El Real Decreto Ley (RDL) que se publicará este miércoles con nuevas medidas económicas para mitigar los efectos del coronavirus, ha generado un nuevo cisma entre las operadoras de telecomunicaciones.

El RDL devolverá las portabilidades a las operadoras solo dos semanas después de prohibirlas. La decisión de mediados del mes pasado se argumentó para proteger la seguridad de los empleados que realizan instalaciones y centrar los esfuerzos de las operadoras en mantener sus redes, que llevan soportando cargas de más del 50% superiores desde que comenzara el confinamiento. 

La nueva normativa permite cambios de operadoras -sin desplazamientos a domicilio- y, por tanto, la vuelta oficiosa de la actividad comercial de las telecos, aunque sea solo a las portabilidades de teléfonos móviles. Una medida que ha generado gran sorpresa y descontento entre las tres grandes compañías del sector: Telefónica, Orange y Vodafone.

En privado reconocen que es una mala decisión que pone en riesgo la buena marcha de la red, sometida a presiones sin precedentes. En las últimas dos semanas el personal que está en la calle solo trabaja en el mantenimiento de la red y en vigilar que todo funciona correctamente. Con la vuelta de las portabilidades deberán volver a realizar actividad comercial.

Con las medidas aprobadas el martes, los técnicos que quedaban trabajando en la calle y en las tiendas de telecomunicaciones aún abiertas, deberán dedicarse a la gestión de portabilidades y no a la atención al cliente y ayuda a los ciudadanos, como sí parecía desprenderse del RDL y como sucede en países de nuestro entorno como Portugal.

Portabilidad móvil

Las grandes telecos consideran que la 'relajación' de la suspensión de la portabilidad podría poner en riesgo la capacidad de los operadores de atender las actividades relacionadas con asegurar el servicio (nuevas altas, modificaciones de contratos vigentes, atención, mantenimiento) y garantizar la conectividad de todos sus clientes.

De esta manera, se desvían recursos actualmente limitados y enfocados en otras prioridades críticas y relevantes en este contexto de estado de alarma, hacia actividades promocionales que en los momentos actuales deberían ser un interés de segundo orden, según indican.

El objetivo de estas operadoras, en el que además están de acuerdo los sindicatos como así lo han indicado públicamente los empleados de Telefónica, es limitar al máximo las intervenciones físicas en los domicilios o establecimientos de los clientes, algo que torpedea esta nueva medida.

Indican además que el nuevo escenario deja abierta la puerta a la picaresca de las portabilidades fijas encubiertas, al tramitar la portabilidad móvil y luego instar al cliente a dar de baja su línea fija -cuyo número no es de vital importancia para casi nadie- y tramitar luego un alta nueva.

Las operadoras consultadas consideran que se ponen en riesgo los dos únicos objetivos del decreto original: la salud de los trabajadores y mantener la red funcionando. Indican que todo esto se pondrá en riesgo por la vuelta de una guerra comercial que en estos momentos de emergencia y de estado de alarma, carece de sentido, según indican.