Países Bajos espera recaudar un mínimo de 900 millones con su primera subasta 5G
El Ejecutivo abre la puerta a excluir a Huawei y otros fabricantes del despliegue de redes
El Gobierno de Países Bajos comenzará a subastar los primeros tramos de espectro radioeléctrico destinado al despliegue de la nueva tecnología móvil 5G en 2020, para lo que espera recaudar un mínimo de 900 millones de euros, según ha informado este jueves el Ministerio de Asuntos Económicos y Política Climática.
En concreto, en primavera del año que viene, el Ejecutivo holandés subastará las bandas de 700 MHz, 1400 MHz y 2100 MHz, a la que concurrirán, según sus estimaciones, al menos tres empresas.
El Gobierno ha afirmado que tomará "medidas" para asegurarse de que las empresas participantes tengan acceso, como máximo, al 40% del total de frecuencias subastadas, lo que permite que, como mínimo, sean tres empresas las adjudicatarias de espectro. "De esta forma, el Ministerio de Asuntos Económicos se asegura de que hay suficiente competencia en el mercado de telecomunicaciones, lo que provoca calidad, innovación y precios razonables para los consumidores", ha indicado.
Por otro lado, el Ejecutivo ha abierto la puerta a excluir a Huawei y otros fabricantes chinos de tecnología de telecomunicaciones del despliegue del 5G en el país.
"Los proveedores de telecomunicaciones en Países Bajos podrán ser obligados a excluir a ciertos fabricantes con arreglo a criterios como la sospecha de abuso o espionaje", ha subrayado el Ministerio.
"En julio, el Gobierno anunció sus medidas para proteger los servicios de telecomunicaciones, como las futuras redes 5G, contra amenazas como espionaje o sabotaje. Una de estas medidas es la posibilidad de imponer altas exigencias extraordinarias a los proveedores de servicios y productos", ha explicado el Ejecutivo, agregando que las partes "críticas" de las redes podrán ser suministradas solamente por "proveedores confiables".
Se podrá excluir a ciertos proveedores si Ámsterdam determina que existe una "conexión estrecha" o un "control legal" por parte de autoridades extranjeras o de empresas y servicios de inteligencia "involucrados en espionaje, influencia o sabotaje".
