Cinco meses perdidos: ni Celaá ni las autonomías han digitalizado los colegios
Las empresas tecnológicas demandan más coordinación en un curso en el que los brotes de la pandemia siguen presentes.
27 agosto, 2020 02:39Noticias relacionadas
- Isabel Celaá ve "exceso de alarma" y cambia otra vez de criterio: mascarilla a partir de los 6 años
- Los padres podrán cogerse la baja retribuida si sus hijos tienen Covid: la nueva idea del Gobierno
- El justificante que exime a los niños de ir a clase que circula por los WhatsApp de los padres: ¿es legal?
A dos semanas de que comience el que será el curso escolar más convulso de la historia, España sigue sin tener una estrategia digital, ni del Ministerio de Educación, que lidera Isabel Celaá, ni de las comunidades autónomas. Un pacto que permita a todos los colegios contar con el equipamiento tecnológico suficiente para los retos que presenta una pandemia que, por primera vez, deberá convivir con las clases presenciales.
El único programa estatal en vigor para digitalizar colegios, el denominado Escuelas Conectadas, solo ha invertido 230 millones de euros en cinco años para llevar la banda ancha ultrarrápida a los centros docentes españoles. A él se suma un plan anunciado en verano, pero todavía no ejecutado, para dotar de equipos a los colegios por valor de 260 millones de euros. Si consideramos que el presupuesto anual en Educación es de 47.000 millones, la inversión se antoja escasa.
Una situación que preocupa a las empresas tecnológicas con las que ha hablado este periódico. En momentos en los que se necesita que todos los colegios tengan la mejor conexión de fibra óptica, el mejor equipamiento posible con tablets y portátiles que permitan la educación a distancia si es necesario, la administración central vuelve a descargar toda la responsabilidad en las autonomías y España carece de una estrategia coordinada.
Operadoras de telecomunicaciones y fabricantes coinciden en que este habría sido el momento propicio para abordar de verdad la digitalización de la educación y aprovechar la coyuntura de la pandemia para reducir drásticamente la brecha digital, en especial en los colegios públicos.
Haber puesto en marcha hace cinco meses una estrategia nacional y coordinada de digitalización de los colegios, cuando estábamos en pleno confinamiento, podría haber supuesto que a las puertas del comienzo del nuevo curso todas las escuelas ya tendrían una cobertura de fibra óptica superior a los 100 megas y contarían con el equipamiento suficiente para que todos sus alumnos tuviesen, al menos, un dispositivo para tener clases a distancia.
De hecho, las empresas con las que ha hablado Invertia hablan de una oportunidad perdida y de cinco meses "tirados por la borda", ya que en estos momentos solo hay proyectos aislados y algunas iniciativas implementadas a contrarreloj para comprar equipamiento, como es el caso de Madrid o Cataluña.
La Comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso anunció la instalación de 6.000 cámaras y la compra de 70.000 equipos. Si esta compra se hiciese de manera centralizada para todas las autonomías, el precio sería mucho menor y las condiciones mucho más ventajosas.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el tramo de ingresos más bajos (900 euros mensuales netos o menos), el 9,2% de los hogares españoles con niños carecen de acceso a Internet, lo que representa que cerca de 100.000 hogares no pueden conectarse a la red.
Por su parte, únicamente el 0,4% de los hogares con mayores ingresos (más de 3.000 euros netos al mes) no cuentan con acceso a la Red. Una brecha digital que se ha hecho más patente durante el confinamiento y ante la imposibilidad de miles de niños de acceder a las clases virtuales.
La Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los hogares, elaborada por el INE en 2019, concluía que entre los hogares con hijos en España había 792.048 sin dispositivos electrónicos y 284.243 sin conexión a internet.
Del mismo modo, en el último informe de la Fundación Cotec se indica que mientras que el 71% de los directores de escuelas privadas considera que su centro cuenta con una plataforma eficaz para facilitar el aprendizaje en línea, el porcentaje cae hasta el 55% entre los directores de centros concertados y al 49% entre los de centros públicos.
Una situación que está directamente relacionada con la inversión realizada en el último lustro en la digitalización directa de los colegios. En 2015 el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó el plan Escuelas Conectadas, que originalmente contaba con 330 millones de euros de fondos FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) y el objetivo era llegar a 6,5 millones de alumnos de 16.500 centros educativos.
En la actualización del plan España 2030, la idea era que estas Escuelas Conectadas tengan acceso a redes ultrarrápidas de 100 Mbps en el año 2023. La realidad es que, por el momento, solo se han gastado 230 millones de euros en 14.500 centros y 4,6 millones de alumnos, aunque con incidencias dispares entre territorios.
Compra de equipos
Por ejemplo, a junio de 2020 la Comunidad de Madrid apenas estaba empezando su ejecución, Castilla y León tenía una implantación del 32%, Cataluña, Valencia y Cantabria no habían concluido la licitación y Aragón había desistido de participar en el programa. El proceso de implantación solo se ha completado en Galicia, Asturias, La Rioja, Murcia y Canarias.
Del mismo modo, en verano el Gobierno anunció el programa Educa en Digital, con otros 260 millones de euros en inversión para comprar hasta 500.000 equipos para los estudiantes más vulnerables. De ellos, 190 millones de euros a través de Red.es (184 millones de fondos FEDER) y 70 millones por parte de las Comunidades Autónomas.
El plan se desplegará durante el primer trimestre del curso, según el Gobierno, pero a día de hoy y a escasas semanas de que comience el colegio, los centros no saben nada de cómo se utilizará este dinero ni cuáles serán los criterios para el reparto de los fondos. De hecho, los fabricantes consultados indican que no se ha puesto en marcha todavía ninguna licitación para la compra de estos equipos, ni a nivel estatal ni autonómico.