La Comisión Europea (CE) ha avalado la concesión de 400 millones de euros en ayudas públicas para el despliegue de redes de banda ancha de muy alta velocidad en España en el periodo comprendido entre 2020 y 2022, una medida que beneficiará a los consumidores y las empresas que se encuentren en zonas del país que cuentan actualmente con una conectividad insuficiente.
En un comunicado, la CE detalla que el objetivo de este programa de ayudas es abordar los déficits de conectividad en toda España y "mejorar y acelerar" la cobertura con redes de muy alta velocidad con el fin de lograr la conectividad a Internet necesaria para apoyar el Mercado Único Digital europeo.
En concreto, la medida apoyará el despliegue de redes capaces de proporcionar velocidades de carga y descarga de 300 megabits por segundo (Mbps), ampliables a 1 gigabit por segundo (Gbps) a zonas específicas. Las nuevas redes cubrirán zonas en las que no están presentes ni previstas en un futuro próximo redes de alta velocidad que ofrezcan velocidades de descarga de al menos 30 Mbps.
En menor medida, cubrirá igualmente zonas en las que ya está presente o prevista en un futuro próximo una red de alta velocidad, pero en las que no existe ni está prevista una red que permita una descarga de más de 100 Mbps. Las nuevas redes también darán acceso a mejores servicios de banda ancha, lo que estimulará el desarrollo de una economía digital moderna.
La vicepresidenta ejecutiva responsable de la política de competencia de la CE, Margrethe Vestager, ha señalado que los consumidores y las empresas españoles deben beneficiarse del todo el potencial que encierra el crecimiento digital, "con independencia de dónde se encuentren", y ha remarcado que esta medida abordará la brecha digital entre las zonas urbanas y rurales de España.
"Con esta decisión respaldamos una vez más el uso de fondos públicos para los servicios de Internet de muy alta velocidad destinados a los hogares y las empresas en zonas donde la inversión privada es insuficiente", ha incidido.
Bruselas señala que las autoridades españolas han elaborado un inventario completo de las infraestructuras disponibles actualmente y han llevado a cabo consultas públicas para determinar las zonas objetivo. Además, se llevarán a cabo nuevas consultas públicas para garantizar que se limiten al mínimo las distorsiones de la competencia.
Todas las redes financiadas con cargo a la medida ofrecerán acceso al por mayor a todos los operadores de forma abierta, transparente y no discriminatoria, por lo que incentivarán las inversiones privadas en la prestación de servicios de Internet de alta velocidad a los hogares y las empresas en las zonas objetivo.
ACORDE A LAS NORMAS SOBRE AYUDAS ESTATALES
La Comisión evaluó la medida con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la UE, en particular sus Directrices sobre banda ancha de 2013, y llegó a la conclusión de que los efectos positivos del régimen sobre la competencia en el mercado español de banda ancha superan los posibles efectos negativos provocados por la intervención pública.
Las Directrices sobre banda ancha de 2013 vigentes permiten tales inversiones públicas cuando exista un fallo del mercado y cuando estas inversiones supongan una mejora significativa (cambio considerable) y están supeditadas a ciertos otros parámetros para proteger la competencia e incentivar la inversión privada.
La medida aprobada es la prolongación de un régimen español anterior, avalado por la Comisión en 2013 y que pretendía apoyar el despliegue de redes de acceso de próxima generación en zonas insuficientemente cubiertas. "La conectividad de banda ancha reviste una importancia estratégica para el crecimiento y la innovación en todos los sectores de la economía europea, así como para la cohesión social y territorial", incide.
Asimismo, Bruselas remarca que este régimen de ayudas contribuirá a los objetivos estratégicos de la Unión Europea (UE) establecidos en la Agenda Digital para Europa y en la Comunicación 'Hacia una sociedad europea del Gigabit, que define los objetivos de conectividad que han de alcanzarse de aquí a 2025.
En concreto, para ese año se debe alcanzar la conexión de todos los hogares europeos a redes de muy alta velocidad con una velocidad potencial de descarga de al menos 100 Mbps, ampliable a 1 Gbps, para permitir el uso generalizado de productos, servicios y aplicaciones en el mercado único digital.