Finalmente, el servicio de telecomunicaciones -internet y telefonía- no se sumará al 'escudo social' que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende prorrogar el próximo martes tras el Consejo de Ministros.

Según ha podido confirmar Invertia, esta posibilidad finalmente se ha caído de las propuestas que se aprobarán esta semana y que sí incluirán "la prohibición de desahucios y las subidas abusivas en el alquiler de vivienda". En esta misma línea, el Ejecutivo no tendría clara una nueva prórroga para servicios básicos como luz, agua y gas. 

El pasado 7 de julio, el Gobierno extendió hasta el 30 de septiembre la prohibición de realizar cortes de agua, electricidad y gas en los hogares. Bajo esta moratoria no se han podido realizar cortes incluso aunque conste dicha posibilidad en los contratos de suministro o acceso suscritos por los consumidores.

Unas medidas heredadas del estado de alarma, cuando en marzo el Ejecutivo lanzó una batería de medidas para proteger a los ciudadanos más vulnerables por el efecto de la pandemia.

En el caso de las telecomunicaciones, ese mismo mes el Gobierno estableció como servicio básico y de primera necesidad a las telecomunicaciones, y al igual que el agua, la luz y el gas, se prohibió que las empresas cortaran el suministro por impagos. 

Moratoria de seis meses

No obstante, el 26 de mayo, el Ejecutivo levantó esta prohibición y a cambio estableció un sistema para que quienes mantuviesen impagos con su operadora no pudiesen cambiarse de compañía y además pudiesen realizar el pago de facturas pendientes de forma flexible, fraccionada y sin intereses de demora".

Los usuarios con impagos tuvieron seis meses para ponerse al día con su operador. De esta manera, el Gobierno encontraba una solución intermedia ante el temor de muchas compañías ante la fuga masiva de clientes con impagos.

Los datos a los que ha tenido acceso Invertia hasta antes del verano, indicaban que el porcentaje de clientes del sector que se ha acogido a una moratoria va desde el 7% al 11% dependiendo de la compañía. Este dato se refería a quienes habían pedido pactar nuevas condiciones, reestructurar su deuda o simplemente habían solicitado la suspensión del pago de su cuota mensual.

Sin embargo, con el aumento de los contagios, la probable prórroga de los ERTE, las malas previsiones económicas y la apuesta del Gobierno por la digitalización, estuvo sobre la mesa incluir el servicio de telecomunicaciones a este 'escudo social'.

Pese a ello, finalmente, el Ejecutivo consideró que no eran equiparables las situaciones de los servicios de internet a los de luz, agua y gas. El primero no tiene una gran penetración en los colectivos extremadamente vulnerables a diferencia de la luz y gas, por lo que el Gobierno está buscando otras soluciones para garantizar las telecomunicaciones de todos los españoles.