La gran asignatura pendiente de España es la innovación, según coinciden de manera casi unánime empresas, patronales y científicos. Una situación que reviste aún más gravedad de cara a la reconstrucción económica en la que trabajan todos los gobiernos en el mundo para afrontar el mundo post coronavirus.
Las empresas tecnológicas coinciden en que nuestro país debería apostar aún más por el sector y por desarrollar políticas de Estado que beneficien el I+D. Y es que el diagnóstico es generalizado: los sucesivos gobiernos, incluyendo el de Pedro Sánchez, suelen hacer guiños públicos prometiendo interés en la innovación, pero estas promesas nunca terminan de cuajar en recursos reales para el sector.
España sigue siendo uno de los países que menos invierte en I+D de toda la Unión Europea, pese a que atravesamos por el momento de mayor desarrollo tecnológico y de innovación de la historia de la humanidad.
La semana pasada la voz de alarma la dio la Fundación Cotec, que recordó que en 2018 la inversión en I+D aumentó por cuarto año consecutivo, incrementando también su peso en la estructura productiva hasta el 1,24% del PIB. Sin embargo, esta cifra es muy inferior a la del 1,40% que se alcanzó en 2010 y que es el valor máximo logrado en lo que va de siglo.
Según los últimos datos disponibles de Eurostat, la media de gasto estatal en I+D interna de la Unión Europea (UE) fue de 2,12% en 2018, liderada por países como Alemania, Dinamarca, Austria o Suecia, que superaron el 3%, porcentaje que triplicó el gasto español.
Inversión en Europa
El problema es que otros países con economías mucho más pequeñas que España como Bélgica (2,76%), Países Bajos (2,16) o República Checa (1,93%) superan largamente los esfuerzos españoles. Un déficit que año tras año se va acumulando respecto a nuestros vecinos y competidores en el mercado común que cada vez es más digital y que premia la innovación.
En las sucesivas elecciones del año 2019 prácticamente todos los partidos políticos se comprometieron a elevar al 2% del PIB la inversión en I+D, lo que equivaldría a unos 20.000 millones de euros al año. El PSOE llegó incluso a prometer en algunos de sus programas electorales un 2,5%, 25.000 millones.
El problema es que ninguna de estas cifras se reflejan finalmente en los Presupuestos Generales del Estado, prorrogados desde hace hace tres años con las cuentas del Gobierno de Mariano Rajoy. Una situación que ha perjudicado al sector.
En un reciente encuentro organizado por DigitalES, patronal tecnológica, la ministra de Industria Reyes Maroto recordó que el principal reto del Gobierno es "seguir generando valor absoluto e inmediato". "Creo firmemente que la industria española ha de seguir generando cadena de valor y si antes era necesario ahora es urgente. Tenemos una buena base, pero hay que potenciar la actuación conjunta y coordinada de lo público y privado".
En esta línea, la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, planteó esta semana ante la mesa de reconstrucción un gran acuerdo nacional para sacar adelante seis pactos entre los que incluyó uno por el emprendimiento y la transformación digital, en el que se incluiría el desarrollo 5G o la futura ley de start-ups.
Propuestas de DigitalES
Palabras que suenan bien para el sector, pero que no terminan de convencer a las empresas mientras no existan hechos reales. Alicia Richart, directora general de DigitalES, ya advirtió en el encuentro con Reyes Maroto que la crisis del Covid había dejado en evidencia que la economía española es actualmente sólo de servicios de bajo valor y que nuestro país necesita una "industrialización digital fuerte".
De hecho, la patronal que agrupa a todas las operadoras de telecomunicaciones y a tecnológicas propuso hace unos días un plan de choque del sector digital para ayudar a la economía a superar la crisis del Covid.
En este plan abogan por promover soluciones digitales IoT y big data basados en redes móviles para controlar la pandemia, incentivos fiscales para facilitar el despliegue de redes y la inversión en infraestructuras, evitar la imposición de nuevas figuras fiscales o la puesta en marcha de Programas de Talento Digital con el objetivo de impulsar la formación de personas desempleadas o en situación de ERTE y facilitar su acceso al nuevo mercado laboral emergente, basado en la tecnología y las competencias digitales.
También propusieron una modernización de las políticas públicas, con tres grandes Planes Generales para la E-Salud, la E-Educación y la E-Administración, acompañados de un Plan General de Ciberseguridad. Junto a todo ello, y entre otras medidas, propusieron impulsar la tecnología para promocionar dentro y fuera de España el turismo, uno de los sectores más afectados.
Proyectos de Ametic
Por su parte, Ametic, patronal de empresas digitales, ha propuesto cuatro grandes proyectos que impulsan la digitalización en España. El primero tiene que ver con digitalización para la gestión integral de la salud, con el ciudadano en el centro, reduciendo un tercio la mortalidad prematura y facilitando la gestión de crisis sanitarias tipo Covid-19.
El segundo proyecto es la digitalización de los destinos turísticos y de la pymes del sector para recuperar la confianza del turismo post-Covid y mejorar la competitividad de un sector clave de la economía y del empleo. El tercer lugar, piden impulsar servicios de movilidad accesible y asequible, que optimicen la circulación de personas y mercancías con soluciones globales de movilidad que afectan tanto a los vehículos como a las infraestructuras.
En cuarto lugar piden la digitalización de la red agroalimentaria mejorando la competitividad del sector primario, la seguridad alimentaria, alineando oferta-demanda y reduciendo el impacto medioambiental. "Con la puesta en marcha de estos macroproyectos tractores la competitividad del país mejoraría y España pasaría de ser consumidor a productor y exportador de tecnología digital", sostiene Ametic.
En definitiva, el sector reconoce los esfuerzos estatales, pero considera que llevan demasiado tiempo prometiendo recursos que finalmente nunca llegan. Es por eso que ahora piden firmeza y proyectos reales que se trasladen a la inversión de los Prepuestos Generales del Estado, de lo contrario seguirán siendo "sólo buenas intenciones".