Cuando el pasado 28 de febrero el Gobierno presentó ante el Congreso el Proyecto de Ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales dibujó la posibilidad de una tramitación rápida y un escenario que le hubiese permitido poder recaudar este impuesto a partir del segundo trimestre de este mismo año. 

No obstante, la pandemia del Covid y el confinamiento e hibernación de la economía que se produjo solo quince después de la presentación de este proyecto trastocó todos los plazos y, por el momento, ya excluye el cobro del segundo trimestre y pone en duda el cobro del tercer trimestre.

Según consta en el proyecto remitido a las Cortes y que este jueves será sometido a la enmienda a totalidad de su articulado, la disposición final cuarta indicaba que "las autoliquidaciones e ingresos correspondientes al segundo y tercer trimestres del año 2020, así como el ingreso de la respectiva deuda tributaria, no se exigirán, en todo caso, antes del 20 de diciembre".

El impuesto está concebido para que su liquidación se produjese de manera trimestral y según fuentes del Ministerio de Hacienda, el objetivo de la redacción de esta enmienda era "garantizar que el impuesto no se exigiría hasta final de año". De hecho, otras fuentes parlamentarias indican que esta redacción se realizó en el supuesto de que la tramitación hubiese sido rápida, algo que no ha pasado.

En cualquier caso, desde Hacienda descartan a este periódico que la tasa que gravará a las grandes tecnológicas en ningún caso se aplicará de manera retroactiva. Esto significa que el tercer trimestre solo se incluirá en el cobro si es que la ley logra estar en vigor antes del 31 de septiembre de este año. Si pasa esta fecha ya no podría incluir este periodo de liquidación.

Tramitación parlamentaria

Los plazos que maneja Moncloa estarían muy justos con estas fechas. La idea es poder aprobar la tasa entre septiembre y octubre para tenerla publicada a finales de este año. Si el nuevo impuesto se publica en el BOE entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre, solo se cobrará el cuarto trimestre.

Este matiz es importante, porque del periodo de cobro depende lo que pueda ingresar el Estado este año por esta tasa. Las últimas previsiones de Hacienda rebajaron hasta los 968 millones de euros sus previsiones anuales recaudatorias, 232 millones de euros menos que lo previsto inicialmente.

Si en este cobro se incluyen dos trimestres, se obtendría aproximadamente la mitad de estas estimaciones, pero si solo entra uno, la recaudación prevista se reduce a una cuarta parte, unos 242 millones, frente a los 726 que se hubiesen podido recaudar si es que el proyecto se hubiese aprobado de manera exprés antes del 31 de marzo.

Este jueves se tramitará en el Congreso la enmienda a la totalidad del proyecto propuestas por el Partido Popular, Vox y Ciudadanos. El Ejecutivo espera que esta enmienda no salga adelante porque no cuentan con los votos necesarios lo que abocaría a un análisis de las enmiendas particulares.

Este proceso podría tardar un mes más y considerando que en agosto se paralizaría la actividad parlamentaria, pocos creen que el proyecto esté activado antes de diciembre. De hecho, en el propio proyecto hay una disposición que indica que la Ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Una situación que retrasaría aún más los plazos.

Características de la tasa

El proyecto parte de la base de que las grandes empresas digitales no tributan en nuestro país los impuestos equivalentes a la actividad económica que registran en nuestro país como Google, Amazon, Facebook o Twitter. También advierte que el actual sistema tributario no reconoce el papel que desempeñan los usuarios "en la generación de valor para las empresas más digitalizadas mediante el suministro de datos o la generación de contenidos o como componentes de las redes en que se basan muchos modelos de negocio digitales".

Es así como el proyecto gravará a partir de un tipo del 3% a los ingresos generados por servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea como los que prestan las redes sociales y la venta de datos obtenidos a partir de información proporcionada por el usuario. 

Deberán abonarla empresas cuyo importe neto de cifra de negocios supere los 750 millones de euros al año y que el importe total de sus ingresos derivados de prestaciones de servicios digitales esté por encima de los tres millones. El Ejecutivo dice en el proyecto que será transitorio mientras la OCDE acuerda un impuesto digital unificado de aplicación en todos sus países miembros.

Esta semana Ametic, IAB Spain, la Asociación Española de Startups y la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital), manifestaron su rechazo al desarrollo "unilateral" de un impuesto digital en España y pidieron al Gobierno que reconsiderara su posición hasta que se alcanzara un acuerdo en el ámbito internacional.

Las cuatro entidades advirtieron de los efectos negativos que esta medida tendrá para el conjunto de la economía española, que quedaría abocada a ser “menos productiva, menos innovadora, menos emprendedora y, en consecuencia, menos competitiva a nivel global”. Estas entidades indican que a la larga se terminará perjudicando a empresas subsidiarias y start-ups, por lo que piden que cualquier movimiento en este sentido se haga en el marco de la OCDE.

Críticas al proyecto

“Aunque se supone que los umbrales del impuesto afectarían solo a las grandes multinacionales, en realidad aquellas subsidiarias que pertenecen a grupos nacionales más grandes que cumplieran los criterios fijados se verían plenamente afectadas lastrando su competitividad en un mundo tan globalizado”.

Por su parte, la Asociación Española de Asesores Fiscales (AedaF) avisó de que la implantación en España del impuesto no tendrá "daños colaterales" solo si se realiza de manera "unánime y generalizada" en el seno de la OCDE y la UE.

Este impuesto se tramita en España en medio de la incipiente guerra entre Estados Unidos y Europa por la aplicación de una tasa Google en todos los países de la UE. Este miércoles Bruselas avisó al presidente norteamericano, Donald Trump, de que responderá "al unísono" frente a posibles sanciones de Washington por la tasa digital que preparan la UE y varios de sus Estados miembros, entre ellos España, con el objetivo de que gigantes tecnológicos paguen más impuestos en Europa.

La advertencia del Ejecutivo comunitario se produce después de que la Casa Blanca haya anunciado una investigación contra España, Austria, República Checa e Italia -así como contra la propia Unión Europea- por sus respectivos proyectos de 'tasa Google'. El procedimiento sancionador de EEUU afecta además a otros países del mundo como Brasil, India, Indonesia, Turquía y Reino Unido.