Operadores locales de telecomunicaciones han presentado recursos ante la Secretaría de Estado para el Avance Digital (SEAD) para solicitar que se anule por "ilegal" la apertura de un segundo plazo para la presentación de proyectos a las ayudas a la extensión de la banda ancha en España convocadas por el Ministerio de Economía y Empresa y cuyo importe total asciende a 150 millones de euros.

Según ha informado la Asociación Nacional de Operadores Locales de Telecomunicaciones (Aotec), los recursos de reposición han sido interpuestos por empresas que han presentado sus proyectos en el primer plazo dado para la convocatoria de ayudas, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 17 de abril de 2019, y que concluyó el 27 de mayo.

Estas operadoras argumentan que la apertura de un segundo periodo de presentación de proyectos a la convocatoria contraviene la legislación vigente, dado que se hizo dos meses después de que se cerrara el primero (el 2 de julio) e inciden en que reabrir la presentación de solicitudes es "ilegal".

"Ni la resolución por la que se realizó la convocatoria inicial de ayudas en abril, ni las bases de la misma, ni la normativa de subvenciones y procedimiento administrativo prevén que se pueda reabrir el plazo" de presentación de solicitudes, remarcan.

A este respecto, añade que la legislación vigente permite que se tome la decisión de realizar una ampliación únicamente dentro del periodo convocado y como máximo añadiendo la mitad del tiempo de la primera convocatoria, por lo que el Gobierno debería haber realizado la ampliación antes del 27 de mayo.

"Por tanto, al incumplirse la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, esta segunda convocatoria debería anularse", resaltan las compañías afectadas.

MERMA DE POSIBILIDADES

Por otro lado, recuerdan que la decisión del Gobierno "afecta a los intereses de todos los que legítimamente se han presentado a la convocatoria de ayudas", dado que implica "una merma de las posibilidades de ser beneficiario" al otorgar más tiempo para que nuevas empresas compitan por los incentivos, perjudicando así sus posibilidades de recibir fondos a la extensión de la banda ancha.

Asimismo, recuerdan que estas ayudas ya nacieron con un error en los plazos, dado que el Ejecutivo tuvo que realizar una corrección y extenderlo hasta el 27 de mayo porque no se cumplía con el mínimo de 20 días hábiles que tiene que otorgarse en cualquier convocatoria de incentivos según la Ley de Subvenciones.

Además, agregan que a esto se une un segundo fallo, el de una distribución de fondos por provincias incorrecta, cuya subsanación ha sido la "excusa" utilizada para abrir la presentación de solicitudes. En su opinión, para los afectados la corrección en las cuantías de los fondos "en ningún caso hacen imposible la continuidad de la convocatoria" y no justifica de modo alguno la decisión de reabrir el periodo de peticiones.

Por último, los operadores locales de telecomunicaciones recuerdan que el Reglamento de la Ley General de Subvenciones prohíbe taxativamente la reapertura de plazos incluso cuando se trata de una ampliación del crédito de una convocatoria de incentivos.