierno.

El gobierno canario y las islas Baleares también apuestan por ello, pero en su caso orientado más a gestionar las bases de datos de la administración. Galicia ha establecido el 'Plan de software libre 2018' para la reutilización de software y contenidos en la administración; y el Principado de Asturias ya ha aprobado '¿Dinero Público? ¡Código Público!' una iniciativa con la que busca convencer al gobierno asturiano de la implantación del software libre en la administración pública asturiana.

En cuanto a los ayuntamientos, el de Barcelona se sitúa a la cabeza. En 2019 casi el 80 por ciento de la inversión TI de la ciudad será de código abierto y para 2020 esperan llegar al cien por cien. Un ejemplo de proyecto es Barcelona Smart City, iniciativa con la que se están implementando sensores de código abierto de Sentilo por la ciudad.

Por su parte, la plataforma Decide Madrid, creada por el área de participación ciudadana, transparencia y gobierno abierto del ayuntamiento de la capital, se basa en Consul, una herramienta de código abierto de desarrollo propio que ha sido replicada en 33 países y que es usada por más de cien instituciones de todo el mundo. Otros ayuntamientos de grandes ciudades también tienen proyectos 'open source' en marcha, como es el caso de Zaragoza o A Coruña.

Los beneficios de este tipo de software suponen un ahorro en las arcas públicas por la reducción de costes de sus servicios, como indican esde Veracode, y además, con la distribución abierta, se promueve la retroalimentación y la colaboración al permitir a las administraciones y a los ciudadanos el acceso a diferentes estándares que les pueden ser de utilidad.

A pesar de ello, la compañía advierte del riesgo de seguridad y de las vulnerabilidades que puede entrañar el código abierto. El carácter esencial de los servicios públicos hace que una brecha de seguridad en un sistema operativo o aplicación puede llevar a la merma en la operatividad o incluso el colapso de servicios tan importantes para el Estado de bienestar como la Sanidad. Por otro lado, la pérdida o sustracción de datos personales también puede generar un problema para los ciudadanos.

Tampoco hay que olvidar la responsabilidad con los ciudadanos. Las Administraciones dependen de la financiación pública y están sujetas al escrutinio de los ciudadanos a través de sus representantes políticos y otros órganos de control. Por ello, deben contar con una mayor exigencia en la protección y seguridad de sus servicios.